La herencia del sanchismo (II)

El proceso sanchista de deconstrucción y desmantelamiento de la realidad histórica de "España" ha dado lugar a crisis varias que se superponen y retroalimentan unas a otras. La primera y fundamental es la crisis del sentido de nación, de Gemeinschaft, de comunidad; que se traduce en crisis de representación y de la política, incapaz de alcanzar consensos; que redunda en desgobierno, deterioro e ineficiencia del Estado y la administración pública; que alimenta una economía populista, dopada y de baja productividad (tema que no podemos abordar ahora); y todo ello deteriora la reputación de España y su posición exterior.

Y las llamamos "crisis" con cierto optimismo. Pues una crisis es algo pasajero, coyuntural, que regresa al punto de partida. Pero no es nada segura esa posibilidad, de modo que puede que acaben siendo crisis, pero puede también que sean recordadas como puntos de inflexión de un proceso reconstituyente de la realidad histórica que, desde hace siglos, hemos llamado "España".

¿Qué queda del sentimiento de unidad nacional?

Y esto es quizás lo más importante, aunque no sea lo más visible. Pues un país es, en primer lugar, una comunidad de solidaridad, una fraternité (en el lenguaje clásico), que se muestra en que los ciudadanos, como en una gran familia, están dispuestos a dar sin esperar recibir nada a cambio. Si hay una catástrofe en Valencia, Lugo o Canarias, el resto de los españoles no solo aceptan ayudar gratis, sino que exigen esa ayuda singular; algo que no ocurriría si la catástrofe tuviera lugar en Lyon o Marrakech. No hay fraternidad más allá de un sentido íntimo de pertenencia a una comunidad, un "nosotros", la "nación española", como dice la Constitución, el sujeto político por antonomasia, el único "soberano". Y allí donde se quiebran los lazos de solidaridad, aparece otra comunidad, y con ella otra nación.

Pues bien, el elemento articulador de esa fraternité es una conversación común, un ágora pública. No hay comunidad sin comunicación y una nación debe entenderse como una gran conversación que salta de un lugar a otro cubriendo todo el territorio y va tejiendo consensos y acuerdos, definiendo temas comunes, argumentos, posiciones, pero también espacios donde se debate y líderes de opinión aceptados. Una gran ágora pública en la que todos se reconocen a todos como interlocutores válidos.

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Pues bien, esa conversación está hoy rota. Rota por las lenguas en no pocas CCAA, pero también por las ideologías (izquierda-derecha; nacionalistas-constitucionalistas), y por las identidades (género y, crecientemente, la edad), y rota de nuevo por las redes sociales, que hacen de todos ellos burbujas dentro de burbujas que se retroalimentan. La pasión por la identidad (lo que separa, lo que se supone que "somos") mata a la nación (lo que une, lo que "hacemos", un proyecto de futuro).

Y fragmentada la solidaridad, todo es un trueque, un comercio, un do ut des. No ya las mal llamadas comunidades históricas, sino el mismo Estado de las Autonomías ha pasado su punto de inflexión y hoy es más centrifugador que centrípeto. La nación ha quedado fragmentada sin más denominador común que el "Estado" español, España reducida al Estado, un Estado que es (voluntariamente) "residual" en no pocos territorios. Al parecer, solo las competiciones deportivas activan de vez en cuando sentimientos nacionales compartidos.

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Añadamos un fenómeno de alcance mundial pero poco meditado: la desnacionalización de las élites económicas (directivos, grandes empresarios y grandes empresas), más preocupadas por los mercados internacionales -de los que depende su fortuna- que por la economía española. Es un fenómeno general que se visibiliza en la indiferencia de los "mercados" a las crisis políticas de sus respectivos países. ¿Qué me importa que la democracia americana o española esté en peligro si los mercados marcan alzas? Y así, mientras la política se descompone, el Ibex alcanza un máximo de 17.000 puntos, por vez primera en su historia.

