La Palma, harta cuatro años después de la erupción del volcán: sin PGE no hay ayudas

Hace exactamente cuatro años, Juan Vicente estaba almorzando en su casa con la televisión autonómica de fondo. Eduardo, tomando unas cañas con su mujer en el puerto. Jany, en Tenerife. José Antonio, de comida familiar en el jardín de su casa con su mujer, sus hijos y sus nietos. Francisco, en un taller de acompañamiento y duelo después de haber perdido a su madre y a su mujer. Aunque cada uno estuviese esa mañana de domingo haciendo una cosa, todos tienen algo en común: son vecinos de La Palma. Es imposible que alguno de ellos olvide qué hacía el 19 de septiembre de 2021 cuando la erupción del volcán Cumbre Vieja dio un giro de 180 grados a sus vidas.

Hoy, cuatro años después, aún hay decenas de personas viviendo en “contenedores”, cientos de hectáreas sin actividad agrícola en una isla donde la principal actividad económica es el campo, problemas de acceso a la vivienda agraviados por la especulación y unos 200 millones de euros de ayudas congeladas ante la falta de unos Presupuestos Generales del Gobierno central.

“Han pasado los años y la sangre se va apagando. Yo tenía entonces 50 y ya son 54. Yo sigo con energía, pero hay mucha gente del campo que entonces tenían por los setenta y ya rozan los ochenta. El tiempo en esas edades pesa mucho”, relata José Antonio Gómez, miembro de la Asociación Social Cumbre Vieja y agricultor. Este vecino de La Palma tenía entonces tres hectáreas donde cultivaba al año unos 200.000 kilos de plátano. Hoy solo le queda una hectárea donde su producción ya no supera los 60.000 kilos.

La reconstrucción de una hectárea actualmente supone unos 700.000 euros, según explican los trabajadores del campo. “Cerca del 90% de los agricultores no hemos recibido las ayudas que nos prometió el Gobierno canario para hacer frente a estos gastos. Hay leyes aprobadas que nos avalan y se ha pagado a unas 10 personas, de las 100 que estábamos registradas. Pero el resto lo tenemos paralizado”, explica Gómez. Las distintas organizaciones que se constituyeron tras la erupción han exigido respuestas al Gobierno canario. Pero la explicación siempre es la misma: hasta que no haya unos Presupuestos Generales del Gobierno central, no habrá ayudas.

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Es decir, los afectados que dependían de ayudas estatales llevan sin recibirlas desde hace dos años, porque aunque las otorgue la administración autonómica, es una cantidad que tiene que transferir el Estado. "Esto nos pone en una situación aún peor que hace unos años. Porque a nosotros se nos han acabado las moratorias para créditos e hipotecas este verano, pero las ayudas no llegan", incide el cultivador. Como José Antonio hay decenas de agricultores con todo su campo bajo las cenizas. "Ahora hay entre 18 y 15 millones de kilos sepultados. Es una producción que genera más dinero que el presupuesto del ayuntamiento más grande de la zona", explica Gómez, quien apunta a que en términos de empleo se traduce en unas 1.000 personas directamente afectadas e indirectamente, a otras 2.000.

"El damnificado ya ha pasado de resiliente a resignado", señala por su parte Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación Tierra Bonita. Y continúa: "Hemos salido adelante, pero la mayoría se ha buscado la vida por su cuenta. Toda la gestión ha dejado mucho que desear". La falta de transparencia del Gobierno regional es una de las principales críticas que hace el canario y que, admite, aumenta la crispación y la inquietud de los afectados.

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"No sabemos nada, no hay transparencia ni hay información sobre los proyectos para la recuperación.​ Quienes aún no han sido compensados no saben cómo está el proceso", explica. Rodríguez, físico de profesión, recuerda ese momento con especial dolor y reitera que, aunque no muriese nadie directamente, la erupción causó muchos problemas de salud mental y física en la población. "Yo no perdí mi casa por suerte, pero se me hundió todo. Si llego a perderla, no sé qué hubiese sido de mí".

Además del campo, la vivienda es una de las principales preocupaciones de los vecinos de La Palma. Fátima Ramos, miembro de la Plataforma de Afectados por el Volcán 2021, señala que aunque ya se hayan repartido todas las ayudas para las primeras viviendas, hay mucha gente que continúa en los contenedores provisionales, unos habitáculos que, según Ramos, podrían haber servido "si se hubiesen hecho en condiciones dignas para las personas".

El problema, según relatan varios vecinos, es que las cantidades económicas que se otorgaron para compensar la pérdida total o parcial de la primera vivienda no se corresponden con la realidad de la isla. "Hay mucha especulación, los precios se han disparado y con lo que dan, la mayoría de las veces no se puede comprar", explica Fátima Ramos. La palmera pone el foco en la gran cantidad de papeleo al que tienen que hacer frente y a la complejidad de los procesos: "La burocracia no se alivia cuatro años después, y llega un momento en el que no todas las personas saben hacerle frente".

A finales de agosto comenzó la retirada de las primeras casas provisionales, de momento unas 16. Ramos señala que la provisionalidad de las casas modulares (contenedores) ha sido una oportunidad perdida: "Ha sido como tirar el dinero. Se gastaron en esto el dinero y ahora las quieren comenzar a retirar. Han hecho un papel estos años, pero ¿y ahora qué? No han dado futuro a los palmeros".

Por otra parte, en febrero de 2024, el Gobierno de Canarias decidió comenzar los trámites para declarar como espacio natural protegido unas 312 hectáreas del entorno del cono volcánico y de los deltas lávicos del volcán. Una decisión que se ha traducido en inquietud en la población porque, según lo expuesto, quienes tenían su vivienda en la zona roja perderán la propiedad. Sin embargo, más de un año después, no se han puesto sobre la mesa las expropiaciones pertinentes. Una situación que genera mucho desasosiego entre los palmeros porque el precedente de las carreteras les viene rápidamente a la cabeza: "Adecuaron por vía de emergencia un par de ellas y para eso, se tuvieron que meter en parcelas privadas. Era una situación inaudita y fue entendible. El problema es que aún no se han expropiado esos metros ni se ha compensado a los dueños de ninguna forma", denuncia José Antonio Gómez.

Todos los habitantes con una primera vivienda afectada ya han recibido su compensación. Sin embargo, hay decenas de personas con una segunda residencia sepultada bajo las cenizas. Jany Gómez heredó de sus padres una casa con un terreno donde, cinco años antes, había comenzado a plantar aguacates. "Era una forma de poder ayudar a mis hijos. Invertí mucho dinero en reformarla para alquilársela a trabajadores de la zona y también en el huerto", explica y puntualiza: "Entiendo que las primeras viviendas van por delante, eso está claro. Pero, ¿qué hay de nosotros? Me ha costado el mismo esfuerzo y no he recibido nada". La mujer señala que se siente "abandonada" porque ya ni siquiera se conciertan reuniones con la administración para mantenerles informados. "Nos enteramos de las cosas por el boca a boca con los vecinos. Antes salía de las reuniones destrozada, pero es que ahora ya ni siquiera nos convocan".

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Jany Gómez, junto a un amplío grupo de afectados, decidió recoger firmas por todo el archipiélago para que el Gobierno regional pusiera en marcha una nueva Ley de Volcanes. Aunque consiguieron reunir casi 20.000, tres años después sigue sin haber normativa. "No me gustaría volver a vivir un volcán. Pero nuestra casa está aquí y la realidad es que puede volver a pasar. Necesitamos acondicionar el lugar y prepararnos", zanja Gómez.