El peaje infinito: la Xunta abre un nuevo frente contra Óscar Puente por la AP-9

Nuevo frente abierto contra el Gobierno central desde Galicia a cuenta de la autopista AP-9, la eterna piedra en el zapato (y culebrón interminable) de las carreteras gallegas. La Xunta de Alfonso Rueda ya ha dicho alto y claro que acudirá a los tribunales si el departamento de Óscar Puente no les aporta copia del expediente del procedimiento de infracción 2021/4052 abierto en Bruselas a cuenta de la Autopista del Atlántico, la columna vertebral para la comunicación terrestre de la región.

Y el frente político podría ser más amplio porque el Ejecutivo gallego ha abierto contactos con los de Asturias (PSOE) y Castilla y León (PP) para “coordinar” acciones. El objetivo último es eliminar los peajes y “liberar” la AP-9, de Ferrol a Tui/Portugal, y la AP-66, desde Campomanes (Asturias) a León, el único tramo de pago de la Ruta de la Plata que une Gijón y Sevilla.

El Principado de Asturias desea -y así lo ha comunicado por escrito-, que la justicia europea prosiga con el expediente y elimine el peaje, mientras que el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, también se ha postulado a favor.

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Empezamos por la AP-9. La historia de esta autopista está trufada de obstáculos que, en resumen, han sido multimillonarios para la concesionaria, Audasa (Autopistas del Atlántico), y un agujero en el bolsillo de la sociedad gallega por el alto coste que supone para cualquier ciudadano o sector moverse a diario entre A Coruña y Vigo: 20,45 euros por trayecto, por ejemplo. Unos 0,13 euros por kilómetro.

La Comisión Europea, en septiembre del 2021, abrió una investigación a cuenta de las irregularidades detectadas en la prórroga de la concesión que otorgó a Audasa el equipo de José María Aznar en el 2000. Lo hizo a resultas de una denuncia de En Colectivo, una asociación de usuarios del área de Vigo. Era la tercera prórroga de la misma infraestructura y no se licitó públicamente, por lo que entienden que vulnera la normativa (93/37/CEE) de contratación.

Cuatro años y muchos papeleos después, el pasado miércoles expiró el plazo para que el Ejecutivo, vía Ministerio de Transportes, respondiese al dictamen motivado de la CE por la supuesta ilegalidad, antes de seguir el proceso para elevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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Y de todas las opciones posibles, como rescatar la concesión o abrir una nueva licitación -todas mil millonarias por el coste de indemnizar a Audasa-, el Gobierno central ha optado por la más inmovilista: un recurso para ganar tiempo, aunque Bruselas ya ha rechazado antes los mismos argumentos (que entonces Audasa era pública). El recurso además se limita a echar balones fuera, culpando del embrollo jurídico a los gobiernos del Partido Popular que la autorizaron.

El proceso, que aún está lejos del final, quedaría en manos del TJUE con una sentencia presumiblemente nada barata para el erario público.

AP-66: La autopista del Huerna

Y en el mismo paquete que la AP-9 estaría la AP-66, la autopista astur leonesa del Huerna: 15,60 euros por un tramo de 78 kilómetros, cruzando la cordillera Cantábrica desde Lena hasta León. Es aquí donde la Xunta apuesta por abrir un frente común y sumar a otras dos autonomías a la batalla por el rescate de las dos autopistas para acabar con la sangría histórica de sus peajes. “Contactaremos para coordinar la mejor forma de actuar, para conseguir la liberación”, afirmó la consejera gallega de Infraestructuras, María Martínez Allegue.

“A la vista del dictamen de la CE, entendemos que lo mejor para el interés público de Galicia es el rescate, y lo antes posible, porque con la habitual falta de transparencia del Gobierno central vemos como siguen sin tomar la decisión”, afeó al departamento de Puente. “Iremos a la vía judicial para reclamarlo ante la inactividad de la Administración central”, reiteró.

También desde el BNG, que lidera la oposición gallega, remitieron la semana pasada una carta a Óscar Puente para urgirlo “al rescate sin más dilación”. Mientras, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, daba la vuelta al argumento para instar al PP a “pedir perdón por hipotecar a Galicia durante décadas” con la prórroga “sin mover un dedo por aliviar el peso del peaje”.

AP-9: tres prórrogas

El primer decreto para construir y otorgar la concesión de la Autopista del Atlántico lo firmó, todavía en dictadura, Francisco Franco en el Pazo de Meirás (Sada) en 1973. El primer tramo se abrió seis años después y el último se demoró otros 21. La concesión pasó de 39 a 75 años con prórrogas de Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar en 2000. Esta última es la que cuestiona la Comisión Europea.

El coste de “liberar” la AP-9 es incierto. Desde los 2.356 millones de euros que estima la Xunta a los 904,7 que calculó la Universidad de A Coruña (UdC) a resultas de un informe encargado por los nacionalistas. El ministro de Transportes, por su parte, lo situó en el arco de los 6.000 millones en junio del año pasado.

La Xunta estimó el rescate de la AP-9 en 2.356 millones. El BNG, en 900 y Puente, en 6.000

La AP-9 también tiene el honor de haber concentrado casi más iniciativas legislativas que ninguna otra infraestructura. Desde la unanimidad del Parlamento gallego -la última hace unos días- para pedir su transferencia a Galicia hasta la petición de su rescate en un sinfín de iniciativas en el Congreso y el Senado. La respuesta del Gobierno fue un sistema de bonificaciones por tramos en función del uso -se amplió para 2025- o su supresión (peaje en la sombra) que se abonan con fondos públicos y un alto coste anual.

Por la AP-9 circulan diariamente unos 26.500 vehículos, de acuerdo con los datos facilitados por la propia empresa, hasta 60.000 en algunos tramos. Martínez Allegue refirió un informe de la Axencia Galega de Infraestructuras para dejar constancia de la “evolución desorbitada” de las tarifas para los usuarios y del "enriquecimiento progresivo" de la concesionaria.

Contra "sus costes inasumibles", también alza la voz Apetamcor, que agrupa a pymes y autónomos del transporte en la comunidad. La AP-9 es la única alternativa rápida para evitar las carreteras nacionales en el Eje Atlántico, aunque las quejas de los usuarios por el estado de su firme en según qué tramo son continuas.

En 2024, los beneficios de esta compañía en manos de fondos de Holanda y Suiza alcanzó los 90,27 millones de euros, con un volumen de negocio de 210 millones.