Las nuevas leyes lanzan la carrera por el voto gallego en América

Las próximas autonómicas gallegas serán novedosas por ser las primeras desde la salida hacia Madrid de Alberto Núñez Feijóo, pero también porque convivirán con dos nuevas leyes estatales que en Galicia pueden trastocar los equilibrios electorales. Y las dos por el mismo lado: el de los gallegos en el exterior y sus descendientes. A la reciente supresión del voto rogado, que se espera que haga reaparecer en torno a 150.000 sufragios en la región, se suman las consecuencias de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde este viernes. Con ella, podrán conseguir la nacionalidad en torno a 300.000 hijos y nietos de emigrantes españoles, con derecho a voto en los comicios generales, autonómicos y europeos. Su irrupción será especialmente significativa en esta comunidad, de donde son originarias las familias de muchos de ellos.

Son novedades con impacto en las agendas de los candidatos en las elecciones al Parlamento de Galicia, previstas inicialmente para mediados de 2024, pero susceptibles de anticiparse a 2023. La reciente gira americana del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que visitó durante cinco días de octubre Argentina y Uruguay, recordó a las que eran habituales en tiempos de Manuel Fraga e incluso de Emilio Pérez Touriño, cuando el llamado voto emigrante era decisivo y se peleaba a cara de perro. El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, tiene previsto un viaje al otro lado del Atlántico, en tanto que la nacionalista Ana Pontón estuvo en Colombia en agosto pasado. Como en los viejos tiempos —antes de que en 2011 las reiteradas sospechas de fraude obligaran a establecer severas cautelas en las condiciones del voto exterior—, los gallegos en el exterior y sus descendientes recobran todo su protagonismo.

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El sufragio del extranjero condicionará especialmente la política gallega, donde puede incrementar en torno a un 10% el voto emitido, pero tampoco es desdeñable su importancia en las elecciones generales. Lo sabe Feijóo, que entre el 4 y el 11 de noviembre viajará a Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador. Como cuando presidía la Xunta, la visita no se ceñirá a encuentros con dirigentes políticos, como los presidentes de Uruguay y Ecuador, Luis Lacalle y Guillermo Laso, o el expresidente argentino Mauricio Macri. El líder del PP mantendrá contacto directo con la comunidad española que reside en América del Sur, principalmente en Argentina, donde 480.000 personas son de origen español.

Los efectos en el censo de la ley de memoria no son tan contundentes como los de la reforma de la ley electoral, que entró en vigor el 4 de octubre. Con ella, se elimina la necesidad de 'solicitar' el voto, una simplificación que disparará la participación entre los dos millones de españoles del Censo de Residentes en el Extranjero (CERA), 470.000 de ellos en Galicia. Con la nueva norma, conocida en muchos países americanos como 'ley de nietos', se calcula un incremento de entre 250.000 y 350.000 nuevos nacionalizados. Tampoco se conoce a qué circunscripciones se adscribirán, pero todo indica que Galicia se llevará un buen pedazo de la tarta de nuevos electores.

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Así, las maquinarias electorales de los partidos trabajan con la hipótesis de un fuerte incremento del sufragio exterior en las próximas elecciones autonómicas, unos comicios quizá no tan lejanos, si Rueda se decide a hacerlos coincidir con las generales para aprovechar el efecto Feijóo. En un censo de 2,7 millones gallegos con derecho a voto, el CERA supone en torno al 17,5% del total (470.000). Con la ley de memoria puede subir por encima del medio millón de personas y elevarse hasta el 20% del total. La participación de los residentes ausentes en Galicia, que alcanzó el 35,5% en 2008, se desplomó con el voto rogado y bajó hasta un testimonial 1,17% en las últimas generales. Si recupera sus antiguos niveles, serían unas 175.000 nuevas papeletas en juego, un aumento notable, si se tiene en cuenta que en las autonómicas de 2020 votaron 1,3 millones de gallegos.

Pero antes de que la Ley de Memoria Democrática —que modifica la de memoria histórica de 2007— tenga efectos sobre el censo, los consulados españoles en el extranjero tendrán que hacer frente a peticiones de descendientes de emigrantes que en muchos países amenazan con colapsar los servicios administrativos. Solo en Buenos Aires se esperan unas 60.000 solicitudes, pero también en Brasil, Uruguay, Cuba o Venezuela se aguarda con impaciencia la apertura del plazo de tramitación. El periodo establecido para optar a la nacionalidad es de dos años, ampliables a tres por acuerdo del Consejo de Ministros.

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EFE

Las condiciones para adquirir la nacionalidad española aparecen recogidas en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. En ella se establece que podrán optar a ella "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

La ley establece además otros dos supuestos. Por un lado, los hijos de mujeres españolas que como consecuencia del exilio viajaron al extranjero y, al contraer matrimonio con nacionales de esos países, eran despojadas de la nacionalidad española, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Y por otro, hijos de las personas que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de la Memoria Histórica y que únicamente los menores de edad —por haber estado bajo la patria potestad de un español— tuvieron la oportunidad de adquirir. Esa distinción que dejaba fuera a los mayores de edad se soluciona con la reforma.