Guerra contra un enemigo del suelo: veto al eucalipto en Galicia hasta 2026

Galicia ha abierto el melón del eucalipto. Tras décadas de consenso sobre sus negativos efectos en el suelo, por primera vez se establecen límites a una expansión hasta ahora descontrolada. Será a través de una moratoria que empezará a aplicarse en junio y que durará hasta que concluya 2025. Durante ese periodo, básicamente solo se autorizarán nuevas plantaciones en parcelas donde ya exista previamente, pero la letra pequeña del veto ha provocado reacciones diversas, hasta el punto de ser considerado por la oposición en el Parlamento gallego un incentivo de su “monocultivo”. La decisión es tan controvertida como el propio árbol, un consumidor intensivo de agua que acidifica el suelo y arde con extrema facilidad, pero tan aclimatado a Galicia y su economía que genera el 4% de su PIB.

Nacionalistas y populares ya han adelantado que votarán en contra de la Ley de Recuperación de Tierra Agraria, que establece en una disposición transitoria la paralización temporal de las nuevas extensiones de eucalipto. Lo hacen por diversos motivos, pero principalmente por una moratoria que permite realizar nuevas plantaciones libres en aquellas parcelas donde ya existe una legal y pura, y con autorización previa si cubre entre el 50% y el 80% de la masa forestal. Habilita también para trasladar el cultivo a otras fincas. El objetivo es reducir un 5% la superficie de eucalipto en Galicia, una extensión que se determinará con exactitud en un futuro inventario forestal.

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Eva González

La oposición y distintos grupos ecologistas son más ambiciosos y dudan seriamente del cumplimiento de ese objetivo. El ejemplo recurrente es el Plan Forestal de Galicia impulsado en 1992 por el Gobierno de Manuel Fraga y aprobado por unanimidad, en el que se preveía para 2038 una superficie de eucalipto que ya casi ha sido duplicada. Tanto BNG como PSOE consideran que debe ser un plan forestal como el recientemente renovado, y no la disposición transitoria de una nueva ley, el que establezca ya no una moratoria o, en palabras de la oposición, una “legalización” de plantaciones hasta ahora descontroladas, sino una auténtica prohibición. Para la diputada nacionalista María Albert es “un brindis al sol”, mientras que el socialista Martín Seco la tacha de “ocurrencia y chalaneo sin explicación técnica ni encaje en el desarrollo”.

A esas críticas hay que añadir una especie de efecto llamada, denunciado por el Sindicato Labrego Galego y organizaciones ecologistas. Según el sindicato, desde que hace un mes el Gobierno gallego admitió por primera vez la posibilidad de la moratoria, en el debate en el Parlamento del Plan Forestal para 2021-2040, el simple anunció de la suspensión temporal tuvo una derivación contraria a la buscada, ya que muchos propietarios de parcelas en las que no había eucaliptos han empezado a plantarlos con la intención de legalizarlos, “incluso en superficies dedicadas a la agricultura”.

Esas nuevas plantaciones son posibles porque la Xunta ha anticipado la moratoria a la realización del nuevo inventario sobre esta especie

Esas nuevas plantaciones son posibles porque la Xunta ha anticipado la moratoria a la realización del nuevo inventario sobre esta especie, anunciada recientemente y que no estará disponible hasta finales de este año o principios del próximo. Una vez finalizado ese trabajo, el Gobierno gallego estudiará la posibilidad de ampliar el periodo del veto. “Lo que se pretende es consolidar un monte multifuncional y con diversidad forestal”, señala el 'conselleiro', que insiste en que el mercado requiere de una diversificación y en que la paralización temporal “no va contra ninguna especie”.

El forestal, con el eucalipto a la cabeza, es un sector de especial relevancia en la economía gallega, y con una incidencia muy particular en su conocido minifundismo. Es decir: el eucalipto no es cosa de grandes corporaciones, sino un aporte más o menos importante de pequeños propietarios rurales. Pero la suma de todos ellos sí es relevante. De hecho, la mitad del sector total de España se concentra en Galicia, donde hay más de 2.000 empresas relacionadas y un 12% de familias con ingresos relacionados con el bosque. Son datos que expuso el 'conselleiro' de Medio Rural, José González, cuando anunció la moratoria. Pero la superficie de eucalipto “no debe seguir aumentando”, afirmó.

Para el ecologismo, la medida que entrará en vigor en junio es insuficiente. La organización SEO/Birdlife considera que en Galicia “no cabe otra salida que plantearse una reducción de la superficie general de eucaliptos y su eliminación de los lugares con mayor valor biológico del país, los espacios naturales protegidos, incluyendo a los declarados como parte de Red Natura 2000”. Greenpeace, en cambio, ha aplaudido la decisión de la Xunta, de la que espera que “abra la puerta al fin de la conflictividad” de la especie en las últimas décadas. También hay discrepancias en el campo de la política: el alcalde de Castroverde, el socialista José María Arias, amenaza con llevar a los tribunales al 'conselleiro' por impedir la plantación de eucaliptos en el municipio. El eucalipto, argumenta, “es también un medio de vida para cualquiera”, admitido en determinadas zonas por el Plan General municipal.

Lejos del consenso que cosechó su antecesor, el nuevo Plan Forestal ha provocado movilizaciones de opositores en toda la geografía gallega. El 21 de marzo, las protestas se produjeron de forma simultánea en más de 20 localidades, convocadas por la plataforma Por un Monte Galego con Futuro. Una de ellas se desarrolló en Pontevedra, donde está enclavada la fábrica de celulosa de Ence, principal consumidor de la madera de eucalipto. Los manifestantes exigieron que Ence se marche “fuera de la ría ya” y, en su manifiesto, el presidente de la Federación Ecoloxista Galega, Benito Andrade, reclamó a la Xunta que identifique y cuantifique la superficie de monte “ocupada ilegalmente con este monocultivo”, para que sea reparada lo antes posible con su uso original.

La moratoria del Gobierno gallego supone en todo caso un cambio de actitud respecto a lo expresado en 2018, cuando anunció un incremento en 25.000 hectáreas de la superficie de plantaciones eucaliptales en un periodo de 20 años. A instancias de un alcalde gallego, que solicitó que varias especies del árbol fueran consideradas invasoras, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó un informe a su Comité Científico. Su dictamen, aprobado por unanimidad, concluyó que esas variedades son especies invasoras que conviene erradicar, pero el departamento que dirigía Isabel García Tejerina desoyó su recomendación.