Núñez Feijóo y el Gobierno: una década de enfrentamientos en el Constitucional

El Gobierno se resiste a que la Xunta se atribuya la capacidad de expropiar fincas abandonadas para incorporarlas a un banco de tierras. Tampoco le gusta la reforma de la ley gallega de Patrimonio, que permitirá a la Administración autonómica asumir la titularidad de bienes inmuebles vacantes y de saldos bancarios abandonados. No hace mucho, frenó la posibilidad de que se establezca en Galicia la vacunación obligatoria, después de recurrirla en el Tribunal Constitucional. Son solo los últimos ejemplos de una litigiosidad que sitúa a Galicia como tercera comunidad con más conflictos de competencias con el Estado. Es casi una tradición que tuvo su momento más delicado en 2010, con motivo de la fusión de las cajas de ahorro gallegas.

Galicia suma en torno a 80 conflictos de competencias con el Estado. Lejos de las comunidades catalana y vasca, que se sitúan próximas los 200 y los 400, respectivamente, pero a años luz de otras como Asturias, que en toda su historia solo se las han visto con la Administración estatal en tres ocasiones. Dos terceras partes de esos litigios los ha promovido el Gobierno central, que puede invocar el artículo 161.2 de la Constitución al impugnar leyes autonómicas, lo que supone la suspensión automática de una norma por un plazo no superior a cinco meses, mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el fondo del contencioso. Las comunidades, en cambio, solo pueden recurrir leyes que puedan afectar a su propia autonomía.

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La prerrogativa del presidente del Gobierno de paralizar una ley de forma automática, con el único requisito de que su recurso sea admitido a trámite por el TC, condicionó por completo el que ha sido el principal enfrentamiento entre las dos administraciones con motivo de la reestructuración de las cajas. Fue un enfrentamiento a cara de perro con una carta oculta: la desesperada situación económica —confirmada más tarde— que atravesaba Caixa Galicia, con sede en A Coruña. Ante la resistencia de la cúpula de Caixanova, establecida en Vigo, a ser absorbida por su rival del norte, Alberto Núñez Feijóo impulsó una ley que suponía la renovación de todo su equipo directivo, lo que facilitaría la operación. El recurso presentado por el Gobierno de Zapatero a la ley de cajas gallega frenó en seco la maniobra.

La cosa no quedó ahí. Aquello fue, de hecho, el mayor conflicto entre Xunta y Estado desde la creación de la autonomía. El Gobierno —conocedor de la delicadísima situación que atravesaba Caixa Galicia, como se supo más tarde—, porfió en su rechazo a la absorción, y la Xunta de Feijóo —que también la conocía— contraatacó con un recurso ante el Constitucional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la autoridad que pilotó la reestructuración de las cajas, ante una actitud del Gobierno central que tachó de "decepcionante" y "antigallega". La ley de cajas no saldría adelante, pero sí una fusión con dominio de la entidad de mayor tamaño, pero también más débil. Fue la antesala de un rescate que costó 9.400 millones de euros al Estado y de la compra de la entidad resultante por 1.003 millones por parte de la venezolana Banesco, que creó Abanca.

La etapa de mayor conflictividad por motivos de competencias coincidió con la llegada de Rodríguez Zapatero a la Moncloa

La etapa de mayor conflictividad por motivos de competencias coincidió con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. Con él como presidente, el Gobierno gallego incrementó la conflictividad constitucional con ocho demandas de competencias en los primeros 10 meses de mandato de Feijóo, frente a los 13 que había promovido el anterior Ejecutivo bipartito. Además del conflicto de las cajas, la Xunta recurrió desde ayudas para programas de integración de inmigrantes a un programa de ordenación del sector pesquero. La situación se normalizó durante el mandato de Mariano Rajoy, para resurgir con fuerza desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia.

No todos los conflictos entre las dos administraciones provocan la misma tensión. Algunos son casi rutinarios, y se zanjan en una comisión bilateral sin que el TC tenga que intervenir, pero otros agotan la vía judicial aunque para ello haya que esperar años. Incluso cuatro, como en el caso de los 200 millones de euros del IVA reclamados por la Xunta, que arrancó en 2017 y no fue zanjada por el Tribunal Supremo hasta el pasado mayo, cuando el Tribunal Supremo obligó al Estado a abonar a Galicia una parte de la recaudación pendiente de citado impuesto, estimada en 204 millones de euros.

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Los conflictos ante el Constitucional promovidos por la Xunta son por lo general debidos a la ambigüedad o falta de concreción de la Carta Magna respecto al reparto competencial. Normalmente, se realiza un requerimiento previo antes del recurso propiamente constitucional, con el objetivo de que la Administración cuestionada retire la normativa o se avenga a negociar.

Durante este último año, además de la reforma de la Ley de Salud y de la expropiación de tierras, el Gobierno y la Xunta se enfrentaron por otras dos leyes aprobadas por el Parlamento de Galicia, la de Rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas y la de Ordenación Farmacéutica, pero en todos los casos se llegó a un acuerdo en el seno de la comisión bilateral que evitó el recurso de inconstitucionalidad.

La pandemia provocó constantes enfrentamientos entre el Gobierno y la Xunta, con amagos, a menudo consumados, de plantear litigios de constitucionalidad. El principal enfrentamiento de 2021 con el Gobierno de coalición ha sido por la Ley de Salud de Feijóo, que entre otros preceptos, contemplaba la posibilidad de establecer la vacunación obligatoria. El recurso del Ejecutivo paralizó la norma. La entonces portavoz, María Jesús Montero, consideró que se establecía una restricción y limitación de derechos fundamentales que solo es posible a través de regulación estatal. El TC levantaría más tarde otras restricciones, pero mantuvo su rechazo a autorizar cautelarmente la vacunación obligatoria.