El Supremo refrena a Audasa: tendrá que devolver los peajes de tramos en obras
La ampliación del puente de Rande derivó en 81 incidencias y 7.000 minutos de atascos en una autopista que cobró el peaje íntegro a miles de usuarios. El Alto Tribunal falla que es una práctica abusiva y obliga al reembolso
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F9b6%2Fa93%2Febc%2F9b6a93ebc89dfe1887e6759f21f7152f.jpg)
Ha pasado una década, pero sí aún conservan los recibos del peaje de la Autopista del Atlántico (AP-9) a su paso por el puente de Rande (Vigo), podrían sumarse a la petición de devolución en masa que enfrenta Audasa.
La empresa concesionaria de la primera autopista gallega, que maneja un fondo de pensiones de Holanda -APG a través de su filial Itinere Infraestructuras- ya ha tenido que habilitar un buzón especial para la avalancha de reclamaciones que se le avecinan después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (1441/2025) fallase el 17 de octubre que Audasa deberá devolver los peajes cobrados a los usuarios (miles) durante las 81 incidencias por obras en la ampliación del puente. Y sumar, además, los intereses legales desde la fecha de pago de cada peaje.
La intervención para sumar un tercer carril -por sentido de la marcha- al puente atirantado de 401 metros sobre la ría de Vigo se prolongó durante más de tres años -del 27 de febrero del 2015 al 1 de junio del 2018- y generó importantes atascos; cerca de 7.000 minutos o 116 horas de circulación interrumpida, ralentizada o en parada en “81 incidencias de especial relevancia”. Para la Dirección General de Tráfico (DGT) los problemas y retenciones en el puente de Rande en aquellos meses fueron más del doble: 202 episodios de distinta intensidad, pero son 81 las que integran la sentencia.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F794%2F84f%2F909%2F79484f909dfc7b244fd0cbea04026a9f.jpg)
Estas 81 -detalladas en fechas, horas, sentido y punto kilométrico- fueron las que contabilizaron y documentaron desde En Colectivo, la asociación de consumidores de Vigo y Adicae (Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros) que impulsaron la primera demanda en diciembre del 2018.
Sentencia, recurso y casación
¿Qué ocurrió desde entonces? El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra estimó parcialmente aquella primera demanda y condenó a Audasa. La empresa recurrió y ganó en la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2021, pero la Fiscalía presentó un recurso de casación ante el Supremo, que ahora corrige a la Audiencia y falla a favor de los afectados y considera “abusiva” la práctica.
"El usuario paga y cumple y la concesionaria (Audasa) no", reza el Supremo
El Alto Tribunal, a lo largo de 36 páginas, afea a la concesionaria que cobrase íntegramente el peaje a los usuarios aun cuando la circulación no fluía y la seguridad del tráfico no estaba garantizada como corresponde a una autopista de pago.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa51%2Ff09%2F956%2Fa51f099564190ed7dfb62a348eea934e.jpg)
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa51%2Ff09%2F956%2Fa51f099564190ed7dfb62a348eea934e.jpg)
“El usuario paga y cumple íntegramente su prestación, mientras que la concesionaria no puede prestar el servicio conforme a lo que legítimamente confía el usuario”, reza el fallo. Especifica que Audasa debe devolver “el peaje pagado con tarjeta o VIA T con una transferencia a la misma cuenta” mientras que los que fueran abonados en efectivo, conforme a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) “para asegurar su resarcimiento”.
La sentencia también reprocha a Audasa que lejos de rebajar el peaje por las incomodidades de tres años de obras, lo incrementó el 1 de enero del 2018 “tras inaugurar las obras, aun cuando siguió realizando trabajos con posterioridad a esa fecha”. Sin embargo, deja fuera del reembolso a los conductores profesionales o titulares de empresas de transporte. Desde En Colectivo, su presidente, Diego Maraña, anima a los usuarios afectados a agrupar las reclamaciones de forma conjunta
La AP-9, en el ojo del huracán
Por una cosa u otra, la empresa que explota la arteria de asfalto que conecta el eje atlántico, está siempre en el centro del huracán galaico bien por las quejas de los usuarios, las deficiencias en el trazado o las irregularidades en la ampliación de su concesión en 2001, bajo la lupa europea de la Competencia.
La AP-9 está en régimen de concesión hasta 2048 y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que dictamine, en último término, si hubo o no delito en la última prórroga aprobada en 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F148%2Fd65%2F1ec%2F148d651ec377609d1bcae96f6d1b17a2.jpg)
También es notoria por los ríos de tinta política que han supuesto las docenas de peticiones (hasta la fecha fallidas) de traspaso o rescate desde el Parlamento gallego al Gobierno central para poner fin a la sangría económica de la AP-9, una de las más caras de España y sin alternativa gratuita para recorrer con agilidad los 160 kilómetros que separan A Coruña de Vigo sin pagar 20,45 euros por trayecto.
La Xunta, y a resultas del fallo del Supremo, ha vuelto a urgir al Gobierno central el rescate de la infraestructura. En esto, coincide el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), que también terció para pedir que “toda la autopista sea gratis”.
Ha pasado una década, pero sí aún conservan los recibos del peaje de la Autopista del Atlántico (AP-9) a su paso por el puente de Rande (Vigo), podrían sumarse a la petición de devolución en masa que enfrenta Audasa.