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Tras una noche de juerga

Vandalismo en la catedral de Santiago: un conflicto de competencias impide la videovigilancia

Una nueva pintada en la fachada del Obradoiro reabre el debate sobre el control en una zona repleta de turistas y estudiantes

Foto: Varios peregrinos junto a la catedral de Santiago. (EFE/Lavandeira Jr)
Varios peregrinos junto a la catedral de Santiago. (EFE/Lavandeira Jr)

El Pazo de Xelmírez, integrado en la catedral de Santiago, sufrió el pasado fin de semana en sus milenarias piedras las consecuencias del vandalismo. Tras una noche de juerga en las calles del casco histórico compostelano, en plenas fiestas locales de la Ascensión, el antiguo palacio episcopal amaneció con una grosera pintada que provocó la indignación de todos y la intervención del arzobispo emérito, que expresó su malestar por lo ocurrido. "El patrimonio cultural hay que cuidarlo muchísimo y esto es responsabilidad de todos", reclamó Julián Barrio. El nuevo ataque contra el patrimonio evidencia las deficiencias de esa responsabilidad colectiva: nadie asume las competencias de la vigilancia, hasta el punto de que la plaza del Obradoiro carece de cámaras de seguridad que permitan identificar a los vándalos.

No es la primera vez que ocurre. En agosto de 2018, una de las figuras de la fachada de Praterías de la catedral, la única que se conserva de estilo románico, apareció con la cara pintada de color azul, de forma que pretendía emular el maquillaje de los miembros de Kiss, y el nombre del grupo garabateado sobre el cuerpo de la estatua. Meses después, en las inmediaciones de la escalinata de la fachada principal, que da a la plaza del Obradoiro, alguien realizó una nueva pintada: "Yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi coño". Y en el Arco de Palacio, también integrado en el conjunto histórico-artístico de la catedral, otras tres: "Guillotina Borbón", "Gritaremos hasta quedarnos sin Vox" y "No nos pararán".

La plaza cuenta con varias cámaras, pero ninguna es de videovigilancia

Aquellos hechos hicieron saltar las alarmas por la confusión respecto a la vigilancia en el Obradoiro, cuya responsabilidad permanece difuminada cuatro años después. La plaza cuenta con varias cámaras, pero ninguna es de videovigilancia, por lo que no graban. Fue imposible identificar a los autores de los atentados contra un conjunto histórico-artístico de notoriedad mundial. Tras aquellos hechos, el conselleiro de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, anunció que su departamento estaba dispuesto a asumir el coste de la instalación de más cámaras en los alrededores de la catedral, en el caso de que el Ayuntamiento —entonces gobernado por Compostela Aberta— "entienda que no es necesario o no lo asuma".

El ayuntamiento, ahora del PSOE, confirma que no existe previsión a corto plazo de colocar videovigilancia, un trámite que considera complejo por tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC). El presidente de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, defiende que la instalación de cámaras que graben sería "una ayuda" para evitar que se repitan actos como el del pasado fin de semana. "Nosotros no podemos colocarlas en la vía pública, es un asunto que corresponde a las Administraciones, y no podemos olvidar que afecta a derechos fundamentales y que hay una serie de limitaciones", admitió.

Este tipo de actos están calificados como infracción grave en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que prevé para los responsables sanciones económicas que oscilan entre los 6.000 y los 150.000 euros. El Código Penal establece la posibilidad de resolver con penas de cárcel de hasta tres años las agresiones contra bienes artísticos. Además, el Tribunal Supremo revocó el pasado año la anulación que la Audiencia Provincial de Madrid había hecho de una sentencia de cinco meses cárcel contra un hombre que realizó un dibujo con rotulador sobre una escultura de Eduardo Chillida en Madrid. El alto tribunal estableció en su fallo que "la gravedad de la conducta debe de valorarse siempre atendiendo al valor cultural de los bienes dañados, no relacionándolo en ningún caso con su valor económico, en muchos casos, nulo o imposible de determinar".

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Es probable que los autores del último ataque en la plaza del Obradoiro —considerada por muchos, entre ellos Gabriel García Márquez, la más bella del mundo— desconocieran las consecuencias legales y penales que se derivan de su actitud. La zona está permanentemente concurrida por el día por la llegada de peregrinos a la catedral y por la noche por estudiantes de fiesta, especialmente durante celebraciones como la de la Ascensión. En marzo de este mismo año, un grupo de universitarios escalaron la fachada de la catedral, lo grabaron y lo subieron a las redes sociales. El vídeo refleja cómo los jóvenes trepan por una verja del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. Colectivos de defensa del patrimonio como Apatrigal denunciaron unos hechos que calificaron de deplorables, especialmente tras la reciente restauración del templo.

Según confirmó la concejal de Urbanismo, Mercedes Rosón, el pasado fin de semana se hicieron otras dos pintadas en una calle próxima al Pazo de Xelmírez, y todo apunta a que fueron realizadas por la misma persona. Estas últimas fueron eliminadas rápidamente, pero la del antiguo palacio episcopal, un garabato con forma de pene, requirió un estudio previo para minimizar el deterioro de las piedras. Por suerte, el spray utilizado se secó rápidamente, lo que evitó que penetrara en la roca y facilitó su eliminación. Más costosa fue la restauración de la figura de la fachada de Praterías, que tuvo un coste de 12.000 euros.

El Pazo de Xelmírez, integrado en la catedral de Santiago, sufrió el pasado fin de semana en sus milenarias piedras las consecuencias del vandalismo. Tras una noche de juerga en las calles del casco histórico compostelano, en plenas fiestas locales de la Ascensión, el antiguo palacio episcopal amaneció con una grosera pintada que provocó la indignación de todos y la intervención del arzobispo emérito, que expresó su malestar por lo ocurrido. "El patrimonio cultural hay que cuidarlo muchísimo y esto es responsabilidad de todos", reclamó Julián Barrio. El nuevo ataque contra el patrimonio evidencia las deficiencias de esa responsabilidad colectiva: nadie asume las competencias de la vigilancia, hasta el punto de que la plaza del Obradoiro carece de cámaras de seguridad que permitan identificar a los vándalos.

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