Constitucionalistas del mundo, uníos: el Estado peligra (también el español)

Los periodistas somos muy de mirarnos el ombligo. El estereotipo dice que, en otros tiempos, un buen periodista acostumbrado a cerrar de madrugada y llegar tarde a casa al único profesional que debía tener a mano es un farmacéutico, y llegado el caso, un buen abogado de familia. Hoy, los horarios se han civilizado, pero tal y como está el patio político en España, y para hacer bien nuestro trabajo, los periodistas necesitamos un jurista de cabecera, o varios: tal es el nivel de incertidumbre a la hora de informar sobre un Gobierno acostumbrado a violentar permanentemente las reglas del juego en beneficio propio. No hay periodista que no tenga a mano a juristas a los que recurrir para ser capaz de informar sobre lo desconocido. Yo tengo varios, y a ellos brindo este artículo.

Las Ciencias de la Información se han adentrado en un sendero tenebroso. La revolución tecnológica abre un mundo de posibilidades para la comunicación, pero en paralelo supone una agresión al mismo corazón de las democracias liberales. La desinformación es un riesgo que sólo se puede contrarrestar con más periodismo, buen periodismo, cabeceras fuertes que protejan a periodistas independientes y rigurosos. No es poca batalla. Lo dijo Jefferson: prefiero un país sin Gobierno pero con prensa que lo contrario. Sí, tenemos mucho que hacer los periodistas que creemos en nuestra función de perro guardián y de cuarto poder, y lejos de deprimirnos ante la magnitud del reto al que nos enfrentamos, debemos afrontarlo como una oportunidad, incluso como un deber. Estamos llamados a desbrozar ese sendero tenebroso e inaugurar una nueva edad dorada del periodismo.

Sin embargo, y aunque a los periodistas nos guste hablar de nosotros mismos, no son las Ciencias de la Información las que están más urgidas en este periodo nacional e internacional de abusos sobre las democracias liberales. Son las Ciencias Jurídicas, y en particular el Derecho Constitucional, quienes están llamadas a dar respuesta a las amenazas que se ciernen sobre el Estado liberal. A esta conclusión he llegado esta semana, que nos ha ofrecido una magnífica foto de una legislatura que acaba de implosionar, a pesar de esa parsimonia autocomplaciente que el presidente Sánchez ha lucido en su entrevista dominical en El País.

El 4 y 5 de noviembre, Calatayud acogió el decimocuarto seminario sobre el Estado organizado por las fundaciones Giménez Abad y Konrad Adenauer, capitaneadas por la lucidez intelectual de José Tudela y Ludger Gruber. No es normal que en una reunión de constitucionalistas los debates técnico-jurídicos se centren en asuntos que están en las portadas de los periódicos, pero esto no es culpa suya, sino de la realidad política. Se trata de una anomalía, porque no es habitual que en un congreso de expertos del máximo prestigio se hable de problemas que están, a otro nivel, en las conversaciones políticas de los bares. Así está el mundo y así está España: los ciudadanos que antaño éramos seleccionadores nacionales, ahora somos constitucionalistas de Aliexpress. De ahí el interés por este congreso sobre "La defensa del Estado ante desafíos internos y externos".

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Pero, ¿de qué hablan dos decenas de constitucionalistas españoles del máximo nivel cuando se reúnen durante 36 horas a puerta cerrada? Hablan de la defensa del Estado de derecho en Estados Unidos y en la Unión Europea y, ya en España, del "decisionismo" del Poder Ejecutivo (expresión de la profesora Enriqueta Expósito), de la salud del Estado de derecho en el Parlamento español y en el Tribunal Constitucional y de la situación del Poder Judicial. Todos son temas de primera página: Trump justificando el asalto al Capitolio o paseando la Guardia Nacional por los Estados díscolos; la Unión Europea preocupándose por los excesos en Hungría, Polonia, Eslovaquia o España; el presidente del Gobierno español atacando a los jueces o diciendo que gobernará sin el Legislativo; la degradación del Tribunal Constitucional y sus choques con el Tribunal Supremo, o la mala salud de la separación de poderes. La profesora Isabel Giménez lo expresa con claridad: "El cumplimiento del Estado de derecho ya no se percibe como un bien en sí mismo, sino como un trámite que hay que cumplir".

