El cura que se lo arrebató todo a una residente y 'resucitó' a doña Rogelia

La noticia no podía ser más llamativa: Rogelia apareció con vida 10 días después de enterrada. Para su familia fue como si regresara del país de los muertos, pero no había resucitado. Lo que ocurrió fue que la residencia que se encargaba de su custodia confundió su cuerpo con el de su compañera de habitación. La familia de Concepción, la verdadera fallecida, tuvo que asumir el fatal desenlace casi dos semanas después de consumarse. Los hechos ocurrieron en la residencia medicalizada Os Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense), y pertenece a la Fundación San Rosendo, un emporio creado por el polémico sacerdote Benigno Moure: héroe hecho a sí mismo para unos y estafador para la justicia, que en 2008 lo condenó por quedarse con 600.000 euros de una residente con alzhéimer.

“Es un error y lo asumimos, pero se juntaron muchos elementos que derivaron en el lamentable desenlace”, se disculpa una portavoz de la fundación. Según explica, el despiste pudo producirse en el traslado de la residencia de Xove (Lugo), donde ambas estaban ingresadas, a la de Pereiro, adonde fueron llevadas tras dar positivo por covid-19. O también pudo darse en la propia habitación que compartían. “La comunicación con las personas con gran deterioro cognitivo no es fluida y una cosa así puede ocurrir, aunque hemos tomado medidas para que no se repita”, añade la misma fuente. El protocolo covid, que impide abrir ataúdes del fallecido, tampoco ayudó. No hubo videoconferencias con las familias que permitiesen deshacer el equívoco antes del deceso, ni tampoco una simple pulsera de identificación. “A partir de ahora las pondremos, junto con otras medidas para reforzar el control”, anuncian.

TE PUEDE INTERESAR

Una anciana muere por coronavirus en Galicia y reaparece viva después de su entierro

El Confidencial

El suceso supone un golpe muy duro al prestigio de una fundación histórica, fundada por un personaje perseguido desde hace años por la controversia. Aunque, entre los suyos, Benigno Moure no ha perdido ni un ápice de su reputación, pese a que en 2011 el Tribunal Supremo ratificó que le arrebató todo su patrimonio a una anciana con demencia senil, residente en uno de sus geriátricos. Según la sentencia, Moure, que ahora tiene 88 años, cometió apropiación indebida continuada entre 1998 y 2001. Un total de 573.673 euros de la anciana acabaron en la cuenta bancaria de la fundación, a la que traspasó, además, la titularidad de unas 60 propiedades. El cura quedó inhabilitado para presidir, gestionar o representar a instituciones de carácter asistencial, aunque sigue ejerciendo la presidencia honorífica de la fundación, una de las más grandes entidades asistenciales de España.

Su paso por prisión fue efímero, si se compara con la sentencia. Permaneció apenas dos meses en la enfermería de la cárcel ourensana de Pereiro de Aguiar, la misma localidad donde se confundió el cuerpo de Rogelia con el de Concepción. Tras unos pocos meses en prisión domiciliaria, la Junta de Prisiones lo dejó en libertad.

Entre los sectores que no le han retirado su confianza y que incluso presionaron con actos multitudinarios para que no ingresara en la cárcel se encuentran la Diócesis de Ourense y el Partido Popular de la misma provincia, liderado entonces por José Luis Baltar. “Debe pesar más su larga trayectoria buena que la mala”, argumentaba el exlíder provincial. No en vano, sus relaciones con los populares se remontan a los tiempos de Manuel Fraga, con quien le unía una estrecha amistad. Fue Fraga quien le colgó las medallas Castelao y de Galicia, dos de las condecoraciones más prestigiosas que otorga la Xunta. Las protestas del sobrino de la estafada fueron en balde: ni evitó el “trato de favor” de la libertad exprés ni logró le fueron retiradas las distinciones.

El ascendiente de Moure entre los suyos no se resiente. Hace apenas tres años, el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, se puso al frente de una campaña para restituir el nombre del cura, con motivo del 25 aniversario de la creación de la entidad. “Don Benigno fue siempre un adelantado a su tiempo y así lo acreditan muchas iniciativas que impulsó, pioneras en su contexto”, le elogiaba el dirigente popular. A la campaña se sumó el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que lo definió como “un hombre tan excepcional como su obra” y al que confesó su cariño y admiración. “Acostumbro a decirle que repite la historia de San Pablo cuando escribe que no hizo otra cosa en su vida que trabajar por los pobres”.

Moure trabajó por los pobres, pero también por los negocios. Habilidad no le falta, como demostró desde sus inicios profesionales en Cáritas Diocesana en Ourense, que presidió en los años setenta, cuando decidió crear una entidad benéfica asistencial. El patrimonio que comenzaba a acumular era tal que optó por la segregación. Así nació, en 1992, la Fundación San Rosendo, impulsada por cuantiosas subvenciones de instituciones públicas y que en la actualidad aún goza de sustanciosos contratos con la Administración.

El patrimonio que comenzaba a acumular era tal que optó por la segregación. Así nació en 1992, la Fundación San Rosendo

La institución cuenta con 70 centros distribuidos por las cuatro provincias gallegas entre residencias de mayores, centros de día, apartamentos tutelados, centros para personas con discapacidad y de recursos de rehabilitación, que suman en su conjunto cerca de 3.500 plazas. Se ha convertido en una de las mayores operadoras privadas del servicio público de las residencias de Galicia, al ofrecer a través de sus distintos centros más de 800 plazas dirigidas a mayores y discapacitados, junto a otras 18 plazas para gente en riesgo o exclusión. A cambio recibe la consiguiente retribución de la Xunta, que, según denunció el Consello de Contas de Galicia, deja casi un tercio de las plazas de Galicia en manos privadas.

Con la pandemia, la fama de la fundación se resintió. Fue de las primeras en las que impactó el coronavirus la primavera de 2020, cuando se contagiaron 130 residentes en la residencia de Nuestra Señora de la Esperanza de Ourense, en lo que constituyó el mayor brote de la primera ola. Las familias de los ancianos denunciaron por homicidio por acción dolosa a la directora del centro, al presidente de la Xunta, a dos 'conselleiros' y a otros altos cargos. La fiscal jefa de Ourense archivó el caso, pero remitió una comunicación al delegado autonómico para alertar de la inacción de la Xunta, que, según constató, no había realizado ni una sola inspección en la residencia para comprobar la prestación del servicio.