Federico Trillo podría ser destituido el martes si prospera la moción del PSOE

Federico Trillo podría tener las horas contadas como embajador de España en Reino Unido si el prospera la moción que este martes se debatirá y votará en el pleno del Congreso.

Después de que la consultoría de Trillo ingresara durante los años en los que el dirigente popular ocupó un escaño en el Congreso como miembro de la oposición 4,5 millones de euros de una trama corrupta vinculada en la concesión de parques eólicos en Castilla y León, el Grupo Socialista ha registrado este jueves una moción consecuencia de una interpelación en el Congreso en la que insta al Gobierno a acordar el “cese inmediato” del embajador de España en el Reino Unido.

Según recoge la iniciativa, los socialistas piden un acuerdo que promueva “la modificaciones normativas necesaria para disponer y hacer efectivo el principio de dedicación exclusiva de los miembros de las Cámaras a sus tareas de representación política”. Para ello, insta a impulsar “la aplicación del régimen de incompatibilidades establecido en la ley electoral”.

En este sentido, la moción indica que solo podrán ser susceptibles de compatibilidad “las actividades privadas relativas a la mera administración del patrimonio y la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, y las publicaciones derivadas de ellas, así como -siempre que no se perciba remuneración- la pertenencia a órganos directivos o de representación de partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, la colaboración en actividades docentes, o la participación en conferencias, seminarios y actividades análogas o la colaboración en medios de comunicación".

Para ello, el Grupo Socialista ve necesario ampliar las funciones de la Comisión del Estatuto del Diputado, de manera que pueda comprobar la veracidad de las declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales de los diputados.

Por otra parte, los socialistas instan al Gobierno a impulsar una regulación “más estricta y transparente” del régimen de prevención de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado que “contemple la publicación periódica de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, cada uno de ellos deberá abstenerse durante su mandato para evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades".

Finalmente, la iniciativa exige el "cumplimiento inmediato" de la Ley de Transparencia, en lo referido a la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.