La juez avala el cierre de A Mariña pero rechaza "entrometerse" en su control

Tres días después de que entrara en vigor el confinamiento de 71.000 personas en A Mariña lucense, la Xunta se ha encontrado sin respaldo a la labor de control que realizan las fuerzas de seguridad.

Sin estado de alarma que sustente las restricciones a la movilidad, el Gobierno gallego solicitó al juzgado contencioso administrativo de Lugo la ratificación del decreto que aprobó el pasado domingo y que entró en vigor a las 0,00 horas del lunes. Ha tenido que esperar hasta este miércoles, pasado ya el ecuador de una medida que expira inicialmente la noche del viernes, para encontrar apoyo judicial, aunque solo parcial.

La magistrada avala las medidas adoptadas para evitar la propagación de la covid-19 en la comarca, pero deniega ordenar a los distintos cuerpos policiales “que presten auxilio preventivo y, en su caso, coercitivo” en esta tarea.

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La titular del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Lugo firmó este miércoles un auto en el que advierte que no le corresponde a ella “entrometerse en la labor de coordinación” de los efectivos que se encargan de acometer la orden de la Xunta, al considerarla “una labor administrativa y no judicial”.

“Por eso, en estricto respeto al principio de separación de poderes, procede denegarla”, establece la magistrada, que insta a las diferentes Administraciones a “colaborar o coordinarse para tal fin”. Según fuentes de la Xunta, esta decisión judicial se basa en que las distintas fuerzas policiales “ya tienen el deber de colaborar”. “El juzgado recuerda que la Administración del Estado tiene legalmente el deber colaborar y coordinarse con la gallega para la ejecución de las medidas”, interpreta el Gobierno gallego.

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En contraste con la decisión adoptada en Cataluña, donde en el cierre del Segrià contó con el visto bueno previo de un magistrado, que revisará el plan cada 15 días, la Xunta aprobó la orden sin contar con autorización judicial de ningún tipo, que no se recabó hasta las 14,00 horas de este lunes. A esa hora entraba en el juzgado la solicitud de la consellería de Sanidade de la Xunta, en la que solicitaba la ratificación judicial de las medidas de confinamiento y el control efectivo por las fuerzas de seguridad de las restricciones impuestas en la zona.

Esta forma de proceder provocó críticas de alcaldes de la comarca y de la oposición, que acusó al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de actuar sin consultar con las demás formaciones políticas. Varios partidos, entre ellos el PSdeG y el BNG, han solicitado que se suspendan en A Mariña las elecciones autonómicas del próximo domingo.

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En cuanto a la medida estrictamente sanitaria en el distrito de A Mariña — Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove—, la juez considera que “no suscita debate” que persiguen “un fin constitucionalmente legítimo”. “Su adopción se encuentra amparada por una norma con rango legal y existe proporcionalidad, de manera que es idónea y necesaria a los fines constitucionalmente legítimos que se pretenden, sin implicar un sacrificio desmedido”, destaca la magistrada, que recuerda que “va a ser objeto de evaluación continuada cada cinco días y puede ser dejada sin efecto si los datos arrojados con los medios que se disponen así lo aconsejan”.

La juez destaca que la actuación del Gobierno gallego está justificada por “el alto nivel de contagios existente”, así como por la “rápida propagación” del coronavirus, pues cuando la ratificación de la medida fue solicitada, el pasado lunes, constaban 99 personas infectadas en la zona, cifra que este miércoles ascendía a 144 casos activos.

Considera por lo tanto “prudente” avalar las medidas preventivas adoptadas, “sin hacer exclusión de algún municipio en el que el virus tuviera aún poca incidencia”. Así, indica que es lógico pensar que, al ser contiguos territorialmente, se pueda producir “un intenso tránsito o intercambio entre ellos”. La magistrada también apunta que, a la hora de ejecutarse las medidas sobre el territorio afectado, “podría dificultarse su efectividad e, incluso, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad de vigilar el trasvase circulatorio”.

El auto no hace referencia alguna al desarrollo de la jornada electoral del domingo, en la que la Xunta decidió restringir el derecho al voto de infectados pero no así a sus contactos estrechos, en torno a un millar. Tampoco existe instrucción alguna sobre la forma de proceder de los contactos si les corresponde ocupar un puesto en una mesa electoral. La mayoría de los alcaldes de la comarca —que viene manteniendo reuniones diarias con las autoridades sanitarias gallegas, que tachan de “tensas”— y diversos epidemiólogos han reclamado que se establezcan restricciones para los contactos de los positivos detectados mediante rastreos.

Las medidas actuales dispuestas para controlar la transmisión han fracasado o no han sido suficientes para impedir que la infección se difundiese

Los ocho alcaldes del PSOE y los dos del BNG de A Mariña acordaron este miércoles solicitar el aplazamiento de las elecciones hasta que se pueda garantizar el ejercicio del voto “en condiciones seguras y legales”. Todos ellos firmaron un documento para solicitar a Feijóo y a la Junta Electoral el “retraso” de los comicios porque “no hay motivación y confianza”. El regidor de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, consideró en declaraciones a Europa Press “una temeridad e ilegalidad consentir que mil persona que por prescripción médica están confinados puedan ir a una mesa electoral”.

En el auto de Lugo, la magistrada cita un informe del subdirector general de Información de la Xunta sobre Salud y