Un monitor de ciclismo será juzgado por abusar de 14 menores durante 18 años

Tenía 46 años cuandoencaraba sus últimos días como monitor en el Club Ciclista Cien Promesas, situado en la localidad madrileña de Valdemoro. Los fines de semana solía llevarse de excursión a niños de entre 10 y 12 años. Hacían rutas en bici tanto por dentro del municipio como en el colindante territorio de Ciempozuelos. Los padres de los pequeños no podían sospechar ni por asomo que el instructor con el que dejaban a sus hijos había sido condenado 18 años antes por fotografiar a menores desnudos en actitud obscena, como sentenció el Juzgado número 14 de Madrid el 15 de septiembre de 1994.

Quizá si, como ocurre en Estados Unidos, hubieran podido acceder a un registro público de pederastas y pedófilos, habrían podido comprobarlo y tomar algún tipo de medida de prudencia para evitar que sus hijos fueran víctimas de un depravado. Pero en España no existe una lista así al alcance de todos, por lo que los padres no pudieron impedir que el monitor siguiera cometiendo atrocidades, y esta vez con sus pequeños.

Al contrario, se quedaban tranquilos cuando dejaban a los niños bajo la custodia de Javier G. V. Hasta que llegó el 26 de junio de 2012. Ese día, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policíaentró en el domicilio del monitor por orden del Juzgado de Instrucción número 7 de Valdemoro y encontró decenas de archivos con imágenes de los menores en actitudes obscenas e incluso realizando actos sexuales de todo tipo junto al instructor de tiempo libre.

El registro provocó que unos días después la Policía detuviera al sospechoso, único usuario de todo el material informático incautado. El próximo lunes, Javier G. V. se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de llevar a cabo estos atropellos durante 18 años después de aquella primera condena. La Fiscalía le acusa de haber abusado de 14 menores en todo ese tiempo, mientras trabajaba como monitor en el mencionado club ciclista de Valdemoro y contaba con la confianza de los padres.

El Ministerio Público solicita 90 años de cárcel por una retahíla de delitos que van desde la utilización de menores de 13 años para la elaboración de material pornográfico hasta la exhibición de esas imágenes, el abuso sexual continuado y otros delitos contra la intimidad. Según la Fiscalía, el empleo de monitor de tiempo libre permitía a Javier “entablar relación con los menores”. Después de salir a hacer varias rutas ciclistas, continúa el escrito de acusación, el instructor invitaba a algunos de los niños a ir a su casa para “reparar bicicletas, ducharse, comer o jugar a videojuegos”, lo que aprovechaba el hombre para “sus propósitos sexuales”.

“El acusado ha tomado imágenes de niños y adolescentes desnudos (…), de sus órganos sexuales así como de los menores masturbándose o posando en actitudes eróticas” con el único fin de satisfacer su deseo sexual, asegura la Fiscalía, que también menciona testimonios de los chicos que apuntan a abusos de mayor calibre. Por ejemplo, uno de los menores, según narra el Ministerio Público, fue sometido a tocamientos y otro tipo de abusos en una decena de ocasiones en el domicilio del acusado, que siempre grababa todo en vídeo y lo almacenaba en archivos digitales.

Según la Fiscalía, el acusado instaló en su casa “cámaras ocultas” para filmar a los menores en situaciones comprometidas que él mismo provocaba. Además de los mencionados dispositivos espía de grabación, la Policía también se incautó de 11 discos duros y dos cedés –donde se almacenaba el material filmado–, una cámara de fotos y otra de vídeo, así como tres teléfonos móviles.

Además de las imágenes de los menores que sufrieron los abusos, la Policía también encontró archivos con catálogos fotográficos de otros niños no identificados realizando actos sexuales de diversa índole. El Ministerio Público, sin embargo, no tiene constancia de que el acusado participara en la grabación de estos últimos archivos digitales. Tanto estos como los que recogían imágenes de las víctimas sí identificadas estaban perfectamente almacenados y clasificados en los discos duros del monitor de tiempo libre con fechas que iban desde 1995 hasta 2010.

Según la Fiscalía, algunos de los abusos se cometieron también en 2011 y 2012 e incluso antes de 1994, como de hecho confirmó la mencionada sentencia del Juzgado número 14 de Madrid.

La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía solicitó al Juzgado el registro de la vivienda de Javier G. V. en 2012 después de ser advertida por Interpol de que el sospechoso había adquirido material pedófilo de unas webs alojadas en Canadá. La operación policialdesarrollada en el país norteamericano y denominada Spadedesveló un conjunto de facturas similares de productos de ese tipo comprados por otros usuarios distribuidos por el mundo.

De hecho, el acusado de Valdemoro no fue el único que se detectó en España. Gracias a la operación Spade, las fuerzas de seguridad detuvieron a otro individuo en Beniel a finales de 2012 y a un tercero en Cartagenaen abril de 2013.