Guerra contra los barcos-vivienda en Las Palmas: "Es mi casa y de aquí solo me saca un juez"

En Las Palmas de Gran Canaria ha surgido un barrio más, que no tiene calles al uso, ni portales o avenidas; pero sí vecinos que se conocen y se saludan cada mañana. Se trata del Muelle Deportivo de esta isla, donde algunos residentes han hecho de sus pequeños veleros un hogar. El precio inasumible de la vivienda, las comodidades que ofrece el puerto o, sencillamente, el sueño de convertirse en marinos están detrás de su expansión.

Este último es el caso de Antonio Pérez, funcionario del Ministerio de Hacienda, que adquirió su barco Esperance en 2016 y, desde julio de ese año, vive en La Marina. No había tenido problemas con nadie hasta que, en enero, dejaron de aceptarle los pagos por el amarre, que tenía domiciliados. Pérez trató de contactar con los responsables para solventarlo pero, a los pocos días, la Policía Portuaria le entregó un sobre con una orden de desalojo. Le daban diez días para marcharse o, de lo contrario, depositarían en tierra su casa flotante. Finalmente, tras acreditar que está empadronado en ella, se encuentra inmerso en un proceso de desahucio.

Aunque eran más de doscientas las personas empadronadas en el recinto en 2019 —desde entonces no se permite—, Puertos de Las Palmas confirma a este medio que actualmente hay 32 afectados. Ellos aseguran que no se van a ir y consideran que se les está utilizando de "cabeza de turco" para vaciar el pantalán. Dicen que la convivencia se ha vuelto hostil y que mucha gente se ha marchado o se está planteando vender por miedo a un embargo o a tener que asumir multas de hasta 60.000 euros. "Desde el minuto uno han estado presionando para que nos vayamos. Han venido a interrogarnos y nos han pedido una documentación que no están autorizados a requerir porque no son un cuerpo de seguridad", denuncia Pérez.

Gran parte de los afectados comparten abogado y se apoyan entre sí cuando hay presiones o se produce un intento de desalojo. Pérez recuerda que "hay gente mayor, familias con hijos y trabajadores de la zona que tienen miedo a verse obligados a renunciar a su proyecto de vida". Entre ellos está Nin, un jubilado barcelonés, que relata a este medio cómo hace apenas unas semanas intentaron remolcar una embarcación sin orden judicial: "El dueño llamó a la Guardia Civil y se paralizó porque no se puede tocar un barco declarado vivienda habitual".

"Nuestros barcos están en regla y asegurados. Somos gente muy navegante y muy marinera"

La Autoridad Portuaria describe la situación como "insostenible", con un crecimiento "espectacular" en los últimos años de estos barcos y la aparición de "asentamientos de infraviviendas". Aseguran que esta situación impide garantizar "unos servicios y condiciones mínimas de seguridad", y que se "están vulnerando los derechos" de los usuarios que sí se dedican a la náutica deportiva. Sin embargo, el colectivo de afectados cree que "se ha inventado un problema que no existe" y que, cuando se ha hecho un conteo real de afectados, apenas eran cincuenta de más de un millar de plazas. Además, lamentan que se les esté señalando como "okupas": "Nuestros barcos están en regla, asegurados y navegan. Somos gente muy navegante y muy marinera", asegura Nin.

El conocido como Muelle Deportivo de Las Palmas es el de mayor tamaño del archipiélago, con hasta 1.400 amarres, que no dan abasto, porque hay una lista de espera de más de cien personas. El cuello de botella se explica por el precio de sus amarres, muy por debajo de lo que puede costar en un puerto de gestión privada, donde, en muchos casos, se duplica. Esto es lo que hace que sus aguas sean tan cotizadas, aunque tanto el organismo público, como la patronal Marinas de España, han señalado en varias ocasiones que el aumento del turismo y la grave crisis de vivienda en la isla han provocado un aumento del número de alquileres vacacionales y domicilios flotantes, en un área que debería dedicarse a la actividad deportiva.

¿Se puede vivir en un barco?

El problema realmente reside en el lugar donde se encuentra. La Autoridad Portuaria insiste en que "nunca ha estado permitido" el uso residencial en el dominio público portuario, "ni en un barco, ni en una caravana o un contenedor". Se basan en el artículo 72 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que detalla qué actividades están autorizadas, y recuerdan que las instalaciones no han sido construidas para ese fin. "Como todo puerto, cuenta con alumbrado, limpieza, recogida de residuos, atraques, agua potable… servicios para atender las necesidades de los barcos y de las personas que trabajan en el puerto, pero no de una comunidad de viviendas", explican en un correo remitido a El Confidencial.

