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Las CCAA elevan al menos en un millar las plazas de acogida que ofrece España
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la cuota española: 2.739 refugiados

Las CCAA elevan al menos en un millar las plazas de acogida que ofrece España

A la espera de lo que se decida el lunes en la comisión interministerial que liderará la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, algunas regiones han concretado sus primeras ofertas

Foto: La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y el vicepresidente de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra. (EFE)
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y el vicepresidente de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra. (EFE)

La solidaridad de las comunidades autónomas y las ciudades españolas con el drama de los refugiados le ha tomado la delantera a la política de Estado. Empujadas por el horror que despertó la foto del niño Aylan Kurdi y por otras imágenes que retratan una situación insostenible en las fronteras europeas, esta semana comenzaron a ver la luz las primeras iniciativas, antes de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara este viernes que la solución pasa por una comisión interministerial que liderará ella misma a partir del lunes.

El plan pionero fue el de la "red de ciudades refugio" fundada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que recibió el respaldo de su colega madrileña, Manuela Carmena. Y de inmediato arrancó una lluvia de ofrecimientos desde comunidades autónomas y provincias, unas más aventuradas que otras, porque aunque hubo algunas que concretaron cuántas plazas tienen disponibilidad de ofrecer al Gobierno, otras optaron por la cautela y esperar a que el Ejecutivo asigne las cuotas de cada región o a que los vecinos dispuestos a ayudar fijen las plazas que abren en sus domicilios.

De acuerdo con las cifras de las primeras propuestas, las comunidades autónomas podrían sumar alrededor de 900 plazas de acogida a la cuota aceptada por el Gobierno de Mariano Rajoy, de 2.739 refugiados, que según ha afirmado es susceptible de aumentar, en tanto que también el Ejecutivo europeo podría sumar otras 120.000 plazas a las 32.200 que acordó ofrecer en julio ante el aumento de las llegadas en las últimas semanas. La cuota extra, entonces, puede crecer. También el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, advirtió de que debe haber una "política integral en el conjunto de la UE" que asimismo provenga de estrategias de Estado. "Convirtiendo toda España en ciudades refugio" no se solucionaría "el problema", indicó el ministro.

CCAA que ofrecen albergues

Entre las comunidades que se han animado a ofrecer en firme plazas de acogida se encuentran la Xunta de Galicia con 300, de las que al menos 150 pueden corresponder a la Diputación de A Coruña, que puso a disposición el colegio Calvo Sotelo, y la Comunidad Valenciana, que ha ofertado el mismo número de alojamientos en su red de albergues, así como 620.000 euros. También Cantabria ha despejado el circuito público de hospedajes para dar cabida a 200 refugiados y ha comprometido 60.000 euros para atender a 500 familias sirias en el Líbano con tiendas de campaña, mantas, colchonetas y hornillos.

La Diputación de Gipuzkoa ha abierto 80 plazas en los albergues de Zarautz y Hondarribia más las que ofrezcan los ciudadanos en un número de teléfono específico que ya ha empezado a funcionar. Mientras, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado que su región debería acoger al 2,4 o 2,5% del total de refugiados que sean asignados a España. Otras regiones se han mostrado dispuestas a cerrar aportes económicos, al tiempo que Asturias ha cifrado en 70.000 euros su ayuda de emergencia al comité español de ACNUR y Carmena -que se ha privado de cerrar cuotas y se ceñirá a los "criterios" del Gobierno- pondrá a disposición de la causa hasta 10 millones de euros.

Iniciativas concretas

Colau, la madre de la "red de ciudades refugio", impulsará en Barcelona un registro para familias interesadas en ayudar a los refugiados de distintas maneras, incluido el alojamiento, al igual que Badajoz y Navarra, que han abierto una bolsa de iniciativas. Castilla-La Mancha, por su parte, ha ido más allá y ha conformado una red de ayuntamientos y entornos rurales y despoblados dispuestos a acoger y hasta engrosar sus padrones.

Otras ciudades y comunidades que han trasladado su solidaridad a los refugiados y se han puesto a disposición de las plazas que asigne el Gobierno son La Rioja, Cáceres, Jaén, Vigo, Andalucía, Aragón, Vitoria, San Sebastián, Castilla y León, Zaragoza, Canarias, Palma de Mallorca, Eibar y Málaga. Sólo Ceuta ha descartado convertirse en una "ciudad refugio" al argumentar que ya es una "ciudad solidaria" como puerta de entrada de inmigrantes a Europa desde Marruecos.

Oposición y sociedad civil

La oposición, sobre todo desde el PSOE y Ciudadanos, se ha hecho eco de la tardía respuesta del Gobierno, pero desde el gabinete de Rajoy se ha reivindicado un extenso trabajo en esta materia. Así, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha subrayado que España ha recibido este año y tramita 17.000 peticiones de asilo, de las que 3.500 han sido cursadas por refugiados sirios en la frontera de Melilla.

También la Iglesia y las ONG han reivindicado un papel con más protagonismo en la respuesta a esta crítica situación humanitaria, y mientras que la Conferencia Episcopal ha abierto sus centros de acogida a los refugiados sirios, la Red Española de Inmigración han pedido a la vicepresidenta un espacio en la negociación a "las entidades del tercer sector en representación suficiente para que quienes en gran medida serán los actores finales de las políticas del Gobierno puedan ser escuchados desde el principio".

La solidaridad de las comunidades autónomas y las ciudades españolas con el drama de los refugiados le ha tomado la delantera a la política de Estado. Empujadas por el horror que despertó la foto del niño Aylan Kurdi y por otras imágenes que retratan una situación insostenible en las fronteras europeas, esta semana comenzaron a ver la luz las primeras iniciativas, antes de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara este viernes que la solución pasa por una comisión interministerial que liderará ella misma a partir del lunes.

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