El islote canario en el centro de una batalla judicial que vale más de 200 millones de euros

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Muy cerca de la costa de Arrecife, en Lanzarote, un pequeño islote es el epicentro de una de las disputas legales más complejas y costosas del urbanismo en Canarias. Durante décadas, este terreno estratégico ha sido objeto de planes frustrados y demandas millonarias, dejando su futuro envuelto en incertidumbre, aunque un nuevo Plan General de Ordenación podría abrir la puerta finalmente a su desarrollo comercial.

Se trata del conocido popularmente como Islote del Francés, una superficie de aproximadamente 54.000 metros cuadrados situada junto al emblemático Charco de San Ginés. Aunque actualmente es un espacio sin ningún uso aparente, ha sido durante años motivo de intensas controversias urbanísticas y jurídicas entre sus propietarios privados y la administración pública local.

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Desde mediados del siglo pasado, este islote pertenece principalmente a dos familias: los Alonso Lamberti y los herederos de Jaime Cortezo. Inicialmente, los propietarios aspiraban a construir un gran proyecto residencial y hotelero, que incluía 405 viviendas y un hotel de lujo. Sin embargo, una decisión clave tomada en 2021 cambió radicalmente sus planes: el Ministerio de Transición Ecológica impuso una servidumbre de protección costera de 100 metros, limitando casi completamente cualquier edificación residencial o turística en el islote.

Esto provocó que el valor del terreno, que los propietarios habían llegado a tasar en más de 210 millones de euros, cayera en picado. Ante esta situación, exigieron al Ayuntamiento de Arrecife una indemnización millonaria, alegando una expropiación forzosa debido a la imposibilidad de desarrollar sus proyectos.

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La batalla jurídica deparó un nuevo golpe a los propietarios en febrero de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó que el islote debía considerarse suelo urbano no consolidado, descartando así la indemnización millonaria exigida por sus dueños. Según la sentencia, al carecer de urbanización suficiente, no se podía justificar la compensación económica directa, ofreciendo a cambio terrenos en otros sectores urbanos como La Bufona o Naos.

Los propietarios no aceptaron esta decisión y decidieron recurrir al Tribunal Supremo, contratando como representante legal al exmagistrado Rafael Fernández Valverde, experto en urbanismo y medio ambiente, en un intento por revertir la sentencia.

El nuevo Plan General y el futuro del islote

La disputa sigue abierta, pero mientras tanto, el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife, según informa el medio local Diario de Lanzarote, plantea ahora un uso comercial y comunitario para parte del islote. Este plan, presentado el pasado mes de febrero, propone destinar hasta el 44% de su superficie total a edificaciones de baja altura para usos comerciales y equipamientos públicos, buscando aprovechar económicamente este valioso enclave dentro de las restricciones impuestas por Costas.

De acuerdo con el nuevo Plan General, elaborado por la empresa Gesplan, podrían edificarse casi 11.860 metros cuadrados, principalmente para comercio, ocio, educación y cultura. Estas edificaciones, limitadas a una planta y sujetas a estrictas condiciones paisajísticas, representan un valor comercial estimado de alrededor de nueve millones de euros según los cálculos municipales publicados por el Diario de Lanzarote.

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La propuesta del Ayuntamiento podría mejorar la situación de los propietarios y abrir la puerta a cierto desarrollo comercial, aunque aparentemente trata de mantener el equilibrio medioambiental y no contempla las altas expectativas originales de explotación del terreno. En definitiva, la idea parece ser desarrollar urbanísticamente el islote a la vez que se respeta su entorno, evitando cualquier "efecto barrera visual" y preservando áreas emblemáticas como las antiguas salinas.

Pese a ello, algunos vecinos han expresado su preocupación en medios locales y foros ciudadanos ante la nueva normativa, temiendo que pueda derivar en un nuevo 'pelotazo' urbanístico que beneficie solo a unos pocos. En cualquier caso, el nuevo PGO aún no ha sido aprobado definitivamente y sigue sujeto a posibles modificaciones; el Ayuntamiento de Arrecife tiene el propósito de que quede aprobado antes de acabar el año.