¿Fin a 60 años de aislamiento y privilegios? El islote de la élite viguesa encara su apertura a la ciudad

El objetivo que parecía inalcanzable de abrir el islote de Toralla a los ciudadanos ya no lo es tanto. El Ministerio de Transición Ecológica ultima el proyecto para levantar la garita que impide el paso de los no residentes al broche insular que corona las playas de Vigo y, lo que es más importante, recuperar el dominio público marítimo-terrestre que fue arrebatado por una decena de chalés que llegan hasta donde rompen las olas. La Ley de Costas habrá llegado así a la isla de la élite viguesa casi 40 años después de su entrada en vigor.

La ministra Sara Aagesen se comprometió en junio a presentar "justo a la vuelta del verano" un proyecto esperado con impaciencia en Vigo, para abrir la isla a unos ciudadanos que solo la han podido ver de lejos desde que se construyó el puente, en 1965. En 1997, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a retrasar el puesto de control al final del viaducto que la une con la playa de O Vao y a permitir el acceso público a dos calas –en realidad, una sola dividida por el propio puente–, pero desde entonces el único avance ha sido la concesión de un espacio para implantar en una pequeña parte de sus diez hectáreas un centro universitario de investigación marina.

El proyecto, que pondrá fin a seis décadas de aislamiento y privilegios, permitirá realizar el deslinde y construir un paseo perimetral de 1,5 kilómetros en la servidumbre de tránsito, que la ley establece en una franja de seis metros medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Eso supondrá la recuperación de unos terrenos que ahora están ocupados por los jardines y piscinas de los chalés más privilegiados de Toralla, que pertenecen a destacados representantes de la élite empresarial de la ciudad. En el terreno insular también se levanta una torre de 21 plantas, un vestigio del desarrollismo de los años setenta perfectamente retratado en la recién estrenada película Romería, de Carla Simón.

La isla es propiedad desde hace seis décadas de Toralla S.A., sociedad que disfruta de una concesión que no vence hasta 2064 y que también es titular de todos los viales interiores de su superficie. Hasta la fecha, y pese a las protestas ciudadanas, todos los proyectos para recuperar el dominio público han sido infructuosos. Es el caso del que hace década y media impulsó el Ministerio, cuando aprobó un plan de recuperación que preveía la creación de una senda de tres metros de ancho alrededor del perímetro de la isla. Que el expediente acabara en papel mojado explica la impaciencia con que se espera en Vigo el cumplimiento de la promesa realizada por la ministra hace tres meses. "Toralla tiene que ser de uso público, y estamos trabajando en la definición del proyecto", señaló, antes de comprometerse con el horizonte del final del verano.

La isla viguesa es una anomalía en todos los sentidos. No solo por formar parte de ese escaso 10% de la costa española en la que todavía no se ha efectuado el deslinde litoral, o por su uso privativo. También lo es por constituir un condominio en el que el Ayuntamiento de Vigo prácticamente no existe, pese a ser término municipal. El Consistorio no presta los servicios urbanísticos básicos de alumbrado, abastecimiento de agua, alcantarillado ni conservación ni mantenimiento de las vías, de los que se encarga directamente la comunidad de vecinos, Centro Turístico Residencial Isla de Toralla.

Esa peculiaridad de la isla la consagró el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2021, cuando ratificó una sentencia de los juzgados de Vigo que denegaba la licencia para un nuevo chalé, precisamente por esa condición privativa de Toralla. La Ley del Suelo de Galicia establece que, para merecer la condición de solar, una finca debe tener acceso desde un vial público, y las calles interiores de Toralla no lo son, ya que la comunidad de propietarios siempre se negó a cederlas al Ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR

Chillida contra la Ley de Costas: tres iconos de San Sebastián piden clemencia a Teresa Ribera

Inés P. Chávarri

Las protestas para la recuperación del borde litoral y la eliminación de la garita de control de acceso se multiplicaron en los últimos años, para volver a abrir el debate de una situación que los vigueses siempre observaron con tanta indignación como resignación. A finales de la pasada década, impulsados por movimientos ciudadanos y ecologistas, el PSOE y En Marea lograron que se aprobara una moción en el Congreso para exigir al Ministerio, que entonces dirigía Isabel García Tejerina, la recuperación del dominio público, en un acuerdo que incluía la propuesta de senda peatonal accesible y segura. En Marea la calificó como "la herencia más vergonzosa del Ayuntamiento" vigués y un ejemplo de "clara ocupación ilegal del espacio público". El PP se abstuvo por entender que el gobierno del socialista Abel Caballero "trataba de enfrentar a los propietarios con el resto de la ciudad".

Durante milenios, la isla de Toralla apenas alteró su fisonomía: desde los primeros indicios de presencia humana, hace unos 3.000 años, solo se levantaron un castro y un cementerio. Tras pertenecer al Obispado de Tui, pasó a manos del Marqués de Valladares, Francisco Javier Martínez Enríquez, como consecuencia de la Desamortización. Más tarde, a comienzos del siglo XX, la adquirió Martín de Echegaray, un indiano enriquecido en Argentina. Sus descendientes acabarían traspasándola en 1965 a la familia que creó Toralla S.A., la cual mantiene una concesión de 99 años que todavía tiene más de tres décadas de vigencia, aunque algunos de los privilegios parecen próximos a su fin.