¿Qué está pasando? Pues pasa que los "globalizados", ciudadanos integrados en redes de negocios o de información transnacionales, se desentienden de España, pues su territorio hoy es ya el mundo. Para quienes pueden encontrar trabajo igual en Madrid o Barcelona que en Londres, Singapur o Buenos Aires, España es una provincia más del imperio global. Abandono de las élites económicas que debilita enormemente la sociedad civil.

Pero junto a los globalizados, defensores de una sociedad global y abierta, aparecen los left behind, los abandonados y "territorializados" en su Estado, defensores de sociedades cerradas, que buscan desesperadamente protección y creen encontrarla en los "populismos": 1.-protección política en el viejo Estado, y abjuran de la Unión Europea o similares; 2.-protección económica, y se suman al proteccionismo comercial y los aranceles; 3.-e, incluso, protección cultural e identitaria, y rechazan todo tipo de multiculturalismo woke o cosmopolitismo, para volver a las tradiciones, sean estas los toros, la caza o la misma religión. La emigración, icono de todo ello, acaba siendo el chivo expiatorio de ese enorme malestar, que prende sobre todo en la gente joven.

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Se abre así una profunda dualización socioeconómica que enfrenta a los globalizados universitarios y cosmopolitas con los nuevos "paletos" (trufados de inmigrantes), marginados y menospreciados por el supremacismo moral de las izquierdas y las nuevas guerras culturales, brecha que se abre recomponiendo el espectro de la representación política (y que la IA va a acentuar). Brecha de la que bebe Vox, entre cuyos electores crece una sensación de "desplazamiento, desposesión simbólica y falta de reconocimiento", lo que los clásicos llamaban "privación relativa" (Rubén Díaz). Es urgente aprender a mirar hacia abajo para integrar a esas enormes masas de desfavorecidos que se sienten, con razón, abandonados, y no solo materialmente.

¿Qué queda del consenso? Profunda crisis de la política

De modo que, al viejo eje ideológico izquierda-derecha, se ha sumado en España, ya hace tiempo, uno autóctono entre nacionalistas-constitucionalistas. Pero aparece ahora otro eje nuevo entre los partidarios de sociedades abiertas o de sociedades cerradas, entre los globalizados y los territorializados, un eje que rompe tanto a conservadores como a progresistas o nacionalistas. Una enorme fragmentación ideológica que vemos en muchos otros países, dando lugar a gobiernos Frankenstein, "arcoíris" o jerigonça, coaliciones multipartidistas complejas, heterogéneas e ideológicamente dispares.

Nada menos que 65 partidos se presentaron a las elecciones del 2023 (casi la mitad son partidos nacionalistas), de los cuales 13 obtuvieron representación parlamentaria. Y la suma de los dos únicos partidos de gobierno (PP+PSOE), que llegó a ser el 84% de los votos, bajó a menos del 50% en el 2019, aunque luego ha subido. Entre 2015 y 2019, España pasó por cuatro elecciones generales, terminando con un Gobierno socialista que obtuvo poco más del 30% de los votos.

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Cuando la comunidad se fragmenta de ese modo, la posibilidad de consenso desaparece y es sustituida por mayorías numéricas coyunturales. Puesto que no hay diálogo ni posibilidad de llegar a acuerdos positivos, la pregunta no es "quién tiene razón", sino "quién tiene más votos". Y no se trata ya de construir un proyecto común (que eso es una "nación"), sino de ganar la votación pactando con quien sea, a cambio de otras votaciones y otros pactos posteriores. "Pactos" que no son acuerdos a los que se llega tras un diálogo que genera consenso, sino simples transacciones momentáneas (deals, como los denomina Trump). No nos ponemos de acuerdo en hacer algo, nos ponemos de acuerdo en que yo te doy algo a cambio de que tú me des otra cosa. Trueques, no pactos.

