Abono más barato, comedores, viviendas sociales: la 'carrera' de Cifuentes y Carmena

A punto de cumplirse los primeros 100 días de gestión, los gobiernos municipal y autonómico están sumidos en una carrera para apuntarse los tantos en materia de comedores escolares, transporte público, vivienda social o racionalización de sueldos. Las fricciones ideológicas son evidentes y dificultan las negociaciones para desarrollar planes conjuntos, a pesar de que en ocasiones llegar a acuerdos entre Consistorio y Comunidad es necesario para su aplicación. Pero las diferencias de signo ideológico van acompañadas de una pelea aún más subterránea: la comunicativa. Remarcar quién lleva la iniciativa o quién coloca los palos en el camino del otro adquiere cada vez más relevancia, incluso defendiendo intereses partidistas en contra del beneficio social.

La última de las batallas libradas en la 'guerra social' de Madrid ha sido la del transporte público. Ayuntamiento y Comunidad se sientan juntos en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), aunque la institución autonómica tiene mayor peso en el consejo de administración. Este lunes Cristina Cifuentes se colgó la medalla anunciando la materialización de una de sus promeras electorales. A partir de octubre pondrá en marcha la nueva tarifa plana de 20 euros al mes para el abono transporte joven, independientemente de la zona (incluye desde la A hasta la C2 y las E1 y E2 de Castilla La-Macha). Además, la edad de los beneficiarios se amplía desde los 23 a los 26 años. Según los datos que maneja la Comunidad, afectará a más de 550.000 familias y supondrá un ahorro que oscila entre el 43% y el 80% en los casos más extremos.

Por su parte, la edil de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Inés Sabanés, propuso la creación de un billete intermodal de al menos 10 viajes, que permita pagar al ciudadano por viaje realizado y no por el número de medios de transportes que se utilicen para llegar al destino final. Sin embargo, para implantar esta medida es imprescindible el acuerdo entre ambas administraciones, ya que la gestión de los autobuses urbanos es competencia de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), mientras que la gestión del metro y el cercanías recaen en el CRTM. De manera que los planes de Sabanés en materia de movilidad y transporte público dependen del acuerdo marco que alcancen EMT y CRTM, tanto para determinar la participación de los representantes políticos del Ayuntamiento en este organismo como para desarrollar propuestas concretas. La puesta en marcha de iniciativas relacionadas con la protección medioambiental y la reducción de la contaminación en Madrid también está abocada a un acuerdo integral entre ambas partes.

Comedores sociales

Ya en el arranque de la legislatura, Manuela Carmena y Cristina Cifuentes protagonizaron una de sus mayores 'broncas políticas' por los comedores sociales. Las dos regidoras se criticaron mutuamente ante lo que consideraban "una falta de colaboración absoluta" para abrir los centros en los meses de verano. En el caso de la alcaldesa, desde su llegada al Palacio de Cibeles insistió en que uno de los principales ejes de su gestión sería acabar con la malnutrición infantil en la capital. Una vez abierto el melón de los comedores, Carmena reconoció que no podría implementar la medida este verano por falta de tiempo, pero anunció una inversión de 400.000 euros a su servicio de cátering a domicilio para garantizar las comidas a todos los niños de la capital. Pocos días después, Cifuentes lanzó su ofensiva y terminó por abrir institutos propios para habilitar comedores escolares en distritos madrileños como Usera, Puente de Vallecas y Carabanchel, donde se detectaron las mayores carencias. En todo caso, cada mandataria vendió como propia su iniciativa considerando un éxito el resultado.

