Salas diminutas, frío… Los desatinos de una Ciudad de la Justicia de 42 millones de euros

La Ciudad de la Justicia es una de las obras recientes más emblemáticas de Vigo, mascarón de proa de las actuaciones de la Xunta en el municipio. La inversión asciende a 42 millones de euros, con los que se reformó el antiguo Hospital Xeral para convertirlo en la elegante torre de 18 plantas que destaca sobre el resto de edificaciones en pleno centro urbano. Pero desde que el pasado 22 de octubre comenzó el traslado, la satisfacción inicial de los usuarios se ha ido convirtiendo en malestar e incluso en irritación, a medida que se comprobaban las serias deficiencias funcionales del edificio. La Xunta se ha visto obligada a emprender una plan de reformas antes de que culmine el traslado total de dependencia, previsto para abril, con un sobrecoste que algunas fuentes elevan a 10 millones de euros.

La acústica en la sala principal de vistas es deficiente, y dificulta el trabajo de jueces y abogados; el frío es insoportable en esa sala, en el gran vestíbulo principal y en numerosos pasillos y estancias; el archivo es insuficiente y ya se ha inundado; las salas secundarias son tan diminutas que los acusados y sus representantes legales no tienen donde sentarse; el suelo del hall de entrada está inclinado; hasta tres juzgados distintos comparten espacios separados por tabiques de yeso o estanterías, sin apenas intimidad… Son las principales deficiencias denunciadas por los usuarios, que la Xunta trata de resolver con reuniones con el arquitecto que diseñó la reforma, Alfonso Penela, para acordar reformas.

Estas navidades, en las primeras semanas de uso de las nueva dotaciones—consideradas por el expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo “la joya de la corona de las infraestructuras judiciales de Galicia”—, los termómetros de los pasillos marcaban temperaturas de hasta 9 grados. No es fácil calentar unas instalaciones de estas dimensiones, pero la dificultad de la tarea no consuela a los funcionarios, abogados, procuradores y demás usuarios de los nuevos juzgados. En lo que respecta al frío, la primera medida se dio a conocer estos días: instalar una pecera gigante en el vestíbulo principal para corregir el desnivel del suelo y aliviar el frío que se cuela por los huecos que genera la pendiente.

¿Por qué esa gran recepción del edificio está inclinada? Porque el arquitecto tuvo que unir dos calles a distinta cota. Es una pendiente ligera, de apenas dos o tres grados, pero que motiva que todo el mobiliario del vestíbulo, como los bancos o el detector de metales, estén adaptados. La reforma obligará a cambiarlos. El desnivel tampoco es del agrado de los policías que vigilan la entrada, que se quejan del desgaste que supone para sus espaldas permanecer de pie durante varias horas sobre una superficie inclinada. No será un cambio sencillo. Los visitantes tendrán que caminar 30 metros hacia el fondo de hall y luego retroceder hasta el punto de partida para subir a las salas de juicios por las escaleras mecánicas.

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El frío es también una queja habitual en las salas de vistas, y muy especialmente en la principal. “Es insoportable”, se quejaba un letrado en uno de los primeros juicios que se celebraron en ella, pero no es el único problema que arrastra. La acústica está dificultando de forma notable el desarrollo de las sesiones. La macrosala, la mayor de Galicia, está pensada para acoger a hasta 70 personas, pero lo habitual en el día a día del juzgado es que la ocupe un puñado de asistentes, por lo que los materiales empleados, como el cristal o la madera de las sillas, sin tapizar, provocan una reverberación que afecta al desarrollo de las sesiones. Las videoconferencia y las grabaciones de las vistas —claves para revisar las declaraciones— se han visto seriamente afectadas.

Si la macrosala se queda grande la mayor parte de las veces, el resto de salas andan escasas de espacio. Principalmente, los tres juzgados de lo penal y de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, que no pueden acoger más de cuatro acusados. Muchos abogados han tenido que negociar de pie con el juez por falta de espacio en esas salas. Pese a las deficiencias de acústica y al frío de la macrosala, son muchos los jueces que reclaman su uso para juicios, pero la demanda supera la oferta y hay lista de espera. La alternativa que estudia la Xunta consiste en derribar tabiques y reducir el número de salas de menor tamaño (38 en total). En las próximas semanas está prevista la celebración de varios juicios con más de un acusado en los que estos no caben junto a sus abogados, y mucho menos el público.

Los funcionarios también se quejan de que, en cada planta, los trabajadores de dos o tres juzgados deben compartir oficina separados por un armario de archivos, lo que resta confidencialidad en una tarea en la que ésta es fundamental. Hasta 24 funcionarios tienen que compartir una oficina de unos pocos metros cuadrados. En cuanto al archivo, según denunció el BNG, solo puede acoger 30.000 de los 100.000 expedientes depositados en los antiguos juzgados. Los nacionalistas calculan que el presupuesto de la nueva infraestructura se ha encarecido en torno a un 30%, antes incluso de las nuevas reformas que se aborden.

También se ha denunciado la escasez de espacios para los equipos psicosociales, en los que tienen que reunirse con familias con hijos sin un lugar específico para su espera. El complejo carece también de salas de espera suficientes y hay carencias para preservar la intimidad de los detenidos y sus familias en el momento de comparecer ante los funcionarios.

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La Xunta resta importancia a estas deficiencias. “El proyecto se consensuó con el juez decano, procuradores… Con todos los operadores, cuyas aportaciones fueron recogidas”, afirmó el conselleiro de Justicia y vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, que añadió: “Eso no impide que alguien compruebe que la orientación de su despacho no le gusta, que los enchufes no estén donde le gustaría o que haya que abrir una puerta con la que no se contaba. Eso son ajustes menores que se van haciendo y que algunos ya empezaron”. La secretaria general técnica de la consellería, Elena Muñoz, fue más lejos al asegurar que la hoja de ruta es “exitosa” y que nada en su ejecución se improvisó.