Un desfalco y 22 años de investigación: a juicio el fraude en la patronal gallega en los años 90

Si la dudosa gestión económica de la patronal gallega en los 90 se prolongó en el tiempo, su recorrido judicial ha batido récords. Nada menos que 22 años han pasado desde que aflorara un agujero de 6,3 millones de euros en la Confederación de Empresarios de Galicia, a la que se acusa de cometer desfalco con cursos de formación y convertir la organización en lo que la Fiscalía describe como un estercolero económico. La instrucción y el juicio se retrasaron de forma incomprensible hasta esta misma semana, cuando dio comienzo en la Sección Sexta de la Audiencia provincial de A Coruña, con sede en Santiago. El hombre que presidía entonces la CEG, Antonio Ramilo, falleció hace 16 años, algunos de los procesados arrastran problemas de salud que les impiden comparecer y el principal acusado reclama la prescripción de los presuntos delitos.

Este es Rafael Sánchez Sostre y fue secretario de la patronal y mano derecha de Ramilo durante largos años. En concreto, hasta que una auditoría comenzó a destapar en 1999 el descontrol financiero: facturas incobrables, sobrevaloración de la sede e incluso fondos desaparecidos de las cuentas de la entidad sin explicación alguna. Acorralado, el presidente entregó la cabeza de su hombre fuerte, quien declaró que había avisado a Ramilo tres años antes, sin que la advertencia surtiera más efectos que un incremento en el descontrol del gasto. En su comparecencia ante el tribunal, Sostre se acogió a su derecho a no declarar.

La Fiscalía pide para Sostre cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones. Los otros ocho acusados se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel y sanciones que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros. Entre ellos hay socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto.

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Si el retraso de la instrucción del sumario y la impunidad que rodeó la gestión de la CEG son llamativos, también sorprendió el aplazamiento de un juicio que estaba señalado para septiembre de 2019, pero que no pudo celebrarse por “traspapelarse” miles de folios. Las defensas alegaron indefensión al no poder acceder a 21 tomos de la causa: entre 6.000 y 9.000 folios, según distintos recuentos. Reclamaron una suspensión a la que accedió el tribunal. Para ilustrar la situación, el abogado del principal acusado comentó con sorna que se inició en la causa con 40 años y que por entonces contaba ya con 59. “Me voy a jubilar antes de que se termine”, bromeó.

Durante los años que son objeto de investigación, la Confederación de Empresarios se manejaba con absoluta ostentación de músculo económico, pero disparaba con pólvora del rey. O más bien de la Xunta, entonces presidida por Manuel Fraga, amigo personal de Ramilo, con quien colaboró en la formación de Alianza Popular de Galicia. Su generosidad con la CEG había quedado clara en 1992, cuando contribuyó con 160 millones de pesetas a fondo perdido (el 40% del total) a la compra y acondicionamiento de la sede de la entidad, un edificio noble de cuatro plantas del casco histórico de Santiago. Adicionalmente, la patronal se benefició de 20 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno autonómico y la Fundación para la Formación Continua (Forcem) le entregaron entre 1996 y 2000 para cursos de formación, su principal fuente de financiación.

Los interrogatorios a los acusados se suspendieron este viernes hasta el 3 de febrero debido a la enfermedad de uno de los procesados

Según la Fiscalía, la mayoría de esos cursos nunca llegaron a impartirse, mientras se inflaban facturas de todo tipo para justificarlos, incluidos unos desmesurados gastos de representación. El Ministerio Público sostiene que ese dinero permitió a los imputados obtener una ganancia personal con cargo a dinero público. Todos ellos, “con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial”, se apropiaron de fondos públicos justificados a través de cursos no realizados, facturas dobladas y la imputación excesiva de coste de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de “otros excesos contables”, describe el fiscal. A Sostre se le considera el máximo responsable de la trama y de ser el “encargado de tramitar y dar cumplida cuenta” entre 1997 y 1999 de subvenciones por varios millones de euros y procedentes de fondos europeos.

Los interrogatorios a los acusados se suspendieron este viernes hasta el 3 de febrero debido a la enfermedad de uno de los procesados, pero el juicio se reanuda el miércoles con la toma de declaración como testigos a trabajadores de la patronal. Mientras los abogados de las defensas han informado de la renuncia a diferentes testificales, el abogado del Estado anunció que se retira de la causa al no mantener el interés en ella porque el servicio público de empleo “ha cobrado todos los perjuicios derivados de la misma”, según informó el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, Ángel Pantín.

Otro administrador admitió como práctica habitual que hubiese un contrato previo: un 50% de la retribución iba para la empresa

Pantín fue tajante en las cuestiones previas del juicio al rechazar decidir en ese momento procesal sobre la prescripción de los delitos, como reclamaban las defensas. El juicio —previsto inicialmente para 12 días— se inició con el rechazo de Sostre a declarar, aunque otros de los acusados sí lo hicieron. Por ejemplo, el administrador de una sociedad de formación y consultoría ya extinta, que sostuvo que solo mantenía una "relación institucional" con Sostre, mientras que de las gestiones prácticas se encargaba un comercial. Según indicó, tenía un contrato “firmado con Antonio Ramilo” por valor de 11 millones de pesetas que recogía las especificaciones técnicas de lo que “no fue un curso”, dijo, sino “un proyecto específico de formación”, en el que los contenidos corrían a cargo de profesores universitarios.

Otro administrador de una empresa de formación aseguró que los cursos se impartieron, pero admitió como práctica habitual que hubiese un contrato previo en el que se estipulaba que un 50% de la retribución iba para la empresa, en calidad de diseño de curso, y el otro 50% para el formador.

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La impunidad con la que se comportaba la patronal gallega en los años 90 llamó la atención en 2001 del entonces fiscal de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que en un acto público puso el caso de Galicia como ejemplo de ausencia de control por parte de la Administración. Ramilo y Sostre ya habían dimitido, pero Villarejo se quejó: “No hemos recibido ni una denuncia de nadie”. El fiscal confirmaba la apertura de diligencias informativas, y ese mismo año la Unión Europea reclamaba al Gobierno central la apertura de una investigación. La Xunta salió al paso para defender a la CEG, después de “comprobar” que todos los cursillos encargados se habían realizado y los profesores cobraron sus salarios. Para el Ejecutivo de Fraga, todo se reducía a “posibles irregularidades” en gastos de funcionamiento de algunos cursos, que afectarían “solo a algún proveedor en concreto”.

Pese a las palabras de Jiménez Villarejo, no fue hasta 2011 cuando la Fiscalía actuó de oficio, en una causa a la que se incorporó la propia CEG durante la presidencia de Antonio Fontenla, aunque para entonces buena parte de la contabilidad había sido destruida. Las diligencias se eternizaron, ante el elevado número de implicados, las numerosas empresas que participaban en los supuestos cursos y la complejidad del entramado de facturas y de programas financiados con fondos de la UE. Además del fallecimiento de Ramilo en 2006, en ese tiempo se deterioró considerablemente el estado físico del principal testigo, el entonces tesorero Juan Casas. Dos décadas largas después de que el caso estallase, y con el juicio ya en marcha, los acusados depositan sus esperanzas en la probable prescripción de los delitos.