Feijóo abre el melón de la vacunación obligatoria
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en España no hay ninguna vacuna obligatoria

Feijóo abre el melón de la vacunación obligatoria

El presidente de la Xunta propone su administración forzosa en su reforma de la Ley de Salud de Galicia

Foto: Feijóo abre el melón de la vacunación obligatoria
Feijóo abre el melón de la vacunación obligatoria

En pleno auge del negacionismo, Alberto Núñez Feijóo ha abierto la posibilidad de la vacunación obligatoria. Lo ha hecho en su propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Salud, que formuló para acabar con la “inseguridad jurídica” a la que, a su juicio, están sometidas las autoridades estatales y autonómicas en la lucha contra la pandemia, y después a través de la reforma de la propia ley autonómica. Con los grupos antivacunas seriamente implicados en el frente que niega la existencia o la gravedad del covid-19, la iniciativa del presidente gallego pasa por establecer el “sometimiento a la vacunación” entre la población gallega, cuando en el conjunto del Estado el 57% de los ciudadanos manifiesta dudas sobre la posibilidad de administrarse una vacuna cuando esté disponible.

Al contrario de lo que ocurre en otros países, en España no existe ninguna vacuna obligatoria, aunque el juez puede dictaminar su administración forzosa en caso de que exista un problema de salud pública, como es la actual pandemia. “Es una vacuna obligatoria y, por lo tanto, debemos estar preparados para que, cuando la tengamos, la vacuna obligatoria no sea una cuestión que tengamos que judicializar, sino que sea una cuestión que la ley orgánica prevé expresamente”, defiende Feijóo.

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Feijóo hizo su propuesta para ser incluida en una reforma de la Ley estatal de Salud, que trasladó al Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la lucha contra la pandemia. Posteriormente, la presentó como parte de la modificación de la Ley de Salud Pública de Galicia, que incluirá medidas preventivas y limitativas y sanciones para hacer frente a la expansión del covid-19. El presidente de la Xunta precisó que si las autoridades europeas consideran que la vacuna es obligatoria, el texto también permitiría “la obligatoriedad para vacunar”. Según el Gobierno gallego, ese sometimiento a vacunación se establecería “siempre teniendo en cuenta los riesgos”.

Un estudio del Instituto de Salud Carlos III realizado en julio reveló que el 30% de los encuestados manifiesta dudas sobre si se vacunaría contra el coronavirus, frente al 70% que respondió que lo haría. Una posterior ronda, realizada dos meses más tarde, reveló que las personas dispuestas a ponerse una vacuna contra el covid-19 si estuviera disponible mañana mismo solo suponen el 43%.

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Las principales razones argumentadas por la población para no ponerse la vacuna consisten en posibles riesgos para la salud (59%), la preferencia por esperar a una segunda o tercera vacuna (37%) o considerar que no será eficaz (16%). Las personas que valoran la enfermedad por coronavirus como leve, que desconfían de los científicos o no se preocupan por el covid-19 tienen el doble de probabilidades de estar en desacuerdo en vacunarse que el resto, y los que desprecian el uso de mascarillas presentan casi el triple de probabilidades.

En ese contexto, la propuesta inicial de la Xunta preveía la potestad de las comunidades autónomas para "someter a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación, con información, en todo caso, de los riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas", según explicó Feijóo. Después, el presidente gallego presentó las líneas generales de una futura Ley autonómica de Salud Pública que incluirá restricciones de derechos fundamentales en caso de pandemia.

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La idea está orientada a frenar el coronavirus cuando exista una primera vacuna en el mercado, aunque permitiría ampliar esa obligación a vacunarse contra patologías como la gripe o cualquier otra enfermedad que entrañe un riesgo de salud pública sobre la población. En el caso de la gripe, este año la Xunta animó a la población a vacunarse de forma masiva, pero la elevada demanda y la escasez de dosis han provocado un colapso en el suministro. La lista de espera en algunas áreas sanitarias como la de Vigo alcanza al mes de diciembre, incluso para grupos de riesgo como mayores de 65 años, embarazadas y enfermos crónicos. En la pasada campaña, rechazaron ponerse la vacuna 27.000 gallegos.

En España, el calendario infantil básico de vacunación se pacta en el Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el que están representadas todas las comunidades autónomas. Incluye, entre otras, las de la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B, meningococo C, neumococo, triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis), varicela y papilomavirus, en este caso solo para niñas de 12 años, aunque Cataluña también aplica la de la hepatitis A y Castilla y León, la del meningococo ACWY, que se está introduciendo paulatinamente en el resto. Algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, obligan a presentar la cartilla de vacunación para poder acceder a una plaza en una escuela infantil pública.


La reforma de la Ley autonómica de Salud tiene el objetivo de dotar a Galicia de una normativa “específica” para gestionar y luchar contra la pandemia, según detalla el Gobierno gallego en el informe sobre la futura propuesta legislativa. El nuevo texto recogerá medidas preventivas, de control de enfermos, contactos estrechos o en riesgo y posibles infracciones que pueden ser adoptadas por las autoridades para proteger la salud, incluyendo las limitativas de derechos fundamentales.

Así, además de la vacunación obligatoria, establecerá limitaciones de horario de apertura o cierre de establecimientos, medidas de seguridad e higiene, deber del uso de máscara, deber de suministrar datos a la Administración, especialmente para personas procedentes de otros lugares, o prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Para el control de enfermos, contactos estrechos o en riesgo, se fijarán actuaciones como el aislamiento en el domicilio o internamiento en hospitales, el sometimiento a un tratamiento adecuado, la cuarentena de los contactos estrechos y realización de test o cribados, junto a medidas que limiten la circulación y la movilidad, confinamientos de zonas y restricciones a las agrupaciones de personas.

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