Multan a una bodega gallega que inyectaba mosto al vino para elevar su graduación

Inyectar un mosto concentrado no permitido por la Denominación de Origen Rías Baixas le puede salir muy caro a las bodegas de Terras Gauda, que ocupan la posición 87 en el ranking del sector. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó la sanción de 90.000 euros impuesta a la empresa desde la Xunta de Galicia, al constatar la presencia de un producto no autorizado en los tanques de la firma con el que se buscaba -de acuerdo al fallo-, incrementar la graduación alcohólica de sus vinos.

La multa viene del 2024, recoge el alto tribunal gallego, y se refiere a la introducción de “productos no permitidos, en contra de las normas de la DO Rías Baixas”. Así lo establece la sección segunda de la Sala de lo Contencioso administrativo del TSXG, en un fallo de 24 páginas del pasado día 20, en las que considera acreditado que la empresa usó “un mosto concentrado rectificado en los depósitos de polietileno situados en las instalaciones de la bodega”.

“No se trataba de abono orgánico rectificado, como consta en su etiqueta”, señalan desde el tribunal, que afea a la empresa haber “omitido” la inyección del mosto en los libros de registro. Señalan, además, que “las etiquetas identificativas adhesivas estaban parcialmente deterioradas”.

Una inspección en 2022

Fue la Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural, la que impuso la multa de 90.000 euros a las bodegas de O Rosal en abril del pasado año. Fue el resultado de una inspección realizada en octubre de 2022. Entonces, de acuerdo al acta de infracción, indagaron la procedencia de mosto concentrado rectificado (MCR) que hallaron en 50 contenedores y también tomaron muestras de los restos de bitartratos, para la estabilización tartárica del vino que evite la formación de cristales.

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En concreto, fueron tres las “infracciones graves” detectadas por la Inspección que contravenían la Ley de la Viña y el Vino (24/2023) en el artículo 39, apartados a, k y 2b, en lo que se refiere a la omisión en los libros de registro, el uso de productos no permitidos y el incumplimiento de las normas en la elaboración. Cada una de las tres infracciones llevaba aparejada una sanción económica de 30.000 euros.

Una bodega puntera

Terras Gauda es una marca muy reconocida por su apuesta por las nuevas tecnologías y el trabajo con los suelos. La bodega está asentada en O Rosal, al sur de la provincia de Pontevedra, casi en la desembocadura del río Miño. Cuentan con 160 hectáreas de viñedo, están adscritos a la DO Rías Baixas para la elaboración de Albariño y O Rosal, y la firma cerró el 2022 con una facturación de 14 millones de euros, datos que el propio fallo judicial recoge.

En su filosofía está la elaboración de unos “vinos singulares, con identidad propia y la máxima calidad”, fieles a su lugar de origen desde una interacción “ética, responsable y respetuosa con el medioambiente y la biodiversidad”.

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A lo largo la sentencia, el TSXG desmonta las alegaciones presentadas por la empresa vitivinícola al aducir que se trataba de “vinos jóvenes” ni “se trata de una bodega que elabore algún tipo de bebida en la que haya que utilizar ese mosto” por lo que concluye que “la única finalidad es el aumento del grado de alcohol de sus vinos”. La jueza también rechaza la petición de la empresa de afrontar, únicamente, el pago de la infracción más grave cometida. “No es posible porque son tres infracciones independientes y cada una es sancionable por sí sola”, reza el fallo.

Los magistrados ponen el foco en los 67.000 kilos de mosto adquiridos por Terras Gauda, por un importe de 334.120,59 euros, y concluye que “se trata de una conducta intencional de tenencia en sus instalaciones, almacenado, un producto no autorizado; de realización de prácticas enológicas prohibidas”, máxime, destaca en la sentencia, cuando forma parte de una Denominación de Origen que no las permite.

La bodega recurrió la multa de la Xunta ante el TSXG, que ahora desestima el recurso y da la razón a la Administración gallega. No obstante, el fallo no es firme y contra él cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Terras Gauda, vía comunicado, ya ha anunciado que lo recurrirá tras calificarlo de “injusto, desproporcionado y no ajustado a derecho”, confiando “plenamente” en otra “resolución satisfactoria”.