Abandonado desde los 90: Defensa cede a Canarias instalaciones en ruinas para los menores migrantes

Mientras Canarias sigue reclamando cada día ayuda al Estado para afrontar una de las peores crisis migratorias que se recuerdan, este hace caso omiso a sus peticiones. También a las que plantean llegar a un acuerdo para el reparto de menores. Al archipiélago han llegado más de 25.000 personas por vía irregular en lo que va de año. En un ambiente de tensión, el último anuncio del Ministerio de Defensa ha puesto en pie de guerra a las instituciones tinerfeñas y al Gobierno canario: cede dos instalaciones para acoger menores. Una de ellas, en ruina total.

El Gobierno autonómico solicitó hace meses al Estado la cesión de tres instalaciones para acoger a los casi 6.000 menores que tiene bajo su tutela. Moncloa lo rechazó atendiendo a "razones estratégicas"; pero ahora, tras una llamada de la ministra Margarita Robles al presidente canario, Fernando Clavijo, y un whatsapp posterior, le cede dos centros en Tenerife: el antiguo polvorín de Tabares (un solar propiedad del Ejército de Tierra) y el antiguo cuartel de artillería Acuartelamiento de San Francisco, ambas en San Cristóbal de La Laguna, Ciudad Patrimonio de La Humanidad. Y casualmente, uno de los pocos municipios tinerfeños en los que gobierna el PSOE, en un pacto con Coalición Canaria.

La idea podría funcionar, salvo por el hecho de que el Polvorín de Tabares está en ruinas y ponerlo en condiciones óptimas tardaría meses, e incluso años. Ninguna persona, ni menor ni mayor, podría vivir ahí. Se trata de un complejo que lleva abandonado desde la década de los 90 y su única solución sería derribarlo e instalar carpas como se hizo en el Campamento de Las Raíces, también en el mismo municipio y propiedad de Defensa, que alberga a los migrantes mayores de edad. Las pocas infraestructuras que están en pie están tapiadas, con techos derrumbados o con graffitis y desvalijados.

"No se trata de almacenar niños y buscar lugares donde ponerlos, se trata de poder atenderlos con dignidad y darles una integración, escolarización y adaptación al entorno", criticó el presidente Clavijo, una vez conocida la noticia. "Agradezco la llamada de Robles, que es la primera que recibí de un miembro del Gobierno tras el Consejo y en la que mostró empatía, pero cedernos espacios no es la solución", censuró.

Incidió en que "no se trata de abrir más centros, se trata de modificar una ley y que los niños los primeros 15 días sean ubicados en el lugar donde serán integrados en la sociedad". Por ello, zanjó que la cesión de los dos espacios "son parches que, desgraciadamente, no es lo que estamos buscando".

Sobre el estado del polvorín, Clavijo señaló que el Ejecutivo de las Islas hablaría con las ONG "para conocer si se reúnen las condiciones idóneas para acoger niños". Después, la consejería tendría que valorar si efectivamente se cumplen unos mínimos que permitan el acogimiento de los menores, además de mantener una serie de reuniones con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Las reacciones no se han hecho esperar. Precisamente, Dávila ha sido de las primeras en manifestar su rechazo absoluto a los centros de menores migrantes propuestos por Defensa: "Están empeñados en convertir a La Laguna, a Tenerife y a Canarias en un gran campo de refugiados y nos negamos, se acabó, basta ya", criticó.

Dávila señaló que "Defensa no ha entendido nada. No han comprendido lo que pasa ni entienden el problema, porque no se trata de tener más espacios, es que no hay más manos: las ONG están completamente sobrepasadas". Por este motivo, reclamó que lo que necesitan es que "el Gobierno de Pedro Sánchez se implique en esta crisis que afecta a todos y deje, de una vez por todas, de engañar a los canarios". Asimismo, añadió que "no solo estamos hablando de la dignidad de los migrantes, sino también de los derechos de los ciudadanos canarios que no pueden cargar con esta responsabilidad solos".

La presidente del Cabildo tinerfeño lamentó que las Islas estén consideradas "el campo de refugiados de España". Idea en la que coincide la Federación Canaria de Islas (FECAI) que calificó la cesión de un espacio en ruinas "de falta de respeto hacia la población migrante y los canarios".

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, del PSOE, es de los pocos que ha defendido los espacios cedidos. "El Ministerio está poniendo sobre la mesa las pocas soluciones que tiene", replicó, mientras sus socios de Coalición Canaria en el Gobierno municipal guardan silencio. "Acogida no es hacinamiento y ya La Laguna no puede más, el gobierno del Estado debe dotar de medios a las Islas, pero también buscar más emplazamientos en el resto del país", críticó por su parte el líder del PP en la localidad, Juan Antonio Molina. Algo que comparte otro partido de la oposición, Unidas Se Puede, que añadió que "parece que a La Laguna le corresponde nuevamente asumir un reto sustancialmente mayor que el del resto de municipios, convirtiéndonos en el lugar con los mayores espacios de acogida del archipiélago tras sumarse estos nuevos a dos que teníamos".

Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó este martes el archipiélago para reunirse con Clavijo y abordar temas migratorios. Los dos cerraron un pacto migratorio para forzar al Gobierno central a negociar una nueva reforma de la Ley de Extranjería. Fuentes populares señalaron que se trata de una "hoja de ruta común" ante la "inacción" de Sánchez, al que reprochan que todavía no haya dado una respuesta a la propuesta que dirigente canario trasladó el pasado mes de agosto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.