La disolución del consenso comenzó con la estigmatización de la "Transición" como traición y pacto de las élites contra el pueblo, que destruyó una valiosa herencia de legitimidad política y de proyecto común de futuro. Los españoles -y los sondeos lo acreditan- consideran la Transición como un gran momento de unidad nacional y desean regresar a ella, al "consenso" y el entendimiento; según el CIS, más del 70% lo declaraban así en el 2025. Tuvimos un proyecto nacional (democracia, modernidad, Europa) porque fuimos una comunidad, y viceversa. Ya no, y hemos destruido uno de los pocos momentos de nuestra historia en que hubo consenso nacional, hemos destruido una "memoria" que unía para poner en su lugar una falsa "memoria" que divide y, así, separando en bloques, garantizar la estabilidad de la alianza. Pues al otro lado de la alianza solo hay "extrema derecha y derecha extrema", prácticamente fascistas. ¿Cómo entenderse con ellos?

Pero la sociedad no es estúpida y sabe que eso son juegos políticos de baja calidad. Y si vemos las series históricas de apoyo popular al gobierno de la nación, veremos que se mantienen en niveles altos, incluso superiores al 60%, hasta las elecciones del 2004 que dieron el gobierno a Rodríguez Zapatero, a partir del cual la curva de apoyo parece la de un enfermo terminal y cae por debajo del 20%. Y ahí sigue. Y de ahí el rechazo de la política y los políticos.

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Hace poco el Pew Research Center mostraba que hasta el 70% de los españoles deploran el estado de nuestra democracia, un porcentaje solo superado por Grecia (la media de 31 países es del 54%). Pues bien, la situación ha empeorado. Algunos datos recientes: ¿Considera que las instituciones del Estado están degradadas? Sí, 87%. Poca o ninguna confianza en el gobierno, 71%; en el Congreso, 78%; en el Tribunal Constitucional, 68%, y en el Senado, 78%. Solo la Corona se mantiene en equilibrio (50% confianza versus 47% desconfianza) (El Mundo, 8/12/2025). Datos simplemente demoledores.

Pero veamos más datos del último reciente Barómetro del CIS de diciembre 2025. Pregunta: "¿Cuál es el principal problema de España?". En primer lugar, la vivienda (19%); en segundo lugar, los problemas políticos,11%; en tercer lugar, Gobierno y partidos políticos concretos,11%; en cuarto lugar, la corrupción, 8,5%; en quinto lugar, el mal comportamiento de los políticos, 8%. Cuatro de los cinco mayores problemas son "los políticos". El paro y la inmigración figuran en el séptimo y octavo lugar, muy por detrás. Datos que se repiten hace años mostrando que quienes tienen como tarea resolver nuestros problemas resultan ser ellos mismos el principal problema; una paradoja. ¿Y el CIS no pregunta por la monarquía? Sí, aquí aparece también, mencionada como problema por… el 0,1% de los españoles.

Rechazo de la política que, de una parte, alimenta apatía e indiferencia, aburrimiento (el "todos son iguales"), que a su vez deriva en carpe diem: si no podemos hacer nada, disfrutemos del presente. Y, de otra parte, alimenta varios radicalismos con enmiendas a la totalidad del pacto constitucional. Para la extrema izquierda, como para los nacionalismos, cuanto peor, mejor, pues eso es lo que buscan: hacer saltar las reglas del juego para ir a un más allá que solo se podrá alcanzar con un manifiesto desbordamiento constitucional como el vivido en el 2017 en Cataluña. Pero son los de la enmienda a la totalidad los que hoy determinan la práctica del gobierno

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¿Qué queda del Estado?

España fue siempre, de entre los países mediterráneos (y con la excepción de Francia), uno de los pocos con un Estado eficiente. Viene desde los Austrias, y fue reforzado claramente por los Borbones e incluso por la dictadura franquista. No hay mal que por bien no venga, pero Franco, a diferencia de los fascismos clásicos, no gobernó a través del partido único, sino a través del Estado y usando funcionarios públicos. Incluso la represión política se hizo con leyes y no con milicianos armados, al menos desde los años 60. Esa fue una de las causas del éxito de la Transición: la nueva democracia no tuvo que construir un Estado, como fue el caso en América Latina o en muchos de los países del Este de Europa. Bastó con sustituir una cúpula autoritaria por otra democrática, y el Estado (administración pública, judicatura, policía, ejército) siguió funcionando.

