La carrera contrarreloj entre Galicia y los Franco por los tesoros de Meirás

La familia Franco quiere llevarse cuanto antes todos los tesoros de Meirás y la Administración está decidida a impedírselo. El auto de la Audiencia Provincial de A Coruña que dejó sin efecto el depósito de los muebles y objetos de valor a favor de Patrimonio Nacional ha desatado una carrera contrarreloj, en la que los herederos del dictador envían a una empresa de mudanzas a la que fuera residencia de verano del dictador para llevarse los enseres, el parlamento gallego trata de bloquear el traslado con una catalogación exprés como Bien de Interés Cultural (BIC) y diversos recursos reclaman de ampliar el plazo concedido para vaciar el inmueble.

Este jueves, una empresa de mudanzas contratada por los Franco se presentó en Meirás para empezar a vaciarlo, pero el vigilante de seguridad le denegó el acceso por carecer de autorización para entrar. Entre los bienes que desean llevarse del pazo –del que han perdido la titularidad por sentencia de un juzgado de A Coruña– están las dos estatuas del Mestre Mateo que pertenecieron a la catedral de Santiago y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, protegidas como BIC. Aunque en el caso de los libros la declaración está todavía en trámite, es suficiente para que se requiera autorización de la Administración autonómica para su traslado, un trámite que ya ha sido solicitado por los herederos y que no será concedido.

El Parlamento de Galicia quiere aplicar el mismo blindaje al conjunto de los enseres que a estatuas y libros de la mansión

El mismo blindaje con que cuentan estatuas y libros lo quiere aplicar el Parlamento de Galicia al conjunto de los enseres la mansión. Con ese objetivo, los tres grupos con representación en la Cámara –PP, BNG y PSdeG– han instado a la Xunta por unanimidad a incoar un procedimiento urgente para incluir en el BIC Torres de Meirás los objetos y muebles que formen “parte inseparable” del pazo por su vinculación con él. La iniciativa, presentada por los nacionalistas y a la que se incorporó una enmienda del PP, reclama además a la Xunta que defienda la aplicación provisional del régimen de protección previsto para bienes de interés cultural a estos enseres. Es decir, que el inicio del expediente contemple su protección preventiva.

Otra de las demandas aprobadas por unanimidad en la Cámara autonómica es la reclamación al Gobierno gallego de “las acciones judiciales pertinentes” para lograr la titularidad pública del mobiliario, por considerarlo necesario para explicar la historia del conjunto. “Es parte integrante e inseparable del conjunto”, sostiene la moción, que reivindica la imposibilidad de sacar de Meirás “todos aquellos bienes que no sean los objetos y utensilios de uso estrictamente personal y privado”.

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Europa Press

En cumplimiento de este acuerdo, la Xunta no ha dejado pasar ni 48 horas para plantear al Gobierno que incluya los muebles “inseparables” de las Torres de Meirás en la declaración como BIC, en forma de una propuesta de convenio de colaboración para proteger los valores culturales del lugar como sitio histórico. Cultura de la Xunta, explicó el 'conselleiro' Román Rodríguez, busca de esta manera coordinarse con el Gobierno central, “ampliando el clima de cooperación que ha caracterizado este proceso en defensa de los intereses de patrimonio de todos los gallegos”, ya que interpreta que corresponde al Estado “reclamar o iniciar una declaración BIC” para la protección de los objetos de valor que hay en el interior.

Rodríguez reclama así una actuación coordinada para modificar la declaración, de forma que se amplíe a “los bienes muebles que deben entenderse afectados por la misma” y, por tanto, “inseparables”. La entrega provisional del pazo el pasado diciembre permitió a la Xunta avanzar en el conocimiento de los elementos vinculados al mismo, lo que haría posible “extender ahora la declaración como BIC de Meirás” con la categoría de sitio histórico.

La intención de los Franco es retirar todo lo que había en Meirás en diciembre, incluidos los aproximadamente 3.500 libros de Pardo Bazán

Esta misma semana, la Xunta y la Abogacía del Estado recurrieron la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña de conceder a la familia Franco el plazo de un mes para la retirada de “las cosas, bienes u objetos” situados en el interior de la histórica residencia, en una resolución que solo exceptuó los efectos que se encuentren en ella por haber sido colocados por el Estado tras haber tomado posesión de la misma. Los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa también han recurrido judicialmente el auto.

Sobre el recurso del Estado, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, lo considera “un primer paso para lo que pueda venir”, con el “objetivo común de proteger un bien público, patrimonio del Estado”. También se refirió a las posibles nuevas demandas sobre los 700 objetos de incalculable valor que han sido inventariados. La Abogacía del Estado considera que el auto judicial le causa indefensión, al desconocer las condiciones en las que la empresa de mudanzas designada por los herederos pretende llevarse los enseres, lo que hace necesario supervisar la operación.

Según informó el equipo de abogados de los Franco, la intención de estos es retirar todo lo que había en Meirás en diciembre, cuando entregaron las llaves al Estado, incluidos los aproximadamente 3.500 libros de Pardo Bazán y las estatuas de la catedral de Santiago. Tras el intento fallido de realizar la mudanza, un portavoz del bufete de los Franco informó de la solicitud al juzgado de un requerimiento al Estado, para que se les permita el acceso con las personas autorizadas por los herederos “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia”.

La Abogacía del Estado plantea en su recurso que se exhorte a los Franco para que concreten un plan de actuación, indicando “las concretas personas, vehículos y empresas que realizarán la retirada para poder adecuar los planes y medidas de seguridad que se han establecido sobre el inmueble”. El Ayuntamiento de Sada –donde se encuentra la mansión– alega por su parte que la sentencia que ordenó la devolución de Meirás “ampara la consideración de bienes de dominio público de los bienes muebles, tanto de los que formaban parte del pazo en 1938, objeto de transmisión en la escritura de compraventa de ese año, como de aquellos otros instalados por el Estado”. Además, considera que el hecho de que la sentencia no resolviera expresamente sobre dichos objetos “no supone impedimento legal a que el juzgado ordene, en ejecución de sentencia, que forman parte, indisociable, del bien inmueble”.