Caso Déborah: otro informe policial indigna a la familia tras dos décadas de lucha

La frustración no cesa en la familia de Déborah Fernández, la viguesa asesinada en 2002 a los 21 años cuyo cuerpo fue hallado 10 días después de su desaparición. Se han cumplido dos décadas desde aquel crimen que conmovió a todo el país, y la lentitud o “negligencia” que rodean la investigación siguen sembrando más dudas que certezas. Mientras la juez que reabrió el caso sigue tomando declaraciones —la última, la de una perito lingüista—, en la familia de la víctima el asombro ha ido en aumento en los últimos días, después de que trascendiera que la Policía Nacional no ha sido capaz de resolver las incógnitas sobre la revisión del teléfono móvil de la joven y el acta de recogida de un disco duro. Los oficios remitidos al juzgado Comisaría General de Policía Judicial han reafirmado a los familiares en su “malestar e incredulidad” respecto a la instrucción del caso.

El análisis del ordenador de Déborah es una de las últimas pruebas que se incorporaron al caso, reabierto en noviembre de 2019 y con un único investigado, su exnovio Pablo S.-Ll, que declaró por primera vez como imputado casi 20 años después de la aparición del cadáver de la chica. Un informe reveló que la computadora había sido manipulada cuando estaba bajo custodia policial. Ante los requerimientos sobre el disco duro y el teléfono móvil de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Tui, que instruye el caso, la Policía admite que no puede aportar nuevos detalles sobre el acata de recogida ni precisar quién hizo las anotaciones relativas al examen del email.

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Es una respuesta que ha indignado a la familia. A instancias de su abogado, la juez solicitaba al Grupo de Homicidios un apunte sospechoso en el acta de 2016 sobre el análisis de las pruebas. En concreto, que se vinculara el examen del correo electrónico de Déborah con un móvil de 2002, una época en la que no era posible gestionar el email desde el teléfono. También preguntaba el juzgado si la Policía era conocedora del documento que sirvió para la elaboración del acta de recogida del disco duro, una prueba que desapareció a consecuencia de unas inundaciones en comisaría.

La Policía Nacional no tardó en dar respuesta a ambos requerimientos, pero sus explicaciones siembran más dudas de las que resuelven. En uno de sus escritos, la Comisaría General señala que no puede determinar la autoría de las anotaciones en el diario de gestiones relacionadas con el email. “No es posible pronunciarse acerca de si las alusiones referentes al examen del correo electrónico son relativas a un teléfono móvil o a un ordenador", señala. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEV, remitió un oficio sobre el acta de entrega del disco duro en el que reconoce que “no se pueden aportar nuevos detalles” sobre la misma.

En definitiva, la Policía admite que no hay nuevos detalles sobre el acta de recogida ni sobre las anotaciones relacionadas con el examen del correo electrónico de la chica. A la vista de los dos nuevos informes, la familia concluye que solo puede hacer dos lecturas: o bien la Policía está “tomando el pelo a todos los actuantes”, o bien “faltó a la verdad” cuando dijo que había analizado el mail desde un teléfono móvil de hace dos décadas.

Todos estos hechos, sumados al cierre en su día de la causa sin ningún investigado —pese a las pruebas que según la acusación pesaban sobre el exnovio—, inciden en la irritación de una familia que habla de “simulacro de investigación”. La Policía Nacional no requirió ni el teléfono móvil ni el ordenador de Déborah hasta el 19 de septiembre de 2006, cuatro años después de su muerte. Los recogió en la casa de sus padres, donde vivía, y permanecieron tres años bajo custodia policial. En 2019, tras la reapertura del caso, el disco duro fue entregado a la juez, que encargó su análisis a la empresa Lazarus Technology, la misma que recuperó los datos del móvil de Diana Quer, después de que el servicio de Ingeniería de la Guardia Civil de Madrid informase de la imposibilidad de extraer su información.

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El abogado de los Fernández ha solicitado además que se unan como pieza de convicción los vestigios enviados por la Policía tras el hallazgo de un legajo sobre la causa el pasado mes de septiembre. Fue otro episodio insólito en un caso plagado de ellos: la aparición de un conjunto de papeles durante unas obras en una comisaría de Madrid que eran completamente desconocidos para la investigación. Se trata de efectos y documentos localizado en el marco de unas obras de reforma en el Complejo Policial de Canillas en Madrid, entre los que se incluye un móvil sin tarjeta SIM, cintas de vídeo, fotografías y varios documentos policiales.

La familia también considera “inadmisible” que la Policía impida a los peritos de las partes estar presentes en la diligencia de análisis del móvil para intentar acceder a su contenido, por lo que han reclamado al juzgado que requiera que se autorice esa presencia de peritos. Y muestra también su malestar con la defensa del único investigado por oponerse a la declaración del doctor Aitor Curiel, el experto que elaboró un informe que determinó que la causa de la muerte de Déborah es “homicida”. Si el investigado nada tiene que ver con los hechos, como así proclama, “¿qué interés tiene en que no se escuche al doctor Curiel?”, se preguntan los familiares de la víctima.