Viviendas sociales y Ley del Suelo

Las viviendas sociales han sido otro de los grandes objetos de la particular carrera, más allá de la ideología. Garantizar una vivienda digna y evitar los desahucios en la ciudad es la otra gran bandera de Ahora Madrid. De hecho, en los primeros días de junio Carmena se reunió con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y en las semanas posteriores lo hizo con representantes de otras entidades bancarias. El objetivo final era negociar la cesión temporal de viviendas a coste cero, para conseguir una alternativa habitacional a personas desahuciadas o en riesgo de exclusión social. De hecho, el grueso de viviendas en negociación se encuentra en barrios donde la tasa de lanzamiento hipotecario es más elevada, y que en su mayoría, no consiguen alquilarse ni venderse.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad siguió la estela de Carmena y se reunió con Goirigolzarri semanas más tarde. Sin embargo, si la alcaldesa desechó el modelo de parque de viviendas y se decidió por negociar la cesión; Cifuentes apostó por lo contrario. En estos momentos, la institución autonómica trabaja para conocer cuántas viviendas vacías posee la entidad y qué vías existen para ponerlas a su disposición para que la Comunidad las ofrezca en régimen de alquiler.

La idea es que existan dos destinatarios: por un lado personas desahuciadas a las que se ofrecerían viviendas de forma temporal pero inmediata y, por el otro, personas que se encuentren en una situación sobrevenida, como que hayan perdido su trabajo o tengan cargas familiares. Cifuentes pretende que el parque social de viviendas autonómico se componga de pisos propiedad de la Comunidad y de las viviendas que se puedan conveniar con los bancos. Incluso el Ministerio de Economía parece haberse unido a esta batalla, ya que hace pocos días anunció que ampliará su Fondo Social de Vivienda en 3.000 pisos, con lo que en total serán 9.000 las viviendas que estarán adscritas a este plan, según el acuerdo que ultima el departamento dirigido por Luis de Guindos con las entidades financieras.

Precisamente, otro de los asuntos que tienen entre manos Ayuntamiento y Comunidad y para lo que deberán encontrar un consenso es la nueva Ley del Suelo, cuya redacción depende de ambas instituciones. La primera reunión entre el consejero regional de Medio Ambiente, Jaime González Taboada y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Consistorio, José Manuel Calvo tuvo lugar este mismo lunes y acordaron la creación de una comisión técnica bilateral, en la que a partir de ahora se verán las caras una vez al mes para abordar los temas que afecten a la capital.

Crisis de los refugiados

La crisis humanitaria en Siria e Irak que está provocando oleadas de inmigrantes en Europa que huyen de la guerra en sus países, también ha hecho reaccionar a los gobiernos de Madrid. El Ayuntamiento, que luce un pancarta de ocho metros de largo con la leyenda 'Refugees Welcome' (bienvenidos refugiados), se unió a la red de ciudades-refugio impulsada por Ada Colau, para acoger a inmigrantes y demandantes de asilo. La Comunidad por su parte, inaugura este martes la oficina madrileña de refugiados, integrada por el Ejecutivo regional y representantes de distintas ONG's, y que ya ha empezado a trabajar para organizar y prever la próxima llegada de refugiados.

Caso Ifema

La carrera por acaparar medallas incluso disipa las propias diferencias ideológicas. El 'caso Ifema' es paradigmático en este sentido. Tanto Cifuentes como Carmena habían acordado suprimir los sueldos de los altos cargos del recinto ferial, pero fue el Ayuntamiento quien se 'anotó' el tanto al comunicar primero que el nuevo presidente Luis Cueto, renunciaba a recibir una retribución específica por gestionar Ifema. Además, el Consistorio, que instó al resto de instituciones del consorcio; entre ellas la Comunidad; a sumarse a su iniciativa, aprovechó para publicar por primera vez las retribuciones 'sacando pecho' por su decisión: José María Álvarez del Manzano, antecesor de Cueto en el cargo, se embolsaba 120.000 euros al año por presidir el recinto ferial.

El Gobierno autonómico reaccionó con rapidez y comunicó públicamente una iniciativa que, según fuentes de la Comunidad, habían puesto en marcha esa misma mañana cuando convocó vía e-mail a todos los integrantes del consorcio el día 18 de agosto para proponerles un cambio en los estatutos de Ifema, y garantizar "una gestión más simple" del recinto ferial. Pese a todo, el Ayuntamiento se adelantó.