¿Jaque mate a la macrocelulosa de Altri en Lugo? La batalla política tras un proyecto de 850 millones

La macrocelulosa prevista en un paraje natural de Lugo que sacude Galicia se desinfla. El no del Gobierno a la subestación eléctrica que Altri demandaba para su controvertido proyecto en Palas de Rei puede suponer un golpe mortal a una actuación vista con gran interés por la Xunta y fuertemente contestada por colectivos ecologistas y partidos de la oposición. La pastera lusa ha advertido que sin conexión no hay inversión, aunque no renuncia a utilizar "todos los mecanismos de recurso" a su alcance, incluida la vía judicial. El PP gallego ha reaccionado con indignación, por lo que considera un castigo a la industria de toda la provincia.

El cariz político de la polémica de Altri quedó reflejado este miércoles en el Parlamento, en el cara a cara de la sesión de control entre el presidente de la Xunta y el líder del PSdeG, que fue quien avanzo la decisión del Gobierno. Alfonso Rueda acusó a José Ramón Gómez Besteiro de "presumir" de que toda una provincia "se iba a quedar sin conexión eléctrica". "Enhorabuena, señor Besteiro. Creí que hacer política se trataba de hacer cosas en positivo para ganar puntos en Galicia. Pero a usted le da igual, lo que le interesa es ganar puntos en Madrid", le reprochó. "Está usted más desconectado que Altri de la línea eléctrica", replicó el portavoz socialista.

En juego está una inversión que su promotora cifra en 850 millones de euros, de los que 250 millones deberían llegar a través del Perte de descarbonización industrial y ayudas directas de fondos públicos. De momento, no habrá fondos para la fábrica de textiles a base de celulosa de eucalipto con cargo a los fondos Next Generation. La exclusión en la nueva planificación eléctrica para el horizonte 2030 es otro duro revés para la empresa, que ha visto en esta decisión un carácter "puramente político", según señaló en un comunicado a través de su filial Greenfiber. Aunque avisa de que no renuncia a emplear "todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance" e incluso la vía judicial para revertir la decisión.

Tras avanzarlo Besteiro el lunes, la determinación del Gobierno de denegar la subestación eléctrica fue confirmada en la reunión que mantuvieron un día más tarde la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar cuáles son los refuerzos previstos en el esqueleto eléctrico de Galicia. El Ejecutivo, explicó, deniega tanto la subestación eléctrica de Altri como la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento.

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EFE

Greenfiber basa su defensa del proyecto de Palas precisamente en lo que más se le recrimina: su impacto sobre el medio. Según la filial española de Altri, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con la que cuenta avala "el cumplimiento estricto de la legislación nacional y europea que garantizan que Gama [como es conocido el proyecto] es sostenible, respetuoso con el medio y coexistente con todas las actividades económicas que se desarrollan en el entorno". No solo eso. La empresa señala que contribuye a la reducción de emisiones de carbono: "La potencial exclusión del proyecto de la planificación eléctrica supondría obligar al territorio a renunciar a una instalación que contribuiría a su descarbonización".

Según Altri, las previsiones contemplan una planta "energéticamente neutra, en la que la conexión se destinaría a volcar a la red los excedentes de energía renovable generada". La denegación de la conexión, por lo tanto, implica "perder una oportunidad para avanzar en la consecución del objetivo-país establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima", según el cual la energía renovable debe representar el 81% de la generación eléctrica en España en 2030, "con el consecuente desaprovechamiento del beneficio ambiental y económico para hogares y empresas". La empresa augura también un "perjuicio para el territorio", al considerar que se deja a toda la provincia de Lugo "fuera del mapa de desarrollo económico e industrial para los próximos años".

Aislamiento energético

El "aislamiento energético" y su consecuente "ostracismo inversor" en Lugo son argumentos que también maneja el Partido Popular. El de la provincia de Lugo reaccionó a la decisión con la atribución al Gobierno de un "grave atentado" a la provincia y un "castigo político". "Sin energía no hay industria", critican los populares, cuyos senadores por la provincia han presentado una serie de preguntas al Gobierno para exigir explicaciones de una planificación energética que deja a Lugo "en el horizonte de una década sin ningún tipo de capacidad de desarrollo industrial". El portavoz popular en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, tachó de "intolerable" la decisión "política y sectaria de vetar la puesta en marcha del proyecto de Altri".

La plataforma Ulloa Viva, que cataliza las protestas, se felicitó por lo que parece un golpe definitivo a Altri, aunque lamentó que la empresa anuncie que recurrirá la exclusión eléctrica, desperdiciando así la ocasión de "desistir de una vez por todas" del proyecto. La portavoz de la entidad, Marta Gontá, respondió también a la acusación al Gobierno de adoptar una decisión política, al afirmar que a la promotora "no le pareció tan mal la decisión puramente política [de la Xunta] de declarar su proyecto como proyecto industrial estratégico en 2022 sin ningún estudio técnico".

El Gobierno, mientras, se muestra muy satisfecho con la decisión tomada, una planificación que deja a la Xunta "razonablemente satisfecha", según confesó la conselleira de Economía, aunque no dejó de lamentar que "condene a la provincia de Lugo y la saque del mapa industrial de los próximos años". El Ejecutivo plantea para el horizonte 2030 refuerzos energéticos en áreas de A Coruña y As Pontes, un papel destacado a la producción de hidrógeno verde y prestar atención a "las nuevas necesidades de descarbonización de industrias" y el crecimiento del ferrocarril.

La propuesta se orienta a facilitar la conexión de nueva demanda, con el objeto de "apoyar la descarbonización de la industria, consolidar nuevos proyectos con elevados beneficios sociales, promover la vertebración territorial y, en definitiva, facilitar la generación de oportunidades de valor ligadas a la transición energética". Al final de la década, el Ejecutivo central estima que la capacidad adicional para que las redes gallegas atiendan a nuevos consumos prácticamente duplicará el pico de demanda registrado el año pasado, de 2,2 GW.