Cifuentes pone a 10 funcionarios a recopilar los papeles perdidos del Campus de la Justicia

Horas y horas de trabajo. Miles de papeles, que puestos en fila ocupan ya 90 metros lineales. Incluso un buen puñado de maquetas metidas en su embalaje. Una decena de funcionarios de la Consejería de Justicia llevan desde finales de julio intentando organizar y archivar la ingente documentación que en los últimos 10 años ha generado el fallido Campus de la Justicia, la empresa pública que creó Esperanza Aguirre para reubicar todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid en un solo complejo. El consejero de Justicia, Ángel Garrido, comparece este martes en la denominada comisión de endeudamiento de la Asamblea de Madrid para explicar los pormenores, las cuentas y la letra pequeña de este fallido proyecto, que de momento, con un solo edifico terminado, ha costado ya más de 100 millones de euros.

Cristina Cifuentes quiere conocer hasta el último detalle de una polémica infraestructura que sabía que le iba a ocasionar problemas. Las cuentas no cuadran. La empresa pública Campus de la Justicia, creada en 2005 por Esperanza Aguirre, echó el cierre en 2014 con 130 millones de euros invertidos, aunque su patrimonio actual solo es de 25 millones. La labor de este grupo de funcionarios ha sido clave para que el nuevo Ejecutivo recopile toda la información y documentación de este proyecto, "que después de una década estaba desorganizada y repartida en varias sedes", explica un portavoz de Justicia.

Este equipo ha estado archivando toda la documentación técnica, administrativa y cultural que ha generado el proyecto: contratos, estudios técnicos, planos, trámites administrativos... incluso maquetas, ya embaladas y almacenadas ahora en un único edificio. "Este trabajo ha sido un instrumento de ordenación" para hacer una radiografía exacta de un proyecto que Cifuentes ha guardado en el cajón mientras se resuelven los problemas judiciales que enturbian aún mas el campus (rebautizado Ciudad de la Justicia en su última etapa). Otro objetivo es que toda la información sirva para crear un archivo accesible a la ciudadanía. Las mismas fuentes declaran que el consejero dará hoy en la comisión todas las explicaciones sobre las cuentas del proyecto.

En la anterior cita de la comisión, el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, aseguró que la Comunidad de Madrid siguió inyectando dinero en el Campus de la Justicia a pesar de que la empresa ya estaba liquidada. En concreto, el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre invirtió 8,2 millones de euros en 2012, cuando la empresa se cerró en 2011. Además, Canalda explicó que el órgano fiscalizador que él preside informó en 14 ocasiones al Gobierno regional de que las cuentas anuales del campus no se entregaban o se hacía fuera de plazo, por lo que resultaba imposible comprobar los gastos y los ingresos de un proyecto tan faraónico.

Un proyecto rebautizado y refinanciado

Tras el fracaso del Campus de la Justicia, el sucesor de Aguirre, Ignacio González, intentó relanzar el proyecto bautizándolo Ciudad de la Justicia y cambiando el sistema de inversión. Las 28 sedes judiciales repartidas por toda la comunidad (19 de ellas alquiladas) se seguirían agrupando en un solo complejo, pero el proyecto se financiaría como lo hacen los hospitales públicos, mediante una concesión de 30 años. A cambio, las adjudicatarias percibirían anualmente un canon de 45 millones de euros por 30 años. En total, 1.345 millones de euros. Es decir, una constructora levanta los inmuebles y a cambio la Administración regional le paga ese canon anual. Además, las constructoras pueden luego explotar los servicios que se dan en ese complejo: restauración, limpieza, aparcamientos... Pasado esos 30 años, la infraestructura pasa a ser de titularidad pública.

Ignacio González adjudicó el proyecto a la UTE formada por Acciona y OHL, pero Cristina Cifuentes suspendió en julio este concurso porque no se había resuelto el anterior, el del Campus de la Justicia. Una de las empresas adjudicatarias del campus, Isolux-Corviam, recurrió por la vía administrativa el cierre del proyecto. Isolux-Corviam resultó adjudicataria del estudio de seguridad y de la dirección facultativa del edificio de los juzgados de lo Social y Mercantil, que nunca se construyó. Mientras se resuelve su denuncia, el proyecto está paralizado, 10 años después de que se presentara y tras una inversión de 130 millones de euros que solo ha dejado un edificio construido, el Insituto de Medicina Legal.