Un pelotazo de 45 M y Norman Foster: el proyecto fantasma en la ría de Vigo que regresa 20 años después
La empresa que impulsó Marina Atlántica en Cangas reclama 1,7 millones al Ayuntamiento por un convenio de 2004 no ejecutado
La historia tiene todos los ingredientes pintorescos de la vida social y económica de la Galicia de la década de los 2000. Un arquitecto estrella, un pelotazo inmobiliario, una caja de ahorros desbocada... El arquitecto es Norman Foster, el golpe económico ascendió a 45 millones y la caja era Caixanova. El proyecto, de 2004, se dio en llamar Marina Atlántica: la conversión de una destartalada conservera de la ría de Vigo, en Cangas, en una lujosa combinación residencial y náutico-deportiva, con la supuesta firma del célebre Pritzker británico. Dos décadas después, aquella operación nunca consumada que pasaría por la Audiencia Nacional, sigue dando coletazos. El último es una reclamación de la promotora de 1,7 millones de euros al Ayuntamiento cangués por un convenio no ejecutado.
La llegada de la demanda de Residencial Marina Atlántica S. A. provocó estupor en el Ayuntamiento de Cangas, el mismo que causó el aterrizaje del avión privado de Foster en el aeropuerto de Vigo en mayo de 2005 para supuestamente conocer sobre el terreno las posibilidades del proyecto. La visita fue convenientemente publicitada y el arquitecto recibió los agasajos de la cúpula de Caixanova —que acabaría siendo condenada por esquilmar la caja de ahorros— con una comida en su honor en el Pazo de San Roque vigués. En aquellos días de lujo y burbujas, todo era posible: incluso convertir la abandonada conservera de Massó en un fastuoso complejo con puerto deportivo, gran hotel, viviendas, zona comercial y el futuro museo de la ballena.
La empresa, que acabó en manos de Abanca, ha presentado este mismo mes una reclamación de 1,5 millones de euros correspondientes a la cantidad más intereses que entregó en agosto de 2006 como parte del convenio firmado con el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP y actualmente por el BNG. La operación contaba con el beneplácito de la Autoridad Portuaria de Vigo, también presidida por un alto cargo del PP vigués. Pero sobre todo, tenía la complicidad de los rectores de la caja de ahorros, que le provocaron así un agujero a la entidad de 45 millones de euros, que serían asumidos por el Estado a través del FROB antes de entregar los restos de las cajas gallegas a Abanca, que ahora agita el proyecto.
¿Cómo se produjo ese agujero de 45 millones? El paso del caso por la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial permitió conocer parte de los entresijos del pelotazo, que quedó impune por prescripción de los hechos. Como relató la Fiscalía, en 2003 el entonces gran jefe de Caixanova, Julio Fernández Gayoso —condenado en 2015 por su gestión de la caja— urdió un plan para el proyecto en Massó junto a su amigo Ubaldino Rodríguez y su mujer, con quienes Caixanova constituyó al 50% Residencial Marina Atlántica. La nueva empresa le pagó a Rodríguez y a su mujer 53 millones de euros por los terrenos de la antigua conservera, que habían adquirido un año antes por 19,3 millones, en lo que la el ministerio público tachó de "plusvalía injustificada para el vendedor". Difícilmente, Gayoso y los suyos podrían alegar desconocimiento del sobreprecio, ya que la propia caja había financiado generosamente la operación inicial.
Para hacer frente a las cuotas pactadas en la escritura de compraventa del terreno y a su participación en el capital social de Marina Atlántica, los directivos de la caja "utilizaron e instrumentalizaron un sistema de financiación cuyo objetivo, en última instancia, era ocultar a los órganos rectores de Caixanova el precio finalmente pagado", según relató la Fiscalía, algo que hicieron mediante la concesión de préstamos participativos, ampliaciones de capital y pólizas de crédito a las sociedades Residencial Marina Atlántica S. A. y Conjunto Residencial Marina Atlántica S. L.
Aunque el compromiso de Foster nunca pasó de aquella visita, el arquitecto sirvió de señuelo de un proyecto deslumbrante. Con una inversión de 151 millones de euros, iba a ocupar una superficie de 28.000 metros cuadrados, otros 90.000 de lámina de agua y 27.000 más de rellenos portuarios. Sus principales elementos consistían en una marina con 450 plazas de amarre y un hotel de cinco estrellas que pretendía ser una referencia arquitectónica mundial. Las instalaciones se complementarían con una gran urbanización de 750 viviendas y un centro comercial en la antigua nave conservera. Al lado del hotel estaba prevista la construcción de un museo de la ballena, en homenaje a la antaño pujante industria de la ballena en Galicia.
Ahora es Abanca, titular de la empresa que compró los terrenos, la que quiere resucitar al menos parcialmente el proyecto. A través de Residencial Marina Atlántica, presentó este mismo año en el Ayuntamiento de Cangas un borrador para desarrollar el ámbito de la antigua factoría sobre una extensión de 156.373 metros cuadrados, para la ejecución de una zona residencial de en torno a 700 viviendas sin tocar la lámina de agua, o lo que es lo mismo, sin puerto deportivo. A falta de grandes avances urbanísticos, la promotora ha presentado una demanda para recuperar el dinero anticipado hace dos décadas y los correspondientes intereses, una reclamación que extraoficialmente el Ayuntamiento de Cangas sostiene que no asumirá. Como tampoco lo hizo el puerto de Vigo, que salió indemne de las reclamaciones de la empresa por la autorización no ejecutada.
La historia tiene todos los ingredientes pintorescos de la vida social y económica de la Galicia de la década de los 2000. Un arquitecto estrella, un pelotazo inmobiliario, una caja de ahorros desbocada... El arquitecto es Norman Foster, el golpe económico ascendió a 45 millones y la caja era Caixanova. El proyecto, de 2004, se dio en llamar Marina Atlántica: la conversión de una destartalada conservera de la ría de Vigo, en Cangas, en una lujosa combinación residencial y náutico-deportiva, con la supuesta firma del célebre Pritzker británico. Dos décadas después, aquella operación nunca consumada que pasaría por la Audiencia Nacional, sigue dando coletazos. El último es una reclamación de la promotora de 1,7 millones de euros al Ayuntamiento cangués por un convenio no ejecutado.