El blindaje del lobo desata un ciclón judicial: recurrirán las CCAA y los conservacionistas

“Hemos obligado al Gobierno a protegerlos”. La frase, pronunciada por el presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), Ignacio Martínez, resume el estado de ánimo entre los que han promovido y ganado la batalla por la protección de la especie. Del lado perdedor se sienten Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que han reaccionado con indignación a la orden ministerial que desde este miércoles dificulta, si no impide, la caza y batidas en toda España. Todas ellas anunciaron ayer que emprenderán acciones judiciales por separado contra el Ministerio para la Transición Ecológica. Ascel también irá a los juzgados, pero para conseguir un blindaje mayor.

La orden ministerial publicada en el BOE este martes elimina la polémica disposición adicional que figuraba en el borrador del texto y que los conservacionistas consideraban “un coladero”. Pese a que se consagra la inclusión del lobo en el 'Listado de especies silvestres en régimen de protección especial' (Lespre) en toda España, la letra pequeña autorizaba a algunas comunidades autónomas a mantener planes de control de población. En la práctica, “rompía el esquema de protección”, sostiene Martínez, que presume de haber doblado el pulso al ministerio para sustituir esa disposición por otra que establece tres condiciones para autorizar batidas. “Esos tres requisitos son imposibles de cumplir, por lo que ya no se podrán matar más lobos”, vaticina el presidente de la asociación, que no renuncia a una protección más férrea.

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Si las comunidades del norte no estaban satisfechas con el borrador de la orden (ya anunciaron en su día que estaban dispuestas a impugnarlo judicialmente), mayor es su indignación con la nueva redacción. Todas ellas se apresuraron a mostrar su disconformidad, si no su irritación. Incluida Asturias, gobernada por el PSOE. Su consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, anunció que el Principado recurrirá la medida jurídicamente por “innecesaria, por precipitada y porque impide la continuidad en la gestión”. “Creemos que esta catalogación es un error, que es un error en cómo va a afectar a la ganadería extensiva, pero también al conjunto de la gestión de la especie”, explicó.

Y aunque la Real Federación Española de Caza (RFEC) se sumó a la cascada de anuncios de acciones judiciales, con la presentación de un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, las comunidades afectadas aseguran no defender los intereses de este colectivo, sino los de la ganadería y, en menor medida, de la agricultura, mediante la autorización de batidas para controlar la población y limitar los daños causados por el lobo. "Gestionamos la especie para favorecer la convivencia con la ganadería extensiva y en esa cuestión marcamos el debate y la defensa de nuestro plan de gestión", reivindicó Asturias.

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La Xunta se mostró más hostil con la nueva normativa. Anunció también que recurrirá en los tribunales y que pedirá medidas cautelares ante una decisión que “carece de sentido” en una comunidad como Galicia, con “más de 90 manadas”, afirmó en una rueda de prensa convocada de urgencia la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. El Gobierno gallego presume de haber logrado un equilibrio entre actividad agroganadera y la preservación del cánido. Lamenta además que ningún organismo pueda destinar ayudas a ganaderos por daños causados por lobos, si los dueños de las explotaciones no tienen implementado un plan de prevención específico, que implica la instalación de cercados, puertas y porches. Son inversiones “casi inasumibles” en las granjas gallegas, dada la orografía de la comunidad autónoma.

La referencia de la 'conselleira' gallega está relacionada con una de las tres condiciones que permiten las batidas. En concreto, que “no exista otra solución satisfactoria”, es decir, que se demuestre que las explotaciones afectadas han tomado medidas preventivas o de protección del ganado que se hayan demostrado ineficaces. Otro requisito es justificar que la batida no afecte negativamente al estado de conservación favorable de la especie, y el tercero, demostrar la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas. Si en algo coinciden las comunidades y los conservacionistas es en que esos requisitos suponen la prohibición de la caza.

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“Esas condiciones no se cumplen nunca ni se van a cumplir nunca”, asegura Martínez, que sostiene que solo a un ganadero “poco profesional” le puede matar el lobo el ganado. Ascel considera además que “no todos los daños que se reclaman” son hechos por ese animal. “Curiosamente, desde que se pagan daños no mueren vacas de muerte natural ni atacadas por perros”, ironiza.

Al igual que Galicia y Asturias, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Cantabria recurrirán la normativa. En el caso castellanoleonés, mediante un recurso contencioso que suspenda la eficacia administrativa de la resolución, que considera “muy perjudicial” para la ganadería extensiva y por el peligro de que incentive un “abandono del territorio”. "Es contraria a los principios del reto demográfico y además sin ninguna razón que lo justifique", afirmó Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente. El titular de Desarrollo Rural cántabro, Guillermo Blanco, fue más lejos al anunciar que en su comunidad autónoma se seguirán “controlando ejemplares”.

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La nueva orden acaba con la distinción de la protección del lobo a ambas orillas del Duero. Hasta ahora, al sur era intocable, pero del otro lado —donde realmente se concentra— se permitían su caza y control a través de batidas. El ministerio decidió el pasado año incluirlo a todos los efectos en el Lespre. Tras las críticas de los proteccionistas al borrador, el Gobierno sometió el texto al Consejo de Estado, que ha dado su visto bueno a la orden con el crucial cambio introducido.

Con todo, Ascel anuncia que seguirá su lucha para conseguir una protección mayor, que pasa por sacar al lobo del listado de protección especial y considerarlo una especie catalogada, lo que implica un blindaje total. “Si las comunidades autónomas quieren, nos veremos en los tribunales, porque esto es insuficiente, queremos que el lobo se introduzca en el catálogo”, anticipa la asociación.