Ya no. El deterioro de la política conduce a un deterioro de sus instituciones y, en última instancia, del mismo Estado. Cesiones continuas a las CCAA nacionalistas (guardia civil, prisiones, emigración, impuestos, incluso fronteras). Pero también desarticulado entre el Estado central y las restantes CCAA. Hemos transferido competencia tras competencia, pero no hemos transferido los recursos para hacerles frente y menos aún los mecanismos de rendición de cuentas que las hagan responsables. Que la sanidad o la educación, o incluso las prestaciones sociales, sean distintas en cada CCAA, no tiene justificación, pero al Partido Socialista no parece preocuparle lo más mínimo.

Hemos saltado de ser uno de los países más centralizados de Europa a uno de los más descentralizados, con nada menos que cinco niveles de gobierno: el europeo, el central, el autonómico, el municipal y, no olvidemos, las 41 diputaciones provinciales. Resultado: una inflación de "políticos" profesionales: según datos oficiales (del Ministerio de Política Territorial y Función Pública) en España hay 73 000 cargos políticos electos, a los que debemos añadir altos cargos y asesores y personal de confianza, con lo que superamos los 100.000 "políticos". De los que, por cierto, unos 18.000 estarían aforados. Para comparar, Francia tiene 21 aforados, uno en Portugal, Reino Unido o Italia. Ninguno en Alemania.

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El Estado engorda, pero se desarticula, tanto vertical como horizontalmente entre los mismos poderes que lo conforman, tanto el legislativo como el judicial.

Para comenzar, con el legislativo sometido por una ley de hierro al ejecutivo. De una parte, listas cerradas y bloqueadas, de modo que todos le deben el escaño al secretario general del grupo, un secretario general transformado en César del partido por el mecanismo de las primarias, el "puto amo" que dijo uno de sus ministros. De otra parte, se viola flagrantemente la prohibición constitucional del mandato imperativo de los diputados (art. 67.2 CE) estigmatizándolo como "transfuguismo", negando a los diputados el derecho a votar en conciencia, e incluso se le sanciona si lo hace. El Parlamento ya no debate, realiza representaciones teatrales, literalmente performances de la enemistad y el odio de cara a las televisiones para que luego, todos aprieten el botón que deben apretar. Diputados que juran o prometen respetar la Constitución, pero solo "por imperativo legal", es decir, juran, pero dicen al tiempo que no desean hacerlo.

Y en segundo lugar, con el poder judicial en batalla constante con el ejecutivo, que le acusa de politización por pretender realizar su tarea. Si me gusta la sentencia, hay que respetar la independencia de la justicia; si no me gusta, es lawfare, "fascistas con toga". Hasta un 78% de españoles piensan que los partidos políticos tratan de controlar el poder judicial, "poniendo en riesgo su independencia". El rule of law atacado por quienes tienen el deber de defenderlo. Produce alipori ver procesado y sentenciado a quien tenía el deber de procesar a los demás (el fiscal general del Estado), y más aún ver que le defiende su segundo en la fiscalía, cuyo nombramiento depende del mismo procesado; toda una astracanada.

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Finalmente, la administración pública okupada en casi todos los niveles por las diferentes agrupaciones políticas que forman parte de la alianza predominante. Aquí un 60/40, allí un 30/70, esto para ti y esto para mí; almoneda. Y una administración de la que los españoles nos sentíamos orgullosos cae en la inoperancia patrimonializada por el poder: los trenes no llegan, las carreteras se deterioran, la electricidad cae, las tormentas no se anuncian ni se prevén, los incendios se observan desde la barrera, la educación y la sanidad se deterioran. Pero ¿qué más da?, si no podemos aprobar presupuestos -y ni siquiera presentarlos-, y no podemos gobernar, no por eso vamos a convocar elecciones.

