Un error de cálculo de la Xunta encarece el polémico hospital público-privado de Vigo

Para el nuevo hospital de Vigo, inaugurado en 2015, Feijóo eligió un modelo de colaboración público-privada que permitió acelerar las obras, pero con una rentabilidad a medio y largo plazo cuestionada por la oposición y por el ayuntamiento de la ciudad. No fue una obra menor, ya que obligará a la Administración autonómica a pagar durante 20 años un canon de 72 millones de euros anuales. Esa era al menos la cantidad inicialmente prevista, porque un error de cálculo ha forzado un incremento de casi tres millones anuales en la factura. La Xunta aplicaba un IVA reducido del 10%, pero Hacienda corrigió el impuesto al 21% y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le ha dado la razón.

La sentencia del alto tribunal gallego condena al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 5,74 millones de euros más a la concesionaria del Álvaro Cunqueiro, correspondientes a la diferencia entre 2015 y 2018 en el IVA, impuesto que no es deducible para la Administración. La sanidad gallega trató de repercutir el desfase al grupo de empresas que construyó y explota el centro, que acudió a los tribunales para ganar en primera instancia en un juzgado de Santiago y ahora el recurso ante el TSXG. La sentencia impone las costas a la Xunta.

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La concesionaria Novo Hospital de Vigo (NHG) está pilotada por la mayoritaria Acciona y por Puentes, que ejerce la presidencia, pero la primera de ellas ha anunciado un acuerdo con el fondo de inversión francés Meridiam para venderle su 43%. Otro de los accionistas originales, Concessia, traspasó en 2019 su 17% a una sociedad del fondo River Rock con sede en Luxemburgo.

El modelo implantado por Feijóo en Vigo —ya desechado para nuevos hospitales— hace recaer la financiación de las obras en un operador privado, que desde la inauguración del centro y hasta 2035 cobrará un canon anual de 72 millones de euros y explotará los servicios no sanitarios. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusó a la Xunta de promover una privatización encubierta, que obliga a los pacientes y a sus familias a pagar tarifas relevantes por el aparcamiento, el wifi o la cafetería, entre otros servicios. A través de su filial Sociedade Operadora Novo Hospital de Vigo, la concesionaria también explota restauración, lavandería, mantenimiento, gestión energética, seguridad, las máquinas de 'vending', la guardería y otras actividades comerciales.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusó a la Xunta de promover una privatización encubierta

La historia del hospital tal y como se ejecutó se remonta a 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo accede a la presidencia de la Xunta y mete en un cajón el proyecto de carácter público del anterior Gobierno bipartito, para sustituirlo por la concesión con explotación privada de los servicios no clínicos. Con eso, logró abrir el centro en 2015 sin haber detraído un solo euro de los presupuestos autonómicos. Pero oposición y asociaciones en defensa de la sanidad pública denunciaron falta de control sobre el proyecto técnico constructivo y una “privatización encubierta” de la sanidad, además de un gasto mayor a medio y largo plazo. También acusaron a la Xunta de precipitar la inauguración por supuestas presiones de NHG, que deseaba comenzar a amortizar su inversión.

Cuando fue inaugurado, más de 200.000 personas salieron a la calle en Vigo para protestar contra el centro hospitalario en una histórica manifestación, espoleadas por los problemas que generó el cambio desde el viejo hospital y la aparición de Aspergillus en pleno traslado de pacientes, que la Xunta negó inicialmente para acabar reconociendo. La indignación se disparó en aquellos meses con otras deficiencias, como goteras en pasillos y aparcamiento, falsos techos desplomados o fotografías de ratones correteando entre los enfermos. Pasados los años, y tras destituir Feijóo a la 'conselleira' de Sanidade encargada de la transición, el malestar por la calidad de la obra ha disminuido, pero no así por el pago de servicios no asistenciales o por la rentabilidad del sistema de canon.

