Justicia a 12.000 kilómetros: la familia de Diego Bello lucha por aclarar su asesinato

A 12.000 kilómetros de A Coruña, casi en las antípodas, está Siargao. Un archipiélago de postal y una de las 7.641 islas que suma Filipinas. Allí levantó su hogar Diego Bello Lafuente, un joven coruñés apasionado del surf y brutalmente asesinado en la isla en la que había construido una vida. Y allí, en un sistema judicial lastrado por la extrema lentitud, la corrupción y archivos antediluvianos, busca justicia su familia.

Pilar Lafuente, la madre de Diego Bello, declaró este viernes de madrugada en la vista del juicio que, seis años después del crimen, aún se juzga en Manila para esclarecer un asesinato brutal con tres agentes de la Policía Nacional Filipina (PNF) acusados entre rejas. Y tras un lustro de espera, al fin pudo dirigirse a la jueza para aportar las pruebas reunidas de forma minuciosa por amigos y familiares de Diego que cuestionan la versión oficial y apuntan a un montaje policial con la manipulación perversa del escenario para ejecutar a un chaval que, según testificó su madre, ya había recibido amenazas de muerte por parte del gobernador de Camarines Sur, Miguel Luis Villafuerte.

"Hoy la sensación es que llegamos al punto en el que queríamos estar, para que nos escuchara la jueza, en este caso, y poder aportar la información que llevamos tiempo guardándonos", declaró Lafuente a EFE a la salida de la Corte Regional de Manila. “Estamos bastante contentos porque hemos defendido la honorabilidad de Diego”, expuso su hermano Bruno.

Ni narcotraficante, ni consumidor de drogas -así lo acreditó la analítica- ni dueño de la pistola del calibre 45 que colocaron en el suelo haciéndola pasar por suya, como salida de un cinturón que tampoco le pertenecía.

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La cara B, para la familia Bello, fue coincidir en el juzgado con los tres hombres acusados por la Fiscalía de Filipinas de asesinar a Diego: un capitán, Vicente W. Panuelos, y dos sargentos, Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Cortés Esmeralda. Los tres dispararon contra el joven a sangre fría y los tres están en la cárcel de Manila en prisión provisional, tras una investigación instada por la familia española, a la espera de una sentencia que, como mínimo, todavía se va a demorar un año más.

Seis años de un crimen atroz

Diego Bello (A Coruña, 1987) tenía 32 años y había emprendido varios negocios boyantes ligados a la hostelería, las olas y a la venta de ropa informal con una marca propia. Un éxito que, según sus allegados, molestaba a los locales, despertó envidias y la ambición de otros.

La medianoche del 8 de enero del 2020, cerró el bar, se despidió de su socio y cogió la moto para regresar a su casa, a unos 500 metros. En la puerta lo esperaban tres agentes de uniforme con nombres y apellidos; los dos sargentos y el capitán.

Los tres dispararon contra él. Lo acribillaron a tiros en la calle en la puerta de su casa. Lo que vino después fue todavía más chusco. La versión oficial de los verdugos fue que el chaval era un narcotraficante importante y que lo abatieron en defensa propia cuando el chico amagó con sacar algo de una riñonera que creyeron un arma de fuego. Pretendían que ya había existido un cebo previo en el que el joven había vendido cocaína a un agente. Y así, en dos páginas, se ventilaba la versión oficial de la policía filipina enmarcada en la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duarte -hoy procesado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional-, con casquillos de balas de una pistola automática que Diego nunca tuvo para un fuego cruzado que no existió.

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El empeño de su familia y amigos en probar el crimen lo cambió todo. Llamaron a las puertas del Congreso pidiendo "Justicia Para Diego", como clamaron en numerosas movilizaciones sociales convocadas desde esa plataforma, y llegaron al Parlamento Europeo; implicaron a la Embajada de España en Manila, a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y al equivalente al FBI del país (Oficina Nacional de Investigación). Constataron que la escena había sido manipulada y que los hechos no ocurrieron como sostenían los tres agentes.

Pareciera, más bien, un asesinato por encargo, si bien, no se pudo implicar al inductor en un proceso judicial que arrancó en 2023 y al que todavía le queda un largo camino por delante a la espera de una sentencia que haga justicia a 12.000 kilómetros de casa.