Es cierto que seguimos incorporados al grupo de las full democracies en todos los rankings de calidad democrática, pero estábamos en la posición 15 en el año 2008 y hemos descendido por debajo del 20 (y eso que todas han bajado en sus puntuaciones por un descenso generalizado de la calidad democrática del mundo). Un descenso que muestra a las claras lo que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, -autores de Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018) y, más recientemente, de La dictadura de la minoría (Ariel 2024)- han llamado "juego constitucional duro", y que no pocos juristas denominan -como he hecho yo- "desbordamiento constitucional". Las democracias hoy no mueren por golpes de Estado, levantamientos o pronunciamientos sino poco a poco, gradualmente, a través de medidas que van erosionando el Estado de derecho, con frecuencia presentadas como mejoras necesarias. Desde el uso abusivo de la técnica de "proposición de ley" para evitar trámites e informes incómodos, al uso más abusivo aún de los "decretos ley", la aplicación selectiva de las leyes por la Fiscalía o la misma Abogacía del Estado (rígida contra el enemigo, blanda para el amigo), el gobierno Frankenstein se mueve, no ya en el área de penumbra de la Constitución, sino más allá.

Es cierto que la economía va bien, incluso muy bien. Pero va bien la macro, que no la micro, consecuencia de algo que no he querido abordar, pues merecería un análisis específico: el desacoplamiento de la política (territorializada y estatalizada) de la economía (globalizada y desnacionalizada), economía que responde a los mercados globales. De modo que, más que decir que la economía va bien, debemos preguntarnos para quién va bien. A comienzos de este siglo nos situábamos por encima de la media (PIB) de la UE (105% en PPA), pero hemos descendido al 92% en el 2024; nos estamos quedando atrás. Según estimación de Eurostat en su último informe sobre "condiciones de vida" en la Unión Europea, la renta real disponible de los españoles apenas ha crecido en España (un 1,6%) en los últimos quince años, mientras que la de la UE lo hizo en un 20%. Mientras, la presión fiscal ha pasado del 32% del PIB en 2010 al 42,3% en 2023 y la inflación ha subido un 18,8% y no se ha deflactado de la recaudación. Puede que el Estado sea cada vez más solvente, pero sus ciudadanos no lo son.

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¿Qué queda de la reputación exterior de España?

Si el sanchismo puede exhibir una fachada bonita en economía (eso sí, a costa de la trastienda), otro tanto ocurre con la política exterior. Pedro Sánchez habla inglés, lo que no es nada trivial, y se desenvuelve bien en foros internacionales. Y ha conseguido seducir a no pocos presentándose como el líder del socialismo europeo, una política que ha acentuado últimamente.

Pero, acorde con la alianza de hierro, en la trastienda oculta, no una, sino dos políticas exteriores: la del Gobierno y la de Podemos-Sumar-Zapatero. La primera se presenta como armonizada con la UE y con Occidente. Pero la segunda dice casi lo contrario y el resultado es ambiguo y genera mucha desconfianza.

Ello es consecuencia de que nuestra política exterior responde más a exigencias del corto plazo político interno que a un proyecto estratégico coherente de largo plazo. Y las tensiones entre los objetivos de los socios de Gobierno generan contradicciones, diluyendo líneas claras de acción exterior. Por ejemplo, la tozuda defensa de que las lenguas cooficiales españolas sean aceptadas en la UE ha sido vista más como acción de política interna que como un objetivo realista o concertado con socios europeos, que lo rechazan tajantemente. Perdemos credibilidad a costa, eso sí, de ganar alguna votación en las Cortes.

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Un camino en el que tampoco se rechaza "hacer de la necesidad virtud". Así ocurrió con el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, maniobra táctica para neutralizar la presión marroquí en temas migratorios más que una elección de política exterior coherente y meditada. Un cambio necesario (así lo he creído siempre), pero muy mal gestionado por la diplomacia española, perdiendo una oportunidad histórica hasta el punto de que, en lugar de ser acreedores de Marruecos, hoy somos más bien deudores y seguimos atrapados por ese país sin haber neutralizado a Argelia. Es más, Marruecos está más alineado con los Estados Unidos (y por supuesto con Israel) que España, a pesar de Rota o Morón. Hemos perdido posiciones sin ganar nada a cambio.