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La relación de la concesionaria con la Xunta ha sido tensa desde el principio. Son un total de 13 los litigios que mantienen abiertos la Xunta y la empresa que construyó y explota el Álvaro Cunqueiro, que además perdió una buena parte de sus ingresos con la apertura de un aparcamiento gratuito impulsado por el alcalde de Vigo que le restó rentabilidad. Las discrepancias de interpretación del acuerdo concesional afectan a múltiples ámbitos, lo que ha desencadenado una larga lista de recursos administrativos y procesos judiciales que van de los menús de la cafetería hasta el mobiliario del hospital, pasando por el canon anual que debe pagar el Gobierno gallego.

Uno de los conflictos más relevantes es el relacionado con el equilibrio económico-financiero de la concesionaria, que pidió un incremento del canon anual para compensar los costes de financiación adicionales para la construcción del hospital. Gracias a esa reclamación, en 2018 consiguió un incremento de 237.214 euros al año, pero el caso está pendiente del recurso de apelación presentado para reclamar un aumento mayor.

Otro de los pleitos se debe a la falta de entendimiento sobre los costes de la puesta en marcha del hospital antes de que la Xunta abonara la primera mensualidad del canon, un asunto para el que estaba programada una vista el pasado 30 de marzo, pero que fue aplazada por la crisis sanitaria. La causa que enfrenta a las dos partes por la modificación del Sistema Informático de Gestión de Incidencias (SIGI) ya fue juzgada y está a la espera de sentencia.

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Existen, además, otros conflictos judiciales por la reclamación de una compensación por una bajada de tarifas realizada a solicitud de la Xunta en diciembre de 2015 y un contencioso-administrativo para exigir una compensación por poner a disposición del personal del Sergas una parte del aparcamiento. La reducción de la facturación del servicio de restauración entre 2016 y 2018 originó otra demanda, después de que la Xunta aplicara una minoración en el pago anual tras constatar una caída del 15% en el número de menús del servicio. La concesionaria logró anular una sanción impuesta por Sanidade por los precios de los menús que sirven en la cafetería del hospital.

Otras divergencias pendientes de resolverse afectan al alcance de los servicios que debe prestar la sociedad, como por ejemplo el mantenimiento de camas, tarea que llegó también a los tribunales al atribuirle el Sergas este servicio en otros dos hospitales públicos de Vigo, cuando la empresa considera que solo debe hacerlo en el Álvaro Cunqueiro. Precisamente la necesidad de mantener otros dos centros hospitalarios activos, además del concierto con la clínica privada Povisa —uno de los mayores conciertos sanitarios de España—, generó otra de las críticas a la infraestructura, que según el alcalde de Vigo y la oposición estaba mal dimensionada.

Al ser el IVA un impuesto regulado por una ley específica, el tipo del 21% es incuestionable

En el nuevo litigio que encarece el canon concesional, la Xunta argumentó que el contrato firmado en 2011 recogía que el IVA sería del 10%. La sala de lo contencioso-administrativo del TSXG recuerda que un contrato no puede estar por encima de la ley. Al ser el IVA un impuesto regulado por una ley específica, el tipo del 21% se considera incuestionable. El IVA reducido no afecta al total del canon, sino a la parte destinada a sufragar los servicios no clínicos y comerciales, de 29 millones de euros anuales. El más costoso es limpieza, con nueve millones de euros, seguido de gestión energética —4,8 millones de euros—, restauración —4,7 millones— o lavandería —tres millones—.

Además del IVA, otro impuesto que ha enturbiado las relaciones de la concesionaria con la Administración, en este caso con el ayuntamiento, es el IBI municipal. El alcalde de Vigo intentó cobrárselo desde 2015, al alegar que el hospital es privado. Los juzgados dieron la razón al grupo empresarial, por lo que el ayuntamiento modificó su propia ordenanza para que solo estén exentos de IBI los centros de Atención Primaria. Así, desde 2019, Novo Hospital de Vigo ingresa casi un millón de euros anuales en las arcas municipales en concepto de bienes inmuebles.