El Gobierno cumple con el BNG y rebaja los peajes de la gran autopista gallega
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la AP-9, una de las más caras de España

El Gobierno cumple con el BNG y rebaja los peajes de la gran autopista gallega

Los nacionalistas califican de hito “histórico” los 55 millones previstos en los Presupuestos para bonificar tarifas, que figuran en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez

Foto: El Gobierno cumple con el BNG y rebaja los peajes de la gran autopista gallega
El Gobierno cumple con el BNG y rebaja los peajes de la gran autopista gallega

La autopista gallega AP-9, una de las más caras y conflictivas de España por su sistema de peajes, verá cumplida en 2021 una demanda histórica: la implantación de una rebaja de peajes para los usuarios habituales, que mitigará además futuras subidas y eliminará las casetas de pago en uno de sus tramos. Así figura al menos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno, que destina partidas por 55 millones de euros para las compensaciones a la concesionaria. Los nacionalistas del BNG aplaudieron una decisión esbozada en su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. La Xunta también lo celebró, pero como resultado de una petición del propio Gobierno gallego.

La disputa por la paternidad de la rebaja da la medida de su relevancia. La autopista que conecta la fachada atlántica de Galicia, la más poblada y de mayor actividad económica, se comenzó a construir en 1973 y su primer gran tramo se abrió en 1979. Pero su concesión a Audasa, del grupo Itínere, que debería haber concluido dentro de tres años, fue ampliada en 2000 por José María Aznar hasta 2048. Queda por delante por lo tanto un largo periodo de concesión agravado con subidas adicionales por distintas mejoras, lo que ha convertido la autopista del Atlántico en la que más ha incrementado sus peajes en los últimos tres años y en un asunto recurrente en la agenda política gallega.

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Los 55 millones previstos en los Presupuestos se repartirán en tres actuaciones. La partida principal, de 50 millones, bonificará los peajes en toda su extensión, de Ferrol a la frontera con Portugal, presumiblemente para aplicar rebajas a los usuarios que realicen trayectos de ida y vuelta en el mismo día y utilicen algún sistema de pago automático. En la actualidad, ese descuento es del 100% solo en el trayecto de vuelta entre Vigo y Pontevedra, el más caro de toda la AP-9, mientras que se reduce al 25% en el resto de la autopista.

El Gobierno compensará además a la concesionaria con otros 3,4 millones de euros para la “supresión de la subida anual acumulativa del 1%”, un sistema implementado por el Gobierno de Mariano Rajoy para compensar las obras de ampliación del puente de Rande y de circunvalación a Santiago, en las que Audasa invirtió 200 millones de euros. A cambio, se le permitió aplicar ese 1% anual y acumulativo durante 20 años, que se suma a la subida ordinaria y a otros porcentajes compensatorios.

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La tercera bonificación, presupuestada en 1,53 millones de euros, supone la gratuidad de un tramo urbano de la AP-9 entre Vigo y el municipio colindante de Redondela, una antigua reivindicación de políticos, empresarios y vecinos. Son apenas tres kilómetros urbanos, considerados por los usuarios una circunvalación, y cuentan con un peaje de 0,95 euros, lo que convierte el tramo en el más caro de España por kilómetro. Fue Rajoy el primer presidente que prometió eliminar ese peaje, pero abandonó el cargo sin cumplir su palabra. En 2019, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aplazó la medida hasta que se realizase un estudio sobre la influencia de la gratuidad en el tráfico de la zona. Ahora acepta eliminarlo sin necesidad de estudio.

Las bonificaciones en la AP-9 fueron el eje principal de las negociaciones entre el Bloque Nacionalista Galego y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, en las que los nacionalistas arrancaron los descuentos y la futura transferencia a la Xunta de la infraestructura. La reivindicación es en todo caso antigua y llegó al Congreso de los Diputados en diciembre de 2018, cuando aprobó con la abstención de Ciudadanos una iniciativa para el traspaso de la infraestructura a Galicia aprobada previamente por unanimidad en el Parlamento gallego. Fue después de que los grupos de PP y Ciudadanos bloquearan durante varios años en el Congreso la iniciativa, formulada en su origen por el BNG.

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La presentación del proyecto de PGE fue la confirmación de lo adelantado por Ábalos el pasado lunes, en la inauguración de un tramo de alta velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería, de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. “En Galicia, un tema crítico es el agravio real, este es real del todo, que representan los peajes de la AP-9 en la movilidad diaria para muchos gallegos”, afirmó el ministro. “Un agravio que por primera vez este Gobierno va a afrontar, como se verá en los Presupuestos”.

Para que las tres nuevas bonificaciones entren en vigor, se habrán de aprobar los Presupuestos y luego otros tantos reales decretos que permitirán que los ciudadanos puedan beneficiarse de los descuentos. Se desconoce de momento el alcance de esas rebajas, aunque la comparación de los ocho millones de euros que paga el Estado como compensación por la gratuidad de dos tramos menores (Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala) hace pensar en una rebaja progresiva que no alcanzará de momento el 100% de los viajes de vuelta.

El acuerdo de investidura entre el BNG y el PSOE hablaba en todo caso de una eliminación sin fecha del total del peaje para el segundo y sucesivos viajes en la AP-9. La gratuidad Vigo-Redondela se establece en el mismo documento a corto plazo, en tanto que la eliminación del incremento anual acumulativo se pactó para el horizonte de la legislatura.

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El Bloque tachó de histórica la consignación de las partidas para eliminación de peajes. Su portavoz nacional, Ana Pontón, la consideró “fruto del trabajo del Bloque en el Congreso”, aunque apuntó que el objetivo final de la formación nacionalista es “conseguir la gratuidad de esta autopista” y que su titularidad sea transferida a la Xunta.

Para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es “la única luz” que observa en las cuentas estatales de 2021. Feijóo consideró “sorprendente” que el Gobierno adopte estas medidas sin revisar el convenio con la concesionaria para atajar el “negoción” que supone para Audasa y el “desastre para el bolsillo” de los gallegos. Según explicó, las bonificaciones van a suponer “un incremento de tráfico para Audasa, y lo lógico es que haya un equilibrio y ese incremento de tráfico tenga un tope”. “Si no, lo único que estamos es metiendo más dinero de beneficio a las cuentas de Audasa y perjudicando el dinero del PGE, que es el dinero de todos los españoles y también de los gallegos”.

Los conductores de Galicia se dejan cada año unos 150 millones de euros en peajes de su principal vía de comunicación, que dejan unos beneficios a la concesionaria que en 2019 ascendieron a 42,3 millones. Solo el 1% de compensación por las obras en el puente de Rande y en la circunvalación de Santiago, que se eliminará en 2021, significaría para Audasa unos ingresos adicionales de 1.400 millones de euros para una inversión, intereses incluidos, de 230 millones, según un informe elaborado por la Xunta.

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