La cumbre de La Haya de la OTAN del 2025 marcó el fin de la luna de miel internacional con el sanchismo, y la foto funesta, con un Sánchez esquinado voluntariamente, representa a la perfección la situación actual de España tanto en la OTAN como en la misma UE. Pues la retadora negativa del Gobierno a subir el gasto en defensa ha sido percibida por los socios europeos (y no solo por los Estados Unidos), como manifiesta falta de solidaridad. Tras la invasión rusa de Ucrania, el tradicional pacifismo europeo ha sufrido una Zeitenwende, una inflexión, y países como Alemania, Francia, Polonia y todos los nórdicos han asumido que ya no pueden depender del paraguas estadounidense. España no acaba de asumir esa realidad a pesar de que estamos en la misma frontera del sur de Europa, la frontera más larga y compleja del mundo, pues en ella se suman nada menos que cuatro fronteras: 1.-una frontera cultural y religiosa (entre dos religiones no muy bien avenidas); 2.-una frontera política (con Estados autoritarios, totalitarios o fallidos al sur); 3.-una frontera demográfica (con crecimientos desbocados al sur); y 4.-, finalmente, la frontera socioeconómica mayor del mundo (rentas per cápita de 5 o 6.000 € al sur y de más de 30.000 al norte). La presión del sur es y será brutal ¿Estamos preparados cuando perdemos el paraguas americano y la UE se resquebraja?

Finalmente, no olvidemos que España está seriamente limitada por sus recursos y capacidades, militares o de otro tipo. Un país que ha sido menesteroso de la ayuda de la Unión Europea en varias ocasiones (Gran Recesión, levantamiento catalán, fondos Next Generation, etc.) no puede erigirse en "líder moral" de Europa para dar lecciones, elevándose sobre su escasa corpulencia, como esos hombres de escasa talla que elevan el mentón y se ponen calzas en los zapatos, el resultado bordea el ridículo. Y así, España es marginada en las decisiones internacionales de primer orden, pues es más problema que solución. Hoy, no ya Italia, sino la misma Polonia es mucho más relevante, algo impensable hace quince años.

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No todo es negativo, desde luego. Al enquistado tema de Gibraltar se le ha dado una solución positiva y esperanzadora. Y el Gobierno hace bien en suavizar la confrontación con China, que interesa poco a España, aunque lo hace probablemente por malas razones.

Por supuesto, no todo lo expuesto ha sido causado por el sanchismo. En parte viene de antiguo, como la funesta ley electoral o el torpe Título VIII de la Constitución; y en parte debemos atribuirlo a la nueva coyuntura globalizadora. Pero tras ocho años en el gobierno, no puede eludir su responsabilidad en el resultado, a saber, una nación fragmentada y sin pulso, presidida por un Estado en franco proceso de descomposición del que solo puede salvarse la administración y la función pública.

Tras este demoledor repaso, cabe preguntarse: ¿Queda algo sano? Sí, por supuesto, pues el daño es sobre todo político. De una parte, la sociedad, más allá de los partidos y de la política. Y la Corona, que la representa ejemplarmente sorteando las numerosas trampas que le tienden. Pero la sociedad está fragmentada y desconcertada y solo algunas minorías mantienen viva la sociedad civil. Sin embargo, no pocos medios de comunicación se mantienen vivos y vigilantes. Y lo sorprendente, lo que no esperábamos, es que el Estado de derecho funciona, la policía, la guardia civil y la justicia hacen su labor, el entramado institucional construido a lo largo de varias décadas de democracia es capaz de reaccionar para poner en su lugar a unos aventureros de la política.

Pero no será nada fácil revertir el notable deterioro acumulado.