El juicio por los 'pinchazos' del tamayazo irrumpe en plena precampaña en Madrid
Empleados de Telefónica pincharon los móviles de los protagonistas días antes de que estallara el incidente. Los cruces de llamadas sugerían que el caso escondía intereses económicos y partidistas
Doce años después del terremoto político que hizo tambalear las estructuras democráticas de Madrid, los nombres de Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez, José Luis Balbás, José Esteban Verdes o Francisco Bravo Vázquez vuelven a la palestra pública. Todos ellos acusan ahora a dos empleados de Telefónica de filtrar las llamadas que cruzaron entre sí los mencionados protagonistas durante los días previos al 'tamayazo' y que sugerían intereses monetarios y partidistas detrás de la decisión de los dos diputados regionales (Tamayo y Sáez) de ausentarse de la votación de la Asamblea, incidente que costó la presidencia a Rafael Simancas en beneficio de Esperanza Aguirre.
Tras el episodio, dos medios de comunicación –El Mundo e Interviú– publicaron las llamadas telefónicas que cruzaron los días previos a la crisis los diputados rebeldes con el empresario Francisco Bravo Vázquez y el abogado José Esteban Verdes, que insinuaban la existencia de intereses económicos y políticos detrás del 'tamayazo'. El diario aseguraba el 30 de junio –20 días después de la polémica votación– que, de la secuencia de llamadas, se desprendía que Esteban Verdes “hizo de intermediario entre Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid (por aquel entonces), y Tamayo durante las 48 horas anteriores al 10 de junio”, día en que el diputado decidió abandonar el hemiciclo regional.
La relación entre el diputado regional y Esteban Verdes, que además era por aquel entonces novio de la concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Paloma García Romero, persona de confianza del entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, quien durante unos días asumió el cargo de presidente en funciones de la comunidad autónoma para solventar la situación de crisis, sugería una suerte de complot dirigido por el PP para desbancar a Simancas de un asiento que nunca llegó a ocupar.
Interviú, por su parte, publicó el 16 de junio que Tamayo y el constructor Bravo Vázquez, consejero delegado del grupo inmobiliario Euroholding, mantuvieron contacto frecuente antes de las elecciones del 25 de mayo que dieron lugar a la polémica votación parlamentaria. El semanario contaba también los cruces de llamadas que se produjeron entre el diputado regional y José Luis Balbás, entonces líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, a la que pertenecían Tamayo y Sáez.
La información publicada por Interviú apuntaba a una supuesta trama de oscuros intereses económicos, pues Bravo Vázquez era propietario del grupo Euroholding, que gestiona medio centenar de sociedades dedicadas al juego y a la construcción.
El motivo real que llevó a Tamayo y Sáez aún continúa siendo un misterio –por más que los propios protagonistas apuntaron a móviles meramente políticos, que tenían la intención de protestar contra los pactos que estaban acordando el PSOE e IU– sobre el que podría arrojar algo de luz el juicio que se celebrará en los próximos días en Madrid contra los dos empleados de Telefónica Móviles a los que la Fiscalía acusa de filtrar los cruces de llamadas que tuvieron lugar durante los días previos y posteriores al 'tamayazo' entre los protagonistas de aquella crisis política que dejó alucinados a los madrileños.
El Ministerio Público asegura desconocer la identidad de quienes ordenaron los pinchazos a los dos exempleados de la compañía telefónica, aunque admite con determinación en su escrito de acusación que estos últimos actuaron “de común acuerdo y en concierto con terceras personas”.
La Fiscalía entiende que los dos acusados, Álvaro S. C. y Alberto M. L., aprovechando que el primero tenía un alto nivel de acceso a las bases de información de Telefónica desconocido por sus superiores, “consultaron los datos de determinados clientes de la compañía” que no tenían nada que ver con los usuarios que tenían asignados por su trabajo como gestores comerciales.
En concreto, ambos procesados accedieron a las llamadas efectuadas por Eduardo Tamayo entre el 1 de mayo y el 11 de junio de 2003; a las realizadas por Romero de Tejada entre el 1 y el 31 de mayo; a las que hizo José Esteban Verdes del 1 de mayo al 26 de junio; a las de Bravo Vázquez entre el 1 de mayo y el 18 de junio; y a las de Balbás entre el 1 de mayo y el 11 de junio. Luego, continúa la Fiscalía, “cedieron la información obtenida a terceros no identificados” y días después esta apareció reflejada en las mencionadas publicaciones.
El Ministerio Público solicita cuatro años de prisión para cada uno de los empleados de Telefónica por considerar que incurrieron en un delito de revelación de secretos y otro de descubrimiento.
El 'tamayazo' provocó una crisis política en Madrid de una magnitud desconocida hasta ese momento en la comunidad autónoma. Los diputados de la Asamblea regional Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez se ausentaron de la votación para elegir al presidente de la cámara que se celebró el 10 de junio de 2003, lo que provocó que saliera elegida la popular Concepción Dancausa. El incidente desembocó en una repetición de las elecciones autonómicas que alzó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad y condenó al que había sido elegido en primera instancia, Rafael Simancas, a un eterno olvido.
Doce años después del terremoto político que hizo tambalear las estructuras democráticas de Madrid, los nombres de Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez, José Luis Balbás, José Esteban Verdes o Francisco Bravo Vázquez vuelven a la palestra pública. Todos ellos acusan ahora a dos empleados de Telefónica de filtrar las llamadas que cruzaron entre sí los mencionados protagonistas durante los días previos al 'tamayazo' y que sugerían intereses monetarios y partidistas detrás de la decisión de los dos diputados regionales (Tamayo y Sáez) de ausentarse de la votación de la Asamblea, incidente que costó la presidencia a Rafael Simancas en beneficio de Esperanza Aguirre.
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