Aunque las órdenes de desalojo han empezado a llover en los últimos meses, el conflicto se remonta a marzo de 2019, cuando se detectaron varias embarcaciones destinadas a la actividad turística. Al menos 32 estaban disponibles en sitios web como Airbnb o Booking. Es en este momento cuando se aprobó la primera ordenanza específica de la DEM que insta a estas plataformas a eliminar los anuncios y prohíbe expresamente usar el amarre para este fin o como residencia habitual. La segunda norma entró en vigor en enero de 2025, momento en el que se "redoblan los esfuerzos" y se procede a "recabar las pruebas necesarias para actuar sobre las embarcaciones".

La defensa de los residentes se sostiene en que la ley no prohíbe expresamente este modo de vida, e incluso permite los empadronamientos, y que hay sentencias favorables a considerar una embarcación como la morada de una persona. Por el momento, han presentado un recurso contra esta última ordenanza, al considerarla "fraudulenta" y denuncian que, a pesar de no haber una resolución judicial, se siga adelante con las cartas de expulsión. "Este va a ser el primer puerto público; no te olvides de que es uno de los pocos puertos públicos que quedan en España, en el que se pretende prohibir que la gente viva en sus barcos", asegura Nin.

"Nos acusan de chabolismo y son ellos los que actúan como un fondo buitre, con un plan para privatizar el puerto"

El conflicto coincide con una de las fechas clave para la capital, la llegada de la Atlantic Rally for Cruisers (ARC). Esta regata privada agrupa cada año a más de trescientos yates dispuestos a cruzar el Atlántico rumbo al Caribe. Cada noviembre, parte de quienes tienen su puerto base en la capital isleña tienen que liberar la zona para dejar espacio, a lo largo de unas semanas en las que se entremezclan una fiesta cargada de lujos y espectadores —es la única época en la que se permite el fondeo en la bahía— con las repetidas protestas de los desplazados, que tienen miedo a irse y verse inmersos en una larga lista de espera para conseguir de nuevo plaza.

Nin, toda la vida en el mar

"Para muchos como yo, esto es una filosofía de vida", cuenta vía telefónica Nin. Este marinero retirado de 63 años se ha dedicado toda la vida a la náutica y lleva más de dos décadas viviendo en el mar. Desde 2016, lo hace seis meses en La Marina y la otra mitad del año en Barcelona. "Cuando yo llego a Las Palmas, estoy seis años viviendo en un barco que me alquila la autoridad portuaria, ¡sí, sí, ellos mismos! Era un barco abandonado y me ofrecí a mantenerlo en condiciones", cuenta con indignación.

Está convencido de que el problema va más allá de ellos y que el verdadero objetivo es convertir el puerto en una "zona VIP", con "restaurantes carísimos, hoteles y discotecas". Además, asegura que hay "un puñado de barcos abandonados" que no retiran "porque cuesta una pasta": "Nos acusan de chabolismo y son ellos los que actúan como un fondo buitre, con un plan para privatizar el puerto y que los atraques pasen de 200 a 2.000 euros" sentencia.

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Guillermo Cid

Esperance, Catiago, Mabelle o Acobat son algunos de los nombres de los veleros que están a la merced de lo que digan los tribunales. Aunque son una pequeña parte del puerto, tras ellos hay todo tipo de historias. Uno de los casos más mediáticos es el de una familia extranjera que acabó residiendo en un velero semihundido, víctimas de una supuesta estafa inmobiliaria, o el de un matrimonio ruso de solicitantes de asilo a quienes ya ha llegado la notificación de desalojo. "Hay múltiples circunstancias en las cuales, el hecho de pensar que van a coger tu barco y se lo van a llevar es realmente un caos y una debacle", sentencia Pérez.

A la pregunta de qué hará si se tiene que ir, el funcionario asegura que no tiene alternativa: "No hay un puerto más allá, como pasa en el Mediterráneo. En Las Palmas es este puerto y no hay más". Y concluye: "Yo tengo que defender mi modo de vida, que he elegido porque es legal y está permitido. Esta es mi casa y, mientras un juez no decida lo contrario, seguiré peleando".