Galicia amplía sus fronteras en 38.500 km cuadrados bajo el mar: no todo son ventajas

Más soberanía marítima, pero… ¿para qué? Galicia va a ver aumentados sus dominios en 38.500 kilómetros cuadrados, los que mide la gran plataforma continental que la ONU le acaba de adjudicar después de dos décadas de gestiones. La decisión, adoptada en agosto por la Oficina de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar, localizada en Nueva York, presenta unas cuantas ventajas, pero también algún inconveniente. De hecho, el nuevo territorio submarino comprende parte de la zona donde durante casi cuatro décadas se depositaron 200.000 bidones con residuos radiactivos, que una misión científica francesa comenzó a rastrear este verano.

A España le corresponderá en el futuro la responsabilidad de localizar esos barriles y chequear su estado, aunque hayan sido otros países europeos los que en su día los arrojaron al mar. "No se conoce con exactitud la localización de los residuos, pero parte de estas zonas profundas pasarán a formar parte del territorio español, lo que requerirá campañas oceanográficas de prospección para hallar más vertidos nucleares en la jurisdicción española", señala el investigador del CSIC Luis Somoza, coordinador científico de la misión del Ministerio de Asuntos Exteriores en el proceso ante Naciones Unidas. "Hay buques oceanográficos en España con herramientas estupendas para detectar la ubicación de los residuos, como el Odón de Buen, con base en Vigo", puntualiza.

El terreno ganado en la plataforma submarina extiende en buena parte de la costa gallega el límite de las aguas territoriales más allá de las 200 millas que establece la Convención del Derecho del Mar hasta casi alcanzar las 300. Los recursos pesqueros, de haberlos, serán para España. Es además una zona rica en metales como manganeso, níquel, cobre y cobalto, así como en las demandadas tierras raras. "No sería descabellado que hubiese petróleo", añade el coordinador del proyecto, aunque su extracción esté prohibida en España desde 2021. "Evitaríamos que cualquier otro país pudiese llevar a cabo la explotación sin el consentimiento del Gobierno", aclara.

La conservación es uno de los ejes fundamentales de un proyecto que arrancó en 2005. "Esa plataforma continental es territorio español, y como tal debe ser a España a quien le corresponda, por ejemplo, garantizar la protección de los fondos marinos", lugares profundos que hasta hace relativamente poco tiempo se utilizaban como vertederos nucleares. Somoza pone otro ejemplo. "Supongamos, y ojalá que no ocurra, que tenemos otro Prestige un poco más allá, más lejos de las 200 millas. La responsabilidad de la gestión de la catástrofe no se podría poner en duda".

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"Es un hito para España. Porque no solo supone la explotación de sus recursos, supone su capacidad para ejercer la defensa del medioambiente marino, sobre todo profundo. Es una oportunidad para tener más espacio de sostenibilidad y protección", resume Somoza. "Aumentamos nuestra zona de protección, es como poner un cortafuegos, impedir la posibilidad de que alguien haga algo que no le interesa a España en aguas que dejan de ser internacionales".

Un punto clave de esos nuevos 38.500 kilómetros cuadrados ­­—una extensión equivalente al tamaño de Extremadura— es el denominado Gran Burato (gran agujero), un enorme cráter a 1.700 metros de profundidad descubierto a principios de siglo, de notable interés científico. Sus cuatro kilómetros de diámetro lo convierten en una de las estructuras geológicas de origen gasística más grandes del mundo, ya que su formación se atribuye al gas acumulado en el subsuelo, que causó una explosión. El interés económico de este descubrimiento se plasmó en un convenio entre la Universidad de Vigo y la Xunta para realizar dos campañas en 2010 y 2011, en las que se determinó que la inversión necesaria para la explotación de gas la hace actualmente inviable.

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Para Somoza, la aprobación provisional lograda a principios de agosto por la ONU supuso un alivio. "Llevamos tanto tiempo con este proyecto que casi da vergüenza decirlo; son dos décadas, pero es el tiempo que requiere una actuación con un perfil tan científico como esta", señala el investigador, que recuerda que el procedimiento está establecido en la Convención del Derecho del Mar. Hace un mes, una comisión de Naciones Unidas validó la propuesta española, que deberá ser ratificada en febrero por el plenario de la ONU.

Somoza participó en dos campañas oceanográficas en el buque del CSIC Sarmiento de Gamboa. Son datos de 2005 que hubo que actualizar ante la dilatación del proceso. Después, cuando en 2019 la propuesta cogía impulso definitivo, la pandemia la paralizó durante dos años. "Ya en 2021 se aceleró, y ahora está en el tramo final". Antes de pasar por el pleno de Naciones Unidas, la ponencia española será leída en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), un organismo formado por 21 expertos mundiales en geología marina, encargado de aprobar los estudios científicos y técnicos, que se ha comprometido a validar definitivamente la ampliación.

La lentitud del proceso explica que hasta 97 propuestas estén en lista de espera para lograr la validación de la comisión de la ONU, algunas en zonas tan sensibles como el Ártico o Groenlandia. "Salimos ya del túnel, porque es un trámite importante", advierte Somoza. En cinco meses se hará realidad la segunda extensión de la plataforma continental de Galicia, después de la aprobada en 2006 conjuntamente con Francia, Reino Unido e Irlanda, que supuso la incorporación de 20.000 kilómetros cuadrados a la soberanía española.