La Audiencia Provincial revisará los vídeos de los policías que persiguieron a Aguirre

La Audiencia Provincial de Madrid tiene ya encima de la mesa el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra el archivo de la causa que investiga la fuga de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Próximamente, la Sala deberá decidir si la posible candidata al Ayuntamiento de la capital cometió un delito de desobediencia a la autoridad.

El juez que ha instruido la causa, Carlos Valle, sobreseyó el asunto al estimar que las pruebas presentadas en el Juzgado no fueron suficientes para desvirtuar la versión de la dirigente 'popular', a quien se la acusaba de huir mientras dos agentes de Movilidad le estaban notificando una multa por aparcar en un carril bus de la principal calle Gran Vía, a pesar de la prohibición expresa tanto de estos agentes como de una patrulla de la Policía Municipal que estaba observando los hechos.

En la causa consta la declaración tanto de los policías como de los agentes de Movilidad que ratificaron, cada uno de ellos, que se le dio en varias ocasiones el alto a Aguirre y no quiso parar, arrancando el coche y tirando la moto de uno de los agentes en la maniobra. Es más, la tuvieron que seguir hasta su domicilio, donde ya intervinieron los guardias civiles que se encargan de la seguridad de su casa. La Audiencia, entre otras pruebas, revisará los vídeos de los policías que la persiguieron.

Vídeo: Policía y agentes de Movilidad declaran sobre el caso Aguirre

El Tribunal Supremo ya ha dictaminado en alguna ocasión que la ley establece que los agentes de Movilidad “en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad subordinados a los miembros del Cuerpo de Policía Municipal" y, por tanto, sus denuncias son consideradas como “valor probatorio”. A esto hay que añadir que en el suceso de la exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid también intervinieron dos policías municipales que le dieron el alto y la siguieron hasta su casa, haciendo este caso omiso.

Pruebas por analizar

Cuando la Audiencia Provincial inicie el estudio del recurso presentado por uno de los agentes de Movilidad, que acusa a Aguirre de un delito de desobediencia grave a la autoridad, los magistrados no sólo deberán analizar las declaraciones de los testigos, sino otras pruebas. En su interrogatorio como imputada, Aguirre aseguró que sólo le había dado un leve golpe. Sin embargo, los agentes aseguran que tiró la moto y uno de ellos tuvo que dar dos pasos hacia atrás para evitar ser atropellado. En la causa, también se ha incorporado el peritaje de la reparación que hubo que realizarle al vehículo y que asciende a casi 500 euros, tal y como ha tenido acceso El Confidencial.

Otra de las pruebas es el testimonio de una camarera que vio como un coche blanco tiraba la moto de un agente de Movilidad. En su auto de sobreseimiento, el juez no la tiene en consideración porque la califica en “paradero desconocido” al haberla citado a declarar y no aparecer en el Juzgado. Sin embargo, la Policía Nacional que llevó a cabo varias pesquisas de la investigación ya la había localizado e interrogado vía telefónica. En ese momento, ya confirmó que el vehículo blanco maniobró para salir y que en su huida golpeó y tiró la motocicleta. La testigo tuvo una citación en su domicilio pero se negó a acudir al Juzgado para ratificar su declaración realizada ante la Policía, y el juez de instrucción optó por no tenerla en cuenta.

El tribunal debe decidir si estima el recurso y, por tanto, lleva a Aguirre a juicio por un delito de desobediencia a la autoridad, que llevaría aparejada una pena de seis meses hasta un año de prisión. Sin embargo, también podría resolver que se siga el asunto como una falta, como solicita la Fiscalía, lo que conllevaría una multa económica, o de lo contrario, podría ratificar la decisión del instructor y dar carpetazo definitivamente al caso. En su momento, cuando Valle quiso instruirlo como falta, la Audiencia Provincial le ordenó que lo hiciera como delito de desobediencia, al entender que el comportamiento de la dirigente 'popular' podría haber lesionado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por los agentes de la autoridad”.