La cuenta atrás del radón: miles de empresas, obligadas a medir el gas cancerígeno

El aliado invisible del cáncer de pulmón es un gas radiactivo de origen natural que habita en el subsuelo. Se trata del radón, un agente inerte y carente de color, olor y sabor, cuya presencia azota toda la península, pero especialmente a Galicia, donde aflora en niveles peligrosos en el 91% de sus municipios. Y aunque hace décadas que se sabe de sus devastadores efectos, la legislación en España está todavía arrancando. De hecho, es en este mes de febrero cuando empieza la cuenta atrás para decenas de miles de empresas ubicadas en los municipios de actuación prioritaria –285 de ellos gallegos–, que están obligadas a realizar mediciones en los puestos de trabajo.

La medición es imperativa en todos los centros de trabajo situados en planta baja o sótanos, que son la gran mayoría, dentro de los ayuntamientos definidos como prioritarios por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). También deberá efectuarse en lugares de trabajo subterráneos, como túneles, minas, cuevas u obras bajo rasante, así como en instalaciones donde se utilicen o manipulen aguas subterráneas, como actividades termales o balnearios. Dado que los muestreos deben realizarse como mínimo durante tres meses consecutivos y el plazo acaba en mayo, la colocación de los aparatos de control tiene como límite finales de febrero.

TE PUEDE INTERESAR

Jordi Martí, arquitecto, alerta sobre las ventanas en las casas españolas: "Hay muchas zonas con gas radón y la OMS dice que puede provocar cáncer de pulmón"

El Confidencial

La demora de las mediciones en los centros de trabajo le ha costado a España las advertencias de la Unión Europea. Es un retraso que no ha salido gratis, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la condenó en varias ocasiones por no trasponer a tiempo la Directiva 2013/59/Euratom, que establece las normas de seguridad básicas contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Fue la presión de las sanciones lo que obligó al Gobierno a aprobar in extremis el Real Decreto 1029/2022 hace tres años. En abril de 2025, finalmente el CSN aprobó la Instrucción IS-47 para concretar las zonas de riesgo, con un total de 1.100 ayuntamientos en áreas I y II, consideradas de riesgo algo y medio. En Galicia los afectados son el 100% de las provincias de Pontevedra y Ourense, el 95,7% de A Coruña y el 64,2% de Lugo.

Las viviendas de nueva construcción, en cambio, están protegidas contra el radón desde 2019, cuando entró en vigor en España el Código Técnico de la Edificación, que exige en las zonas de riesgo medio a instalar una barrera estanca de protección, en forma de lámina especial entre el suelo y la vivienda. En las de riesgo alto, además de la barrera se requiere instalar una cámara de aire ventilada o un sistema de despresurización del terreno.

Las viviendas de nueva construcción están protegidas contra el radón desde 2019

En todos los municipios de actuación prioritaria, las empresas afectadas, además de contar con medidores, estarán obligadas a colocar detectores pasivos en las zonas donde haya presencia habitual de personal, sin alterar la actividad del centro. Sus análisis deberán ser realizados por un laboratorio acreditado y los resultados, incorporarse a la documentación preventiva de la empresa. Los controles se tendrán que repetir generalmente cada cinco años cuando los valores estén por debajo del límite. Todas las nuevas instalaciones contarán con un plazo de hasta seis meses para iniciar la medición.

Cuando los resultados superen los 300 Bq (el Becquerel es la unidad internacional para medir la actividad radiactiva, equivalente a una desintegración atómica por segundo), las empresas deberán implantar medidas de mitigación. Entre ellas, la reubicación temporal de los puestos de trabajo en zonas con menor concentración, mejorar la ventilación natural o forzada; sellar fisuras, juntas y forjados, y aplicar barreras de protección o sistemas de despresurización del terreno. Todas esas actuaciones deben registrarse y volver a evaluarse tras la implantación, para garantizar que la exposición se mantenga dentro de los limites establecidos.

Este gas radiactivo emana del subsuelo y, aunque al aire libre se diluye con rapidez, en edificios sobre suelos graníticos y fracturados como los gallegos se convierte en una "trampa" por el efecto confinamiento. Al ser un gas denso, penetra por cualquier fisura succionado por la menor presión del interior de los inmuebles, que actúan como una aspiradora del gas del terreno. Sin ventilación, el radón se estanca y alcanza concentraciones peligrosas en zonas bajas, lo que explica que la normativa obligue a medir especialmente en sótanos y plantas bajas.

El riesgo se agrava en invierno: el menor movimiento de aire y el gradiente térmico —la diferencia entre el interior calefactado y el suelo frío— potencian esa succión; de ahí que la instrucción del CSN marque esta época como el periodo crítico para realizar los controles.

El gas se desintegra en partículas sólidas radiactivas (polonio, plomo) que se adhieren al polvo en suspensión. Al respirar, esas partículas se quedan atrapadas en los pulmones. La OMS reconoce al radón como un gas cancerígeno. De hecho, es la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco y la principal en no fumadores. La exposición prolongada aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

TE PUEDE INTERESAR

Trump en Palomares y 6.000 metros de tierras nucleares que van a cumplir 60 años

Carlos Rocha. Sevilla

Los varones tienen mayor probabilidad de acabar padeciendo un cáncer de pulmón que las mujeres como consecuencia de la exposición al radón. Así lo reveló un estudio realizado en Galicia y publicado en 2025 en la revista Science of the Total Environmental, con la firma principal de Lucía Martín-Gisbert y Alberto Ruano, investigadores do Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS), de la Universidad de Santiago de Compostela. Considerado la máxima autoridad en España en cuanto a los efectos epidemiológicos del radón, Ruano lleva años advirtiendo de su peligrosidad, pero también del retraso de la Administración en la implementación de medidas de control.

La entrada en vigor de la normativa va a generar un negocio alrededor de las compañías de prevención de riesgo o acreditaciones, que están realizando ya campañas de comercialización entre las empresas. En todo caso, el coste de las mediciones, de entre 100 y 150 euros por medidor, es menor en comparación con las sanciones de Inspección de Trabajo, o peor aún con el coste humano de una enfermedad que es, por definición legal, un riesgo laboral evitable.