En lo relativo a España, hay una pregunta general y una serie de excesos. La pregunta es si se trata de una situación coyuntural o estructural, y para responderla es conveniente hacer un buen diagnóstico, pues como señala el profesor Manuel Aragón, los problemas no se derivan de la Constitución, sino de la política. De la mala política. Por ejemplo, y para empezar, el rechazo al Parlamento de un Gobierno que quiere gobernar "sin el Legislativo": el abuso del decreto, el "dislate" de las leyes ómnibus, el uso de la proposición de ley para esquivar a los órganos consultivos o el desprecio al control parlamentario y lo que esto supone de negación de la alternancia.

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Otro motivo de preocupación son los límites al poder de un Ejecutivo que no se caracteriza por su contención y que no se siente interpelado por la incapacidad para aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura, o que desprecia el imperio de la ley al agarrarse al principio democrático como argumento para justificar que todo lo que se apruebe en el Parlamento está por encima de la Constitución (la amnistía es el mejor ejemplo). También la confusión entre responsabilidad política y responsabilidad penal que se ha instalado en la opinión pública española: esta misma semana el ministro Torres ha ofrecido una rueda de prensa triunfalista a pesar de sus mensajes con una trama corrupta. Y, cómo no, la creciente inseguridad jurídica, uno de los pilares del Estado de derecho, que está siendo cuestionada por gobiernos imprevisibles y esencialmente ejecutivos.

Tal es la sorpresa ante los escenarios inéditos a los que nos enfrentamos que surge la duda sobre si el legislador constituyente pecó de ingenuidad al no establecer sanciones para los incumplimientos, como el ya citado de los Presupuestos. Asimismo, merece atención de los juristas la situación en la que se encuentra un Tribunal Constitucional, en el que se han degradado las garantías y que evoluciona hacia una tercera Cámara​ dando síntomas de que es una correa de transmisión del poder político. En suma, genera debate entre los expertos la evolución por la vía de los hechos consumados de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista, pero sin las garantías de éste.

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A pesar de la casuística nacional, el debate va mucho más allá de España, que es solo una muesca más de la crisis de la democracia constitucional, y probablemente no el más preocupante. En las democracias más avanzadas hay un evidente retroceso democrático e irrumpen con fuerza distintos autoritarismos. Uno lo representa Trump, y el constitucionalismo se pregunta si los Estados norteamericanos pueden emerger como contrapoderes; otro lo representan varios países de la Unión Europea, y el constitucionalismo se pregunta cómo las instituciones comunitarias pueden frenar a los Estados con esas veleidades. Curiosa paradoja a ambos lados del Atlántico.

Así que los constitucionalistas hoy son los inmunólogos del 2020 o los vulcanólogos de 2021. Estamos en sus manos para saber qué está pasando, pero cabe exigirles algo más que un diagnóstico. Hace falta una vacuna, hace falta un compromiso. Como dijo Norberto Bobbio, y recuerda la profesora Ana Carmona, no podemos fiarlo todo a la Ley, hace falta una cultura cívica que defienda los valores democráticos. De modo que este artículo no puede acabar sino con una apelación a la acción de los sabios: ¡constitucionalistas del mundo, uníos! Y ya en el próximo artículo hablaremos de la Prensa.

PD. El elemento común a todos estos debates está en que son amenazas al Estado de derecho, y ahí adquiere especial interés la diagnosis de los constitucionalistas reunidos por la Giménez Abad y la Konrad Adenauer con el profesor Manuel Aragón a la cabeza de un selecto grupo de catedráticos, titulares y letrados: Juan José Solozábal, Ignacio Astarloa, Carlos Vidal, Rafael Rubio, Eloy García, Víctor Vázquez, Paloma Biglino, Ana Carmona, Isabel Giménez, Luis Pomed, Rafael Bustos, Rosario Sierra, Josep María Castellá, Francisco Balaguer, Piedad García Escudero, Patricia García, Pedro Luis Martínez, Gabriel Moreno o María Dolores Llop. No están todos los que son, pero son todos los que están.