La Xunta cita a 900 opositores en un municipio con restricciones por covid

Casi un millar de opositores se reunirán el próximo fin de semana, los días 3 y 4 de octubre, en uno de los 13 ayuntamientos de Galicia más afectados por el coronavirus en Galicia. Esos días, un total de 905 empleados de la Administración como laborales fijos en proceso de funcionarización están citados en Silleda, una localidad en la que están prohibidas las reuniones de más de 10 personas y las bodas y funerales están limitados a 25. La Consellería de Facenda, que convoca el proceso selectivo, apela al protocolo elaborado para las pruebas y al visto bueno del departamento de Estilos de Vida Saludables, mientras en ámbitos sindicales acusan a la consellería de poner en riesgo la salud de los aspirantes.

No todos los sindicatos están en contra de la convocatoria. UGT y Comisiones Obreras apoyan a la consellería "en su posición de solicitar la máxima seguridad en la celebración de las pruebas". El CSIF, en cambio, acusa a Facenda de "utilizar al personal laboral como cobayas", y subraya que a los procesos de funcionarización concurrirán numerosos trabajadores que prestan sus servicios en centros de atención sociosanitaria. "El contagio de algunos de ellos durante la celebración de las pruebas podría tener consecuencias para los usuarios de esos centros", alerta. También atribuyen la celeridad de las pruebas a la urgencia de la Xunta en sacar adelante una funcionarización muy especial, en la que los opositores conocerán las preguntas y podrán consultar sus libros.

Silleda, en concreto su recinto ferial, es la sede habitual de las oposiciones en Galicia. En la primera ola de la covid-19 la situación fue de normalidad, pero en la actualidad es uno de los 13 ayuntamientos —de un total de 313— en los que la Xunta ha tenido que aplicar restricciones especiales debido a la evolución de los contagios. El municipio pontevedrés presentaba a principios de semana una ratio de 276 enfermos por 100.000 habitantes, similar a la media española, pero superando ampliamente la de Galicia, de 111. El incremento se produjo de forma abrupta en las últimas semanas, a raíz de un brote que la Xunta atribuye a un bar del ayuntamiento limítrofe de Lalín, otro de los afectados por las restricciones.

"Todos sabemos cómo son las oposiciones, con un montón de aspirantes en las aulas, concurrencia en los pasillos… Es una temeridad"

El pasado 21 de septiembre, la Consellería de Sanidade aprobaba una orden de medidas de prevención en Silleda que limitan la movilidad y el ocio. Así, se estableció una reducción de los aforos al 50% en el interior de bares y restaurantes, donde no se podrá consumir en la barra, mientras que en las terrazas se autoriza el 75%, el mismo que rige en establecimientos comerciales, bibliotecas, autoescuelas, centros de educación no reglada y academias. La asistencia a velatorios y bodas se limita a 25 personas en espacios al aire libre y a 10 en cerrados, sean o no convivientes, en tanto que en los banquetes nupciales el máximo es 100 en abierto y 50 bajo techo, siempre que cumplan otros requisitos. Los bares tienen prohibido la entrada a clientes a partir de las 12 de la noche.

"Todos sabemos cómo son las oposiciones, con un montón de aspirantes en las aulas, concurrencia en los pasillos… Es una temeridad hacer una convocatoria de este tipo precisamente ahora", sostiene Juan Carlos Rivas, portavoz del CSIF. El sindicato lamenta que no exista un protocolo específico para la realización de procesos selectivos en plena pandemia y que Función Pública se ampare "en un exiguo informe" de la Subdirección de Fomento de Estilos de Vida Saludable "que únicamente valida las medidas propuestas para evitar aglomeraciones fuera del recinto en donde se van a desarrollar los procesos". "De las medidas de protección y prevención una vez dentro de los pabellones nada está previsto", acusa Rivas.

UGT y CCOO, mientras, cuentan con la validación del Comité Clínico de la Xunta al protocolo de la convocatoria, que se realizará, destacan, en un pabellón del Recinto Ferial de Silleda con una superficie de 10.200 metros cuadrados y un aforo máximo de 6.900 personas. Los opositores se distribuirán en turnos de mañana y tarde, según su especialidad, y serán repartidos por distintas puertas para evitar aglomeraciones, tanto a la entrada como a la salida. No podrán estar acompañados salvo fuerza mayor y la salida será escalonada. Ambos sindicatos exigen no obstante que se contemplen los supuestos en los que los opositores tengan síntomas compatibles con el covid-19, estén ya diagnosticados o en cuarentena por contacto con un positivo.

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EP

Las pruebas convocadas para los días 3 y 4 de octubre son muy especiales, ya que se trata de un examen en el que los opositores contarán con todas las facilidades para convertirse en funcionarios. Así, de acuerdo con el plan pactado precisamente con UGT y Comisiones Obreras, los aspirantes conocerán las posibles preguntas, que serán de tipo test, podrán consultar sus libros y no penalizarán los errores. Los dos sindicatos que se sumaron al acuerdo admiten que es un proceso pensado para que apruebe "la gran mayoría".

CSIF, que se opuso a ese plan, atribuye la celeridad con la que la Xunta tramita la convocatoria en plena pandemia a la celebración el 1 de octubre de la vista del conflicto colectivo presentado por ese sindicato ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para que el personal laboral pueda ser beneficiario de la carrera profesional sin necesidad de funcionarizarse. En caso de ser favorable, como confían en CSIF, quedaría sin efecto "la coacción de la Xunta al personal laboral para obligarle a convertirse en funcionario". "Y de ser así, toda la planificación de Función Pública de convertir en funcionarios a los laborales y la consiguiente interinización forzosa del personal laboral temporal quedaría en agua de borrajas", sentencia Rivas.

El reconocimiento a los no funcionarios de la carrera profesional —un plus que puede suponer hasta el 10% del salario bruto de los trabajadores— es una urgencia para el Gobierno gallego, ya que la Comisión Europea ha abierto una investigación por la supuesta vulneración de una directiva comunitaria, que establece la igualdad de trato entre fijos y temporales. Los afectados son unos 15.000 en Galicia, por lo que se abre la puerta a un pago con efecto retroactivo que provocaría un importante roto en las cuentas de la Administración autonómica.