Absuelto de prevaricación el exlíder del PSdeG: "He sufrido un linchamiento político"

"No fue un juicio mediático, fue un linchamiento", lamenta el exlíder de los socialistas gallegos Pachi Vázquez. Siete años después de que la Fiscalía de Ourense iniciara un procedimiento en su contra por un caso de supuesta prevaricación, el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense le ha absuelto a él y a otros cuatro exconcejales de O Carballiño por las supuestas irregularidades cometidas en la contratación por el Ayuntamiento de 60 personas entre 2004 y 2005, cuando Vázquez era alcalde de la localidad orensana.

Para el que fuera secretario general del PSdeG entre abril de 2009 y septiembre de 2013, la sentencia es "demoledora e impecable", pero le deja un sabor agridulce. "Todo este procedimiento ha sido una locura, un daño inmenso, una sensación de impotencia total", apunta. De hecho, aquella denuncia le llevó a dimitir como diputado en el Parlamento gallego, para renunciar así el aforamiento y presentarse ante la justicia "como un ciudadano de a pie". Unos meses antes, todavía como aforado, se había presentado en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con la documentación sobre los contratos que finalmente ha facilitado su absolución, pero entonces ya advertía su escepticismo. "Está de moda el tiro al político", denunció. Ahora insiste: "Estoy convencido de que en el tribunal ni leyeron los papeles".

El fallo del juzgado de Ourense señala: "Ni hemos podido concluir que en la contratación de los trabajadores se hubiera prescindido totalmente de un procedimiento de selección que intentase respetar los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, ni tampoco que los acusados hubiesen actuado con conciencia de arbitrariedad en las resoluciones que llegaron a dictar en el ejercicio de sus cargos". La juez agrega que "tampoco en relación con las prórrogas o a la declaración de indefinición" se puede apreciar la existencia del delito de prevaricación.

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La querella de la fiscalía contra Vázquez se produjo cuando faltaban dos meses para que se cumpliesen 10 años de su salida de la alcaldía, plazo en el que prescribían los presuntos delitos. "No fue por una denuncia sindical o política, fue de oficio", subraya Vázquez, que se considera víctima de unas acusaciones "sin pies ni cabeza". El fiscal jefe de Ourense que promovió la causa era Florentino Delgado, apartado cautelarmente en abril de 2019 del cargo que ejerció durante 15 años, tras un doble expediente que le supuso una sanción de 28 meses de suspensión por varias faltas.

El de Delgado es un caso singular. El primer expediente se le abrió por el impago del alquiler de la vivienda que la Xunta le había costeado ente 2004 y 2016, una vez que el Gobierno gallego dejó de sufragar el piso. Fue suspendido cautelarmente en la ciudad gallega, pero obtuvo rápidamente plaza en Madrid. Allí se trasladó mientras se tramitaba un nuevo expediente disciplinario, este por abuso de autoridad y dejación de funciones en perjuicio de Áurea Soto, exconcejal del PSdeG en la capital orensana, que venía denunciado un caso de presuntas irregularidades urbanísticas de Manuel Cabezas, antiguo alcalde del PP. El primer caso se saldó con una suspensión de 18 meses de empleo y sueldo; el segundo, con 10 meses de suspensión y 2.500 euros de multa.

En el caso de Áurea Soto, se le acusa de retrasar el proceso contra el exalcalde y otros miembros de su Gobierno, fundamentado en la supuesta exención a varios promotores urbanísticos de las cesiones urbanísticas del 10% que legalmente correspondían al Ayuntamiento. La abogada de la edil socialista reclamó amparo formalmente ante la Fiscalía Superior de Galicia. Poco después, fue citada por Delgado poco después como testigo, una actuación de "abuso de poder que la dejaba a la representante a las puertas de una acción penal", como ratificó la Fiscalía General del Estado. El caso salpicó al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, también expedientado por encomendar al propio Florentino Delgado la investigación de las quejas Soto, para ser posteriormente exculpado por el Ministerio de Justicia.
Pachi Vázquez elude la confrontación directa con quien fue su látigo en este proceso. "No quiero empañar un día de alegría con pensamientos negativos", apunta, pero no puede evitar la apelación al caso de Aurea Soto y reflexiona sobre la necesidad de "valorar y verlo todo". "No es normal que alguien te meta en este lío actuando de oficio, es la primera vez en la historia que ocurre algo así".

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La querella contra Vázquez fue formalizada por la Fiscalía de Ourense el 10 de noviembre de 2014. El Ministerio Público calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de prevaricación, con una solicitud de penas de hasta 10 años de inhabilitación especial, como en el caso concreto del exlíder del PSdeG. La sentencia, firmada por la magistrada Susana Pazos, concluye que en las contrataciones bajo sospecha "hay motivos más que fundados para considerar que, en lo sustancial, se intentaban respetar los principios" que deben ser observados en la contratación del personal laboral temporal.

Según la juez, durante el período enjuiciado "no hay la más mínima advertencia escrita de la secretaria del ayuntamiento de O Carballiño acerca de la ausencia de los procedimientos de selección que deberían observarse". Además, insiste en que "no ha podido probarse que los acusados, en el ejercicio de sus cargos en el ayuntamiento de O Carballiño y en relación con la contratación del personal laboral temporal, hubieran dictado resoluciones arbitrarias y con conocimiento de su ilegalidad".

Los intentos de Pachi Vázquez por reconducir su carrera política tras la imputación por prevaricación han sido infructuosos. Aunque el cargo de secretario general lo había perdido dos años antes en un disputado congreso ante José Ramón Gómez Besteiro, tras dejar el Parlamento de Galicia fracasó en su intento de liderar el partido socialista en la provincia de Ourense. Posteriormente creó la formación Espazo Común, con la que se presentó como candidato a la alcaldía de O Carballiño, pero fue su antiguo partido el que consiguió la mayoría absoluta y Vázquez se quedó en la oposición como concejal.

Asegura que cada paso político que ha dado en todo este trayecto ha ido acompañado de alguna actuación judicial o mediática que ha frenado su trayectoria. "En España deberíamos reflexionar sobre la presunción de inocencia. Me acuerdo ahora de muchos políticos que han sido inhabilitados sin sentencia firme, que en algunos casos habrá sido después confirmada, pero en muchos otros no", denuncia el ahora concejal de O Carballiño.