La Justicia suspende el protocolo de atención a menores migrantes de Clavijo en Canarias

En una decisión adoptada a impulso de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado este viernes suspender el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados. La Justicia irrumpe de este modo en el pulso que mantienen desde hace semanas el Gobierno central y el autonómico. El Ejecutivo de Clavijo lo aprobó con la intención de implicar al Estado en la primera atención a los menores que llegan en patera a las islas.

El protocolo, que ahora queda paralizado, exige para acoger a los menores en los centros de la comunidad autónoma que la Policía se los entregue correctamente identificados, tras entrevistarlos para valorar si son candidatos a solicitar refugio y con expedientes individualizados. Avisa que el ingreso se efectuará en ese caso siempre que haya plazas.

La Fiscalía se sumó con un recurso contencioso-administrativo al procedimiento puesto en marcha este pasado martes por el Consejo de Ministros para impugnar ese protocolo ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Estado y por suponer "una desprotección grave" de los menores. En su auto, el TSJ avisa de que las actuaciones previstas en el sistema de Clavijo suponen "una innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor".

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Agencias

Reprocha, además, que aunque las actuaciones que se defienden se argumentan como un modo de proteger los propios derechos y las garantías de los menores "resulta difícil" negar que el simple hecho de tener que implementar todas las actuaciones que incluye "compromete la entrega inmediata" en el centro y propicia que la comunidad autónoma esquive su recepción.

Según el protocolo, además de los citados requisitos previos a la recepción que deja en manos de la policía, se obliga a fijar con antelación un lugar de le entrega, a cumplimentar documentación individualizada muchas veces imposible de recabar y a comprobar la identidad del menor, entre otros extremos. El auto indica que esa alteración "del marco normativo" aconseja que, al menos de momento, se mantenga el anterior sistema y se congela la propuesta del Gobierno de Clavijo.

Los tres magistrados de la Sección Primera de Contencioso señalan la vulnerabilidad del colectivo afectado como principal motivo para extremar la cautela y reclaman que se busquen entre las administraciones central y autonómica "espacios de encuentro" que propicien el logro de actuaciones coordinadas y en las que presida "un clima de lealtad y cooperación institucional".