Un 'borroka', un "cohecho" y tránsfugas: ofensiva en Ourense para cambiar alcaldías

Los cambios de alcaldía tienen como protagonistas en este 2020 a un alcalde acusado de flirtear con el abertzalismo, a un puñado de tránsfugas y una acusación de cohecho

Foto: El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar. (EFE)
El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar. (EFE)

La política municipal de Ourense ha vuelto este verano adonde solía. El ruido de las mociones de censura salpica aquí y allá las pequeñas localidades de una provincia en la que solo un ayuntamiento, el de la capital, supera los 15.000 habitantes. Municipios como Viana do Bolo, Castrelo de Miño o San Xoán de Río cambian de color en medio de una estrategia que las direcciones gallegas de PSOE y BNG consideran destinada amarrar el gobierno de la Diputación provincial, tras el susto que supuso la pérdida por primera vez en tres décadas de la mayoría absoluta en 2019. En esta ocasión, entre acusaciones de cohecho y con protagonistas con pasado ideológico variopinto.

Los cambios de alcaldía tienen como protagonistas en este 2020 a un alcalde acusado de flirtear con el abertzalismo, a un puñado de tránsfugas y una acusación de cohecho. Son nuevas alcaldías para el PP pero por distintos métodos y velocidades. Dos de ellas mediante mociones de censura apoyadas en ediles tránsfugas. La tercera por el fichaje de un alcalde con pasado nacionalista. En uno de los casos, la alcaldía llegará para el PP tras un período de año y medio en el que será alcalde uno de los concejales que ha abandonado la disciplina del PSdeG. Para las municipales de 2023, los populares se garantizan contar también con ese bastón de mando.

Todas esas operaciones han sido muñidas por el presidente provincial del PP y de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, que asumió ambos cargos directamente de su padre, José Luis Baltar: el político que se autodefinía como "el cacique bueno", inhabilitado por contratar a dedo a 104 personas para la institución provincial. Su hijo está decidido a seguir los métodos de su progenitor, especialmente tras el sobresalto que supuso en mayo pasado la pérdida de la mayoría absoluta. El gobierno lo amarró finalmente mediante un pacto con la Democracia Ourensana del controvertido Gonzalo Pérez Jácome, su azote particular, al que entregó la alcaldía de la capital a cambio de su apoyo en la Diputación.

La más polémica de las operaciones para recuperar la alcaldía fue la recientemente consumada de Castrelo de Miño, donde el PP logró el apoyo de dos de los tres concejales del Partido Socialista. La tercera en el grupo, Catalina González, acusó a la formación política de Baltar de poner precio a su voluntad política. Asegura la edil que fue víctima de un intento de soborno, que ha provocado la presentación de una denuncia por el BNG, la formación que ha perdido la alcaldía, ante la fiscalía. "La única persona que quedó en el grupo socialista soy yo, ¿sabe por qué? Porque ni usted ni José Manuel Baltar consiguieron comprarme, y eso que lo intentaron por todos los medios... Me ofrecieron 42.000 euros, me habló de un puesto en la Diputación...", acusó en el pleno en el que se consumó la moción, cuyo vídeo ha sido incorporado a la denuncia. Según Catalina González, hay grabaciones que sustentan estas acusaciones.

La información trasladada al ministerio público incluye la trascripción de una entrevista radiofónica en la que la concejal del PSdeG afirma: "A mí personalmente por el grupo popular fue a la primera a la que se intentó mercadear, y se me ofreció de todo, se me ofreció un salario excesivo desde mi punto de vista, se me ofreció un puesto de trabajo en la Diputación e incluso, cuando no había más opciones, se me ofreció lo que necesitara apelando a que todo el mundo necesita cosas".

Si agosto se inició con la moción de Castrelo de Miño, el pasado martes se consumó la de Viana do Bolo, similar en muchos aspectos a la anterior. Allí también gobernaba el Bloque Nacionalista Galego, que dejó de hacerlo merced al pacto de los populares con dos de los tres concejales que habían logrado los socialistas. La diferencia radica en que en esta ocasión es el número tres de la lista del PSdeG quien fue investido alcalde, con el compromiso de dimitir en año y medio para que acceda el portavoz del PP.

En San Xoán de Río no ha habido moción de censura, sino el fichaje directo del alcalde, José Miguel Pérez Blecua de pasado nacionalista. Entre 2007 y 2011, Blecua representó al BNG en el Ayuntamiento, y más tarde lo hizo por como militante de Anova-Irmandade Nacionalista, el partido fundado por el histórico del nacionalismo gallego Xosé Manuel Beiras. En 2019 gano las elecciones al frente de una lista de independientes, RIO, en una localidad donde el exalcalde socialista trató de amarrar el gobierno en las filas del PP, pero no lo consiguió. Ganó Pérez, que acabó finalmente en las filas de Baltar.

Lo peculiar de Blecua es que siempre se ha manifestado en las antípodas del PP. No solo por participar en las listas del BNG o de la franquicia de Podemos, sino por actos como exhibirse en sus redes sociales con banderas en las que se pide la unificación de los presos de ETA y con la enseña de Galicia con la estrella, propia del nacionalismo de izquierdas. El ahora alcalde del Partido Popular ha admitido que todo aquello fue un error, pero reduce el asunto a una mera anécdota. "Fue una chiquillada que no debe sacarse de contexto", señala.

La política del PP de Ourense para recuperar alcaldías puede tener su último y más llamativo capítulo en la capital. Porque, una vez amarrado por Baltar en 2019 el gobierno de la Diputación provincial, Jácome, que fue su azote y después su aliado, le culpa ahora del motín que pone en peligro el gobierno de la ciudad de Ourense. El alcalde desliza que es el presidente provincial del PP quien está tras el motín que ha provocado un terremoto en el gobierno local de Ourense, con cinco de los siete concejales del grupo de Jácome enfrentados a su jefe de filas. Baltar rechaza la acusación, pero los concejales de Democracia Ourensana comienzan a contemplar la posibilidad de apoyar un gobierno local del PP. Ya no serían 60, sino 61 las alcaldías sumadas por el PP de un total de 92.

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