Rueda choca con las eléctricas: las nuevas medidas de la Xunta le enfrentan con las compañías

Una de las críticas recurrentes de la oposición durante el mandato de Feijóo en Galicia fue el supuesto idilio entre su Gobierno con las eléctricas. La foto del abrazo en su toma de posesión como presidente de la Xunta con Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, le persiguió hasta el mismo día que dejó el cargo, como presunta prueba de una amistad "peligrosa". En eso su sucesor, Alfonso Rueda, también busca perfil propio, con medidas que han provocado las protestas de las empresas afectadas, que le acusan de provocar "incertidumbre y litigiosidad" en el sector. La oposición, mientras, desconfía de lo que considera "una campaña pactada para intentar hacerle ver a la ciudadanía cosas que no son realidad", según el BNG.

Las nuevas exigencias se venían deslizando desde hace tiempo, pero ha sido ahora, con la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2025 –una vez más con carácter de ley ómnibus–, cuando se han materializado. En concreto, con dos grandes novedades relacionadas con la energía eólica: la exigencia de repotenciar los aerogeneradores que cumplan 25 años, lo que obligará a muchas compañías a afrontar fuertes inversiones, y la obligación de vender al menos la mitad de su producción a particulares y sociedades radicadas en Galicia.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que representan a gigantes como Iberdrola, Endesa, Acciona o Naturgy, han respondido con un comunicado conjunto en el que expresan su desacuerdo con la novedades legislativas, que suponen "un golpe adicional al clima de inversión en el sector eléctrico en la región".

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Las exigencias de la Xunta, apuntan, supondrán "una ralentización del proceso" de transición energética, especialmente en una comunidad autónoma que "lleva años sujeta a una gran inseguridad jurídica por la suspensión de autorizaciones, que en la práctica ha impedido el desarrollo de nuevos proyectos". Rueda respondió a la patronal que debe mirar más allá de los beneficios: "Aparte de pensar en la cuenta de resultados, tiene que pensar también en los territorios".

La repotenciación obligatoria de las instalaciones con más de 25 años afectará a un centenar de parques y a en torno a 3.000 instalaciones que superarán esa antigüedad en los próximos cinco años, con lo que se reducirán a 600, según cálculos de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La medida tiene como objetivo la eficiencia del sector y el respeto por el paisaje gallego, pero la Asociación Empresarial Eólica la considera "errónea y perjudicial para los intereses de las empresas, la sociedad, la economía y la imagen de país". "Choca frontalmente con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico existente", advierte.

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La otra novedad que ha enfurecido a la patronal eléctrica, también incorporada a la Ley de Presupuestos mediante enmiendas del Grupo popular, es la obligación para las compañías que asuman nuevas concesiones hidráulicas de comprometer la venta de al menos el 50% de energía a usuarios o industrias de Galicia a través de contratos de suministro a medio o largo plazo (conocidos como PPA), lo que les permitirá eludir la moratoria a los nuevos eólicos en áreas reservadas al plan sectorial. La disposición se abre paso como modificación de la reciente Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, encaminada al fomento de la formalización de contratos de suministro en los concursos públicos que se convoquen para la producción de energía eléctrica.

Para la patronal, esta obligatoriedad es "contraria a Derecho" y supone "una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado, comprometiendo los principios constitucionales en España, en particular el principio de unidad de mercado, y de mercado único europeo". "Obligar a las empresas a vender en una región para poder operar en ella es contrario a los fundamentos de competencia, de la prosperidad del país y en definitiva de todos sus territorios", señalan las tres grandes asociaciones.

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Respecto a la repotenciación de los aerogeneradores antiguos, las eléctricas aseguran que dichos molinos funcionan "con absolutas garantías". Argumentan que en la actualidad la generación anual de electricidad renovable de los eólicos "es, en la inmensa mayoría de los casos, superior a la que tenían en el momento de su puesta en marcha, debido a las mejoras e inversiones introducidas durante su vida útil", que "preveían recuperar más allá de los 25 años". En su opinión, la medida es "antieconómica", distorsiona la competencia y tiene carácter retroactivo, "ya que condiciona la autorización en su día otorgada".

Rueda, que viene marcando diferencias respecto a Feijóo en cuestiones como esta o la reclamación de transferencias competenciales a Galicia, asegura que las protestas de la patronal no le harán cambiar de idea. "Hay que hacerlo", ha respondido a las críticas, para añadir que "guste o no a las eléctricas se va a mantener".

Ese cambio de estrategia se ve con recelo desde la oposición. Para el PSdeG, el sistema energético autonómico se ha convertido en un "modelo Frankenstein", resultado de un escenario caracterizado por "bandazos regulatorios" y "falta de seguridad jurídica". Ana Pontón, del BNG, mientras, ve en las críticas de las eléctricas una "campaña pactada para seguir engañando" a la ciudadanía en relación con la energía y sus precios.