Falta un perito judicial: así se fraguó el conflicto entre el Gobierno y la justicia por el 'Pitanxo'
El barco que examinará el pecio en Terranova zarpa de Vigo sin coordinarse con la Audiencia Nacional y sin uno de los peritos requeridos
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Lo que parecía una victoria de las 21 víctimas del Villa de Pitanxo se ha convertido en un nuevo capítulo de la pesadilla que viven desde que se hundió el barco, en febrero de 2022. El pasado miércoles, el buque Ártabro zarpaba de Vigo con destino a Terranova para inspeccionar el pecio, tal y como reclamaban, pero la alegría pronto se transformó en indignación, en cuanto se conoció que la expedición carece del permiso de la Audiencia Nacional, que reclama participar en la coordinación del operativo que se encargará de localizar y tomar imágenes del arrastrero. Es un nuevo capítulo de las diferencias, hasta ahora soterradas, entre la Audiencia y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), que lidera la expedición.
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Las pruebas que consiga la expedición en el lugar del hundimiento, frente a la costa canadiense, son fundamentales para la resolución del caso, dadas las distintas versiones ofrecidas por los tres únicos supervivientes. El juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, que lleva la causa por 21 presuntos homicidios por imprudencia, envió el 8 de mayo un oficio al Ministerio de Transportes en el que recriminaba la falta de información en el proceso por el que se licitó la operación. Según detalla, la sala que preside Ismael Moreno es la competente para concertar con la adjudicataria las fechas de la operación, concretar sus necesidades y concertar la participación de los peritos judiciales.
La CIAIM hizo caso omiso a las peticiones judiciales. A las 21.27 horas del pasado martes, remitió un oficio a la Audiencia para informar de que el buque zarparía al día siguiente con rumbo a la zona del hundimiento. También reveló que a bordo se reservó espacio en la misión para dos peritos judiciales, de los que solo uno embarcó, ante la imposibilidad de contactar con el segundo. “No ha confirmado su presencia”, detalló la agencia gubernamental, que apelaba a que el barco tiene “teléfono móvil, correo y videoconferencia” para emplazarlo a embarcar la próxima semana desde Terranova, “si ese juzgado así lo dispone”.
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Tal y como había anunciado, la misión zarpó el miércoles de Vigo con un perito judicial a bordo y ninguno en representación de la acusación particular, ejercida por los familiares de las víctimas. Ese mismo día, la Audiencia insistía con un requerimiento al Ministerio de Transportes para que procediera a dar cumplimiento a su oficio del 8 de mayo, y daba traslado del conflicto a la Fiscalía y a las partes personadas “para que indiquen lo que estimen oportuno”.
La fiscalía trasladó al juez de la Audiencia su asombro. “Sorprende que se desarrolle una actuación en el plano administrativo a espaldas de la intervención judicial cuando aquella se ha efectuado precisamente merced a la resolución de este Juzgado al que, por el contrario, no le consta absolutamente nada del desarrollo de las gestiones que se han encomendado”, señaló en un escrito.
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La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, apela al carácter “independiente” de la CIAIM para desvincularse del conflicto, a pesar de su condición de agencia dependiente del Gobierno. Sus explicaciones no convencen a los familiares de las víctimas, que ya se movilizan para exigir explicaciones, ni a partidos como el PP o el BNG, que reclaman el regreso del Ártabro al puerto de Vigo para evitar una posible nulidad judicial de las pruebas que se recaben en el lugar del naufragio. Los populares han instado a Sánchez a explicar en el Congreso por qué el buque zarpó sin autorización de la Audiencia Nacional, mientras que el diputado del BNG, Néstor Rego, ha pedido que se detenga la operación para “garantizar la fiabilidad de las pruebas en la bajada al pecio”.
La misión del Ártabro, de la empresa viguesa ACSM, tiene como objetivo esclarecer las dudas que se ciernen sobre el accidente del arrastrero con base en Marín, para desentrañar así las contradicciones entre los tres supervivientes. El capitán del pesquero, Juan Enrique Padín, relató que el motor del barco dejó de funcionar de forma súbita y sin motivo aparente, lo que dejó la embarcación a merced de las olas. Su sobrino, que también sobrevivió, avaló su versión. Pero el tercer superviviente, el marinero Samuel Kwesie Koufie, atribuyó el naufragio a una maniobra temeraria del capitán. Según su relato, las redes se engancharon con algún elemento del fondo del mar y Padín se negó a cortarlas para evitar perder la pesca, lo que acabaría provocando el hundimiento. Su versión fue corroborada por la tripulación del Playa Menduiña Dos, que rescató a los tres tripulantes vivos y recuperó los cuerpos de varias víctimas.
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El desencuentro entre la Audiencia Nacional y el organismo gubernamental que lleva a cabo la investigación ha supuesto un trago amargo para las familias de las víctimas, que llevan 15 meses reclamando que se baje a inspeccionar al pecio para esclarecer las causas del siniestro. Ahora instan al juez Moreno a que ordene el regreso del Ártabro para evitar una eventual nulidad de las pruebas y exigen “responsabilidades” por la decisión de partir hacia Terranova sin autorización judicial. En una concentración de protesta ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, su portavoz, María José de Pazo, calificó el del miércoles de “día triste, negro, demoledor, no solo para las familias, sino para estos 21 que no tienen voz”. “Nosotros iniciamos toda esta búsqueda de la verdad por ellos, para que se aclare todo lo que ha pasado, para saber la verdad”, manifestó.
La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, aseguró este jueves en el barco viajan actualmente tres peritos judiciales: uno nombrado por la Audiencia Nacional, otro designado por CIAIM y un tercero de la Agencia Europea de Salvamento Marítimo en calidad de observador. La comisión de investigación emitió un comunicado apenas 24 horas después en el que confirma la condición de perito del representante judicial, mientras que atribuye la de “representantes” a los tripulantes designados por la propia CIAIM y por la agencia europea.
Lo que parecía una victoria de las 21 víctimas del Villa de Pitanxo se ha convertido en un nuevo capítulo de la pesadilla que viven desde que se hundió el barco, en febrero de 2022. El pasado miércoles, el buque Ártabro zarpaba de Vigo con destino a Terranova para inspeccionar el pecio, tal y como reclamaban, pero la alegría pronto se transformó en indignación, en cuanto se conoció que la expedición carece del permiso de la Audiencia Nacional, que reclama participar en la coordinación del operativo que se encargará de localizar y tomar imágenes del arrastrero. Es un nuevo capítulo de las diferencias, hasta ahora soterradas, entre la Audiencia y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), que lidera la expedición.