Carmena se retira de la batalla con los fondos para revertir la venta de viviendas públicas

“Difícilmente revertible”. La portavoz municipal, Rita Maestre, ha admitido las dificultades que está encontrando el equipo jurídico del Ayuntamiento para revertir la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013. Esta operación fue puesta en tela de juicio en varias ocasiones por la alcaldesa Manuela Carmena, al entender que “no fue legítima ni se ajusta a derecho”, y varios miembros de su gobierno han vinculado el aumento de los desahucios a la venta de estas viviendas, cuya reversión era una de las promesas electorales de Ahora Madrid.

El gobierno municipal no esconde que “cuesta revertir la venta en la medida en que se ha producido ya”, y aunque “se siguen valorando formas jurídicas para hacerlo”, los esfuerzos se centran en buscar alternativas para crear un parque público de viviendas. Los expertos legales consultados por este medio coinciden en que "para que proceda la reversión en la venta citada, sería necesario que previamente, en contrato, se hubiese recogido expresamente una cláusula de reversión". Una encrucijada legal por la que se tendría que recurrir a los tribunales, demorándose el proceso más allá, incluso, del tiempo de su mandato. Condicionantes todos ellos que han llevado al gobierno municipal a abandonar estas aspiraciones.

Las líneas de trabajo para garantizar una alternativa habitacional a personas desahuciadas y en riesgo de exclusión social pasan por crear un parque con viviendas cedidas por los bancos de manera gratuita y temporal. Los acuerdos están prácticamente cerrados, y aunque todavía se negocia con más entidades para que se sumen a este fondo de viviendas, solo falta por perfilar algunas de las condiciones de dicha cesión. La oferta puesta sobre la mesa por la mayoría de grandes entidades tras varias semanas de negociación con la edil de Derechos Sociales, Marta Higueras, contempla que el Ayuntamiento tenga capacidad para gestionarlos durante los cuatro años de legislatura.

Como explicó la portavoz municipal al término de la Junta de Gobierno, también se están evaluando y estudiando otras posibilidades para crear viviendas públicas en suelo municipal. Garantizar una alternativa habitacional ante una ejecución hipotecaria es la principal prioridad, aunque Maestre remarcó que la lucha contra los desahucios pasa por evitar que se llegue a este extremo: “Con la puesta en marcha de la Oficina de Intermediación Hipotecaria tratamos de tramitar estos casos antes de que se judicialicen, y como instancia mediadora entre bancos y afectados está solucionando muchos de estos problemas”.

Para el concejal del distrito de Vallecas, Francisco Pérez, la asociación entre los desahucios y la venta de estas viviendas públicas al fondo Blackstone-Real Magic State, que actualmente tiene depositados estos inmuebles en la socimi Fidere, es clara. “Tenemos el problema de que en el Ensanche de Vallecas cerca de 2.000 viviendas de la EMV, pero también del IVIMA, fueron vendidas a fondos de inversión. Por tanto, mucha gente ha visto alteradas de forma sustancial las condiciones económicas de sus alquileres, circunstancia que ha provocado un notable incremento de los lanzamientos por impago”, explica el edil de Ahora Madrid.

Más impuestos a oficinas o centros comerciales

El área de gobierno de Economía y Haciendo, que dirige Carlos Sánchez Mato, prepara también una subida del IBI correspondiente a los usos no residenciales, que compensará la bajada generalizada del IBI residencial. Se prevé que el gravamen diferenciado aumentará en el caso de inmuebles que superan determinados valores catastrales, todavía por determinar. Entre ellos están incluidos centros comerciales, oficinas, locales comerciales e industriales o garajes de vehículos, así como guarderías, colegios, residencias y hospitales privados.

Para el concejal de Vallecas Francisco Pérez, la asociación entre los desahucios y la venta de estas viviendas al fondo Blackstone-Magic State es clara

El objetivo de Ahora Madrid, que desgranará la iniciativa las próximas semanas, pasa por desarrollar “una estructura fiscal más progresiva” en la medida de las competencias municipales, según subrayó Maestre. La máxima del equipo de Gobierno pasa porque “paguen más los que más tienen”, mientras que se rebaja la presión fiscal del IBI sobre el resto “de forma sustancial”. Dado que el Ayuntamiento no tiene la competencia legislativa como para imponer un tipo de tributación progresiva, se incluirán mecanismos que permitan revertir la regresividad.

La nueva estructura fiscal diseñada por el Ayuntamiento se centrará en el IBI, y de momento no se contemplan otras medidas para transitar hacia una fiscalidad progresiva por nivel de renta. Tampoco está previsto “imponer tasas que penalicen la acumulación de vivienda con fines especulativos, en manos de grandes empresas, inmobiliarias y entidades financieras”, otra de las medidas incluidas en el programa de Ahora Madrid.