Carmena pone el punto de mira en los fondos de inversión que compraron vivienda social

“La máxima es asegurar una alternativa habitacional” a las personas que sean desahuciadas y para ello, aseguran desde el equipo de Manuela Carmena, se analizarán con lupa los contratos de venta de vivienda municipal a fondos de inversión con el objetivo de revertirlos. La paralización de los desahucios o, en caso de imposibilidad jurídica, el realojo, es una de las cinco medidas de choque que Ahora Madrid llevaba en su programa con la promesa de implantar en menos de cien días. La primera opción para ejecutar esta medida, que pasaba por negociar con Bankia y la Sareb la compra de viviendas vacías, se ha descartado por su inviabilidad en un corto periodo de tiempo. Ahora, el 'plan B' pasa por negociar con los tenedores de viviendas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), Goldman Sachs y Blackstone.

Para Carmena, las operaciones de venta de estos activos no fueron legítimas ni conforme a derecho, por lo que entiende que existe la posibilidad de revertir o rescindir los contratos judicialmente. Como ya apuntó en una entrevista televisiva el pasado domingo, la venta de viviendas de la EMVS “hagenerado una situación de injusticia tremenda para sus inquilinos, que podían haber comprado esa vivienda social al mismo precio que los 'fondos buitre' y no tuvieron esa posibilidad”. La polémica operación de pisos de protección oficial que llevó a cabo el PP en 2013, adjudicando un lote de 1.800 viviendas de la EMVS a Blackstone por cerca de 120 millones de euros, se justificó por una auditoría de PWC que destacaba el endeudamiento insostenible de la empresa municipal.

El director de inversiones de Azora Capital SL, la gestora que trabaja con Goldman Sachs, ya señaló recientementeque “todas las declaraciones polémicas sobre alquiler de viviendas sociales y los desalojos están creando cierta incertidumbre que realmente está perjudicando la inversión en esta industria naciente". Las firmas de capital riesgo también han advertido en este sentido que la inseguridad jurídica podría dejar en cuarentena las inversiones.

La pretensión del equipo liderado por Carmena pasa por llegar a acuerdos mediante una negociación. En este sentido también continuará la ronda de contactos con entidades bancarias para que parte de sus activos inmobiliarios puedan ser gestionados por el Ayuntamiento con el objetivo de establecer un alquiler social sobre las viviendas, que pagarían las familias y sobre el que existiría la posibilidad de ayudas municipales o facilitar una financiación blanda.

Las declaraciones de la vicealcaldesa Marta Higueras, al frente de la superconcejalía de Derechos Sociales, en la que se incluye también el área de Vivienda, reconociendo que el consistorio no tiene capacidad suficiente para paralizar los desahucios, por lo que su compromiso se centrará en garantizar una alternativa habitacional, ha generado rechazo entre las plataformas de afectados por la vivienda. Una de las portavoces de la Asamblea de Vivienda Centro recalca que “está bien que haya alternativas habitaciones, pero para nosotros lo más importante y lo que llevamos reclamando desde siempre es que se paralicen los desahucios que son injustos, más allá de realojar”.

​Plan económico

Para la activista por la vivienda digna “el Ayuntamiento tiene que mediar y negociar como hacemos desde la PAH y la sociedad civil con los bancos, lo cual es 100% legal y nosotros tenemos claro que vamos a seguir haciéndolo. Espero que el Ayuntamiento nos ayude en esta tarea, además de buscar alternativas habitacionales, que debería quedarse sólo como última opción, pero no como una solución en sí misma”.

Junto a la paralización de los desahucios, las otras medidas que Ahora Madrid prometió desarrollar en un plazo máximo de 100 días consisten en detener la privatización de los servicios públicos, garantizar los suministros básicos (luz y agua) a todos los hogares que no puedan pagarlos, así como el acceso a las prestaciones sanitarias municipales y a las acciones municipales de prevención y promoción de la salud a todas las personas, y desarrollar un plan urgente para la inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración.

El nuevo equipo de Gobierno cuenta ya con una memoria fiscal sobre el coste de implantación de estas medidas, pero la complementará con una auditoría que están llevando a cabo en todos los departamentos municipales. En un plazo máximo de dos semanas esperan completar estas tareas y presentar un plan económico completo.