Botella y Aguirre prometen ahora acabar con los familiares enchufados en Madrid

A dos meses de las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Madridprohíbe contratar a familiares directos de los concejales que formen parte de la Corporación municipal para cargos eventuales. El Partido Popular cuenta con 162 asesores colocados ‘a dedo’ entre ayuntamiento, juntas de distrito y otros órganos municipales. Sin embargo, la Comisión de Economía y Hacienda aprobó este martes la modificación del Reglamento de Ordenación del Personal para evitar que los puestos de confianza se ocupen con familiares directos de hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

Esta medida tan populista choca frontalmente con la práctica habitual con la que se cubren estos puestos de libre designación. El último colocado se destapó esta misma semana, cuando el PP ubicó en un puesto de libre designación en el Grupo Parlamentario municipal a Emilio García Grande, hasta el 26 de febrero número dos en la estructura de Seguridadimputado por el juez en el ‘caso Nicolás’. Con el nuevo reglamento en la mano, los casos como el de este político vinculado al distrito de Chamartín no estarían vetados, ya que sólo afectaría a familiares directos y no a la relación de amistad que el concejal mantenga con otro compañero de filas.

La todavía alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció este cambio de legislación tras el revuelo que se produjo cuando se dio a conocer que la concejal del distrito de Ciudad Lineal, Elena Sánchez Gallar, había contratadoa su nuera como asesora. No es el único caso aireado públicamente. Cristina Aguirre, hermana de la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, trabaja como asesora de la concejala del distrito de Hortaleza, Almudena Maíllo, que fue a su vez y en su día asesora de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El sueldo de la hermana de Esperanza Aguirre alcanza los 46.625 euros, aproximadamente la mitad que el de un concejal. Un puesto del que se tendrá que despedir cuando su hermana consiga el acta de concejal pasadas las elecciones del 24 de mayo. En la Junta Municipal de Arganzuela, con un sueldo de 42.776 euros al año y como asesor técnico, trabaja la nuera de la concejal presidenta del distrito, Carmen Rodríguez Flores, casada con José María Montesinos García-Mesa.

El PSOE también coloca

El PSOE, que no dirige ninguno de los distritos, apenas tiene capacidad para designar a su equipo de confianza, pero no por ello es ejemplo de menores prácticas ni de menos endogamia. El caso más llamativo es el de Susana Martínez Espinosa, que ocupa un puesto de libre designación como administrativa en el grupo municipal socialista. Susana es la hermana de la concejala Noelia Martínez Espinosa, secretaria de Migración y Cooperación del PSM de Tomás Gómez.

En otros casos, los puestos de confianza han sido utilizados por PP o PSOE para premiar lealtades o cobijar a empleados o familiares de otros compañeros de partido ajenos a la corporación municipal. Gabriela González de Castejón, hija de la diputada nacional y portavoz adjunta del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, desempeña el cargo de consejera técnica en el distrito de Retiro a razón de otros 50.434 euros. Juan Francisco Iniesta, expresidente de Nuevas Generaciones de Chamartín, trabaja como asesor en ese mismo distrito, exactamente la misma situación que la del presidente de Nuevas Generaciones de Fuencarral. María Prado Bodas González, asesora en el distrito de Moncloa, está casada con el concejal del distrito de Usera, Jesús Moreno.

La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, tiene a su hijo John Medcalf trabajando como asesor en el grupo municipal del PP con otros tantos nombres vinculados a la familia popular. El hijo de Rodríguez comparte despacho con Adela Ruiz García, exmujer de Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas; Francisco Jiménez Becerril, hijo del concejal del PP asesinado por ETA; Begoña Lucas López, hija del vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, Alejandra Serrano, hija del diputado Tomás Serrano o Ángel Carromero.

Pablo Morillo Casals, exdiputado por el PP en la Asamblea de Madrid, recaló como asesor tras no renovar su escaño en la Cámara autonómica. Juan Carlos Jiménez Franco, exjefe de protocolo de Alberto Ruiz-Gallardón, encontró acomodo como asesor técnico cuando el exalcalde fue llamado para dirigir el ministerio de Justicia, al igual que otro de los exmiembros del gabinete del alcalde, Jaime Fraile.