garcía grande, primera víctima política

El 'pequeño Nicolás' tiene un gran problema: Montoro facilitará al juez sus cuentas

El juez pide a la Agencia Tributaria que le facilite toda la información que tenga sobre el joven desde 2012. También exige que se rastreen sus cuentas y posibles productos financieros a su nombre

Foto: El 'pequeño Nicolás' en una de sus visitas al juzgado. (EFE)
El 'pequeño Nicolás' en una de sus visitas al juzgado. (EFE)

La investigación sobre el ‘pequeño Nicolás' puede tomar un tinte más serio del que ha tratado de explotar hasta ahora el presunto estafador. El juez que instruye el caso Nicolas, Arturo Zamarriego, ha solicitado a la Agencia Tributaria, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, que rastree toda la información “obrante en sus bases de datos desde el año 2012” sobre el principal acusado en este procedimiento, Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

El instructor también ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social que remita al juzgado toda la información que tenga sobre el joven guardada en sus archivos a partir de ese mismo año. El juez trata de averiguar desde el inicio del procedimiento el pasado mes de octubre si el pequeño Nicolás cobró alguna comisión por ejercer de lobbista entre empresarios y políticos, quién se las habría abonado y exactamente a cambio de qué servicios.

Pero las consultas a estos organismos oficiales tramitadas mediante una providencia emitida este miércoles también van a permitirle al juez aclarar si el joven cumplió con sus obligaciones laborales y fiscales durante la supuesta prestación de esas labores de intermediación y asesoría.

Como reveló El Confidencial, el joven habría actuado como director de Relaciones Institucionales para al menos tres empresas distintas: dos constructoras y un fabricante de sistema de seguridad. También hizo uso durante un año de un chalé en el exclusivo barrio de El Viso de Madrid por el que una compañía abonó 5.100 euros más IVA mensuales. Asimismo, la investigación ha permitido demostrar que el joven cobró 25.000 euros que luego acabó devolviendo por unas presuntas gestiones de intermediación para la venta de una finca en Toledo y las comunicaciones que se le intervinieron en el curso de las pesquisas apuntan a que el chico pudo pagar a dos policías municipales, un guardia civil y una policía nacional a cambio de diferentes favores.

El juez espera que el organismo dependiente de Montoro, así como la Tesorería General de la Seguridad Social, encuadrada en el Ministerio de Empleo, aporten los datos que hayan dejado en sus archivos esas presuntas operaciones. De no aparecer rastro alguno de esos movimientos, como todo parece indicar, el pequeño Nicolás podría enfrentarse a infracciones fiscales y laborales. De hecho, la Policía Nacional ya comprobó antes de detener al muchacho el pasado 14 de octubre que nunca había cotizado a la Seguridad Social, a pesar de su intensa actividad laboral.

Estas gestiones pueden ser cruciales para la evolución del caso. El pequeño Nicolás se arriesga a sumar un nuevo delito a los tres por los que ya está imputado. Si se desprende de las pesquisas que llegó a ingresar por sus supuestos servicios de intermediación más de 120.000 euros que luego no fueron declarados correctamente a Hacienda, el joven se expondría a una cuarta acusación por delito fiscal. Sólo en concepto del chalé que utilizó como vivienda durante un año habría percibido un total de 61.200 euros.

El chico ha sido durante más de cuatro meses el único imputado en la causa. Sin embargo, el juez ha dado esta semana un paso de gigante en la instrucción con su decisión de encausar a otras cinco personas implicadas en la presunta trama de corrupción: Emilio García Grande, responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que renunció a su puesto nada más conocer su imputación; dos subordinados suyos, Felipe Gallego Santos y Jorge González Hormigos, policías municipales que simulaban ser los chóferes particulares del fantasioso adolescente; Javier Sánchez López, un cabo de la Guardia Real que pudo ayudar al chaval a colarse en la coronación de los Reyes y Oliva Peñas, una funcionaria que podría haber ayudado al joven a falsificar su DNI.

Además de las peticiones a Hacienda y a la Seguridad Social, Zamarriego también ha reclamado a la Asociación Española de Banca Privada y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito que “localicen todas las cuentas y productos financieros” de los que disponga el ‘pequeño Nicolás’. Asimismo, ha decidido investigar todas las comunicaciones que los seis imputados por ahora habrían mantenido entre sí solicitando a la compañía Movistar que aporte al juzgado todos los datos que tenga sobre sus respectivos teléfonos móviles.

Los cinco nuevos imputados en el caso Nicolay declararán ante el magistrado los próximos 17 y 24 de abril. Zamarriego ya había convocado en dos ocasiones al principal investigado, pero este se negó a declarar alegando que se mantenía el secreto sobre una parte de las actuaciones y que, por tanto, desconocía los resultados de la investigación. En menos de dos meses tendrá una nueva oportunidad para responder a la preguntas de las partes.

Madrid

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