Prohibidas las 'fake news' y pasear por montes de riesgo: la nueva ley gallega de incendios

“Está prohibida para cualquier persona o entidad pública o privada la creación o difusión de hechos o datos falsos en relación con los incendios forestales por cualquier medio, incluidas las redes sociales”. Esta frase, incluida en el artículo 5.7 de la futura ley de incendios de Galicia, ha encendido todas las alarmas, pero no por el peligro de las llamas. El Colegio Profesional de Periodistas de Galicia (CPXG, por sus siglas en gallego) emitió un comunicado exigiendo la retirada de la prohibición, criticada por partidos de la oposición y otras organizaciones. No es el único veto del anteproyecto recientemente aprobado por el Consello de la Xunta, que también contempla impedir el acceso de personas y vehículos en los montes en cualquier momento del año, si se considera que existe peligro de siniestro.

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Después de cerrar en 2022 la tercera peor temporada de incendios del siglo, con 51.643 hectáreas quemadas, y casi dos años después de que la Xunta la anunciara en 2021, la Consellería de Medio Rural ha impulsado una ley integral que incentiva la prevención y pone el foco en la puesta en marcha de actividades agroganaderas para mantener un territorio activo. No en vano, el abandono del monte se considera una de las causas del creciente fenómeno de los incendios. Otra característica creciente de los fuegos es su carácter cada vez menos estacional, con episodios de actividad incendiaria fuera del verano. Es la razón por la que la Xunta ha ampliado su potestad de vetar los paseos por zonas forestales a cualquier época del año.

Pero el artículo más polémico de la nueva ley es el que hace referencia a la prohibición de difundir informaciones falsas, una infracción tipificada como grave que implicaría multas que van desde los 1.001 hasta los 100.000 euros. En un comunicado, el Colegio de Periodistas gallego señala que la norma “puede ser interpretada como una limitación de la libertad de información, al apuntar implícitamente a la Administración como única fuente autorizada”. Así, reclama la retirada de la medida “para evitar cualquier posible lectura contra ese derecho fundamental”. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha ofrecido a “mejorar la redacción” del artículo, pero reiteró su defensa de establecer un mecanismo que penalice avisos “claramente falsos” que conducen a una movilización de medios de extinción.

El nuevo veto se produce además en un contexto en el que los periodistas se ven con serias dificultades informativas para la cobertura de los incendios en Galicia, ya que la consellería dejó en 2009 de ofrecer información sobre aquellos que no alcancen 20 hectáreas de superficie ni afecten a espacios naturales protegidos, salvo que los medios se dirijan específicamente a Medio Rural para obtener información específica de alguno en concreto. Esa situación obliga muchas veces a acudir a fuentes como agentes forestales o vecinos.

El CPXG subraya que los periodistas tiene la posibilidad, “si no la obligación deontológica”, de obtener datos alternativos de distintas fuentes, “que deben ser contrastadas de manera profesional, pero sirven para contextualizar y, en su caso, contrarrestar o poner en duda los datos oficiales de la Administración, que no deja de ser también una fuente interesada”. “Cualquier tentativa de limitar la posibilidad de expresión o de transmisión de estas fuentes solo puede redundar en un gravísimo deterioro del derecho de la ciudadanía a ser informada, intolerable en un estado democrático”, añade. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se sumó a las críticas al denunciar una situación de “censura”. La líder nacionalista criticó que “la gran medida” de la Xunta contra los incendios sea “impedir que se hable de ellos”.

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Pocas horas después del comunicado del colegio profesional Rueda se ofreció a cambiar la redacción del artículo para evitar que se pueda vincular con censura informativa, pero aseguró que ese no es el objetivo de la ley. De hecho, se mostró convencido de la necesidad de sancionar avisos “claramente” falsos que provocan la movilización de medios de extinción de los fuegos, a menudo en momentos en los que pueden ser necesarios en otro lugar. “Si esto ocurre, si hay un aviso, una denuncia o una llamada, y se ve claramente que se dan datos que no son verdad, esta conducta hay que sancionarla”, insiste el presidente de la Xunta..

La otra gran prohibición prevista en la ley tiene que ver con el “acceso, circulación y permanencia” de personas en los montes los días de mayor peligro, con las excepciones de residentes en la zona, propietarios de parcelas, trabajadores, personal contraincendios de la Xunta o cazadores autorizados. El anteproyecto, en exposición pública y que el Gobierno gallego quiere aprobar en el Parlamento antes de que acabe el año, permite ampliar el veto a cualquier época del año y allí donde la consellería lo considere oportuno, como zonas pobladas afectadas por un incremento del fuego. “Los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales podrán determinar las prohibiciones o limitaciones adicionales a la circulación de vehículos a motor por terrenos forestales y al acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión de incendios en determinadas zonas”, señala la norma.