Choque institucional por el cuidado del patrimonio gallego: los municipios tendrán la gestión
El Consello da Cultura critica la transferencia a los ayuntamientos de las tareas de control y cuestiona su constitucionalidad. La Xunta recuerda que los cambios normativos previstos tienen como objetivo aliviar los trámites burocráticos
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Los ayuntamientos de Galicia se implicarán de una forma más directa en el control y gestión del patrimonio cultural. Cuando el 1 de enero la reforma entre en vigor, dejará de ser necesaria la autorización previa de la Consellería de Cultura en las intervenciones sobre bienes catalogados, una competencia que se traspasa a la Administración local. La Xunta busca "agilizar" y "desburocratizar" procedimientos ahora engorrosos, pero el cambio normativo tiene también contrapartidas, que han sido señaladas por el Consello da Cultura Galega (CCG) en un informe con el que acusa al Ejecutivo gallego de desproteger "la herencia cultural" con una medida de la que cuestiona incluso su constitucionalidad.
El expediente abierto por el órgano estatutario, cuya función consiste en asesorar a los poderes públicos y promover y difundir la cultura y el patrimonio cultural de Galicia, atribuye a la Xunta un intento de "reducir la protección". Con el riesgo, además, de hacerlo mediante el traspaso de competencias a una Administración, como la local, especialmente "expuesta a presiones" de tipo "social, económico y político" en todo lo relacionado con políticas "urbanísticas, de vivienda y de explotación productiva del territorio".
La modificación de distintas normas relacionadas con la gestión cultural –particularmente la del Patrimonio, de 2016– se incluye en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Xunta, una ley ómnibus que aborda otras reformas, como la moratoria condicionada a la plantación de eucaliptos. Frente al ruido provocado por la moratoria —objeto también de otro informe crítico del CCG–, los cambios en la gestión del patrimonio pasaron de forma discreta, sin más recorrido que una tibia nota de rechazo del PSdeG. Hasta que la pasada semana el Consello da Cultura emitió su informe, rápidamente respaldado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que rechaza la transferencia por realizarse sin aportación financiera para afrontar la nueva responsabilidad.
La supresión de la autorización previa es la novedad más cuestionada, y afecta tanto a bienes catalogados con protección estructural y ambiental como a sus entornos de protección y zonas de amortiguación. A partir de enero, serán los ayuntamientos los que evalúen durante el procedimiento de concesión de licencia urbanística si las intervenciones pretendidas cumplen los objetivos de protección de valores culturales.
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La ley introduce otras novedades relacionadas con el patrimonio. Una de ellas afecta al Camino de Santiago, al sustituirse la autorización previa de la Xunta a las talas de árboles que afecten a los territorios históricos de la Ruta y a los bienes catalogados por una declaración responsable. Además, los parques eólicos se declaran legalmente compatibles con los objetivos de calidad paisajística previstos en las Directrices del Paisaje de Galicia. Se impulsa asimismo un cambio en la concesión de licencias directas de rehabilitación, renovación y regeneración urbana "que afecta a la gestión del patrimonio cultural".
De todas estas reformas, la transferencia a los ayuntamientos es para el CCG especialmente preocupante. "La actual traslación de competencias se realiza sin evaluar previa y suficientemente la preparación de los equipos técnicos municipales para afrontar el manejo de los criterios de valoración del patrimonio, que tienen una inevitable naturaleza discrecional", lamenta el informe. Alerta además de que en Galicia no se ha llevado a cabo la actualización, homogenización y adaptación a la ley de 2016 de los inventarios y catálogos municipales de patrimonio, cuyo reglamento debería estar aprobado en un año y es todavía inexistente.
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Opinión En sus conclusiones, el Consello señala que con los cambios "no queda garantizada de manera suficiente y eficaz la conservación del patrimonio cultural de Galicia". Además de la inexistencia del catálogo actualizado o de la insuficiente formación del personal técnico municipal, denuncia también "las dificultades para ejercer una adecuada ponderación de intereses en las administraciones más próximas a la ciudadanía; la ausencia de mecanismos e instrumentos de coordinación, y la ausencia de sistemas de control autonómico ex post sobre la concesión de licencias municipales, incluida la inexistencia de un cuerpo autonómico de inspección del patrimonio cultural".
La reforma, agrega el CCG, se mueve por una "voluntad liberalizadora" que "suscita problemas constitucionales". Así, señala que va "en un sentido opuesto al de las obligaciones de conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural que la Constitución atribuye a los poderes públicos". Todo ello "puede poner en riesgo de pérdida, destrucción o deterioro irreversible muchos de los bienes protegidos que integran el patrimonio cultural de Galicia, es decir, buena parte de la herencia cultural que conforma nuestra identidad como pueblo y que deberíamos legar a las generaciones futuras".
Pese a las críticas recogidas en el informe, la Consellería seguirá adelante con sus cambios, que buscan "agilizar los procedimientos, desburocratizar la tramitación y garantizar una protección más eficaz y coherente con nuestro patrimonio". Aunque, eso sí, matiza que para la parte crucial constituida por los Bienes de Interés Cultural (BIC) o con protección integral, "la competencia continuará siendo del Gobierno gallego".
Los ayuntamientos de Galicia se implicarán de una forma más directa en el control y gestión del patrimonio cultural. Cuando el 1 de enero la reforma entre en vigor, dejará de ser necesaria la autorización previa de la Consellería de Cultura en las intervenciones sobre bienes catalogados, una competencia que se traspasa a la Administración local. La Xunta busca "agilizar" y "desburocratizar" procedimientos ahora engorrosos, pero el cambio normativo tiene también contrapartidas, que han sido señaladas por el Consello da Cultura Galega (CCG) en un informe con el que acusa al Ejecutivo gallego de desproteger "la herencia cultural" con una medida de la que cuestiona incluso su constitucionalidad.