Llegar por trabajo, quedarse 'endeudada' y acabar víctima de trata: "Su vida está tasada"

Les decían que vendrían para trabajar como camareras, cuidadoras en un domicilio o dependientas de algún comercio. Pagaban sus billetes y, una vez en España, las enclaustraban en un piso del que no podrían salir hasta pagar la deuda por el viaje. Y entonces, la trampa se desvelaba: las mujeres terminaban siendo explotadas sexualmente y obligadas a prostituirse en contra de su voluntad. Esta red de trata, con víctimas halladas en A Coruña, Ourense, Burgos, Cuenca y Madrid procedentes casi todas de Latinoamérica, se ha saldado con nueve detenidos y 21 chicas liberadas por la Policía Nacional.

Casi todas las detenciones (seis de ellas) se efectuaron en Galicia, donde estaban afincados la mayoría de miembros de la trama, de origen colombiano. En esta y otras comunidades tenían alquilados pisos, o bien a su nombre o al de un tercero, en los que encerraban a las mujeres, les quitaban la documentación y las obligaban a prostituirse hasta recuperar, como mínimo, 7.000 euros por el viaje. Es lo que explica el inspector jefe de la Brigada Superior de Trata del CNP, Daniel Pulido, que atiende a El Confidencial para explicar el alcance de este último golpe a la explotación sexual. "Era una barbarie. Les mentían para atraerlas y, una vez aquí, su vida estaba tasada", lamenta el agente.

Aunque los presuntos cabecillas ya han sido detenidos, la Policía no lo da por concluido. "Parece que eso es todo, pero lo normal en estas investigaciones es que queden abiertas hasta que se constata que no aparece nueva documentación, pues pueden aparecer nuevas víctimas si alguien se atreve a dar el paso de denunciar", sostiene Pulido, que añade que las 21 personas liberadas se hallaron gracias a mensajes difundidos en redes sociales vinculados a algunas de ellas, en las que advertían o daban pistas de la situación en la que se encontraban.

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EFE

Un grupo especializado en Internet y aplicaciones de mensajería es el que se encarga de rastrear estos mensajes hasta dar con las víctimas, que en su mayoría pasan ahora a ser testigo protegido, una categoría pensada para cuando corre peligro una vida o la integridad física de alguien. El modus operandi de la red consistía en contactar con ellas para ofrecerles oportunidades laborales en España, siempre relacionadas con la hostelería, el comercio, la limpieza u otras actividades convencionales.

Cuando accedían, los criminales se ofrecían a pagarles el billete para que así pudieran cruzar el charco y, una vez en el país, se les anunciaba que habían contraído una deuda de miles de euros con ellos. Entonces, las obligaban a prostituirse hasta resolverla. "La deuda, realmente, no era más que un mecanismo de coacción", puntualiza el inspector.

Daban el 50% del beneficio a su explotador

Los instigadores de esta trama, no obstante, no siempre tenían relación entre sí. "Entre los detenidos había un matrimonio, pero la mayoría eran simplemente miembros de un negocio ilegal que colaboraban para llevarse parte del pastel", asegura Pulido. Sus edades oscilaban entre los 40 y los 50, mientras que las víctimas eran siempre más jóvenes, de entre 20 y 30 años. Ninguna era menor de edad. Algunos acusados cuentan con antecedentes penales, pero nunca vinculados a la prostitución coactiva, sino a otro tipo de asuntos que la Policía Nacional no llega a detallar.

El grupo presuntamente llegó a vender a algunas de las víctimas a otros tratantes por cantidades cercanas a los 1.000 euros. Estas mujeres venían de una situación de gran vulnerabilidad que les llevaba a viajar a España en busca de una oportunidad mejor y que les diera calidad de vida. Los explotadores les proporcionaban reservas de hotel en Madrid, seguro médico de viaje y vuelo de vuelta a su ciudad natal a fin de simular su condición de turista, y las instruían sobre cómo comportarse en la frontera para evitar levantar sospechas ante las autoridades.

Las mujeres se hospedaban en estos lugares durante un tiempo determinado hasta que eran trasladadas a otros pisos de diferentes provincias. Ejercían la prostitución durante todo el día y el beneficio obtenido era repartido al 50% con el entramado. Además de las liberaciones, en los pisos prostíbulo inspeccionados se han intervenido ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y varios documentos que podrían aportar a la investigación, según la Dirección General de la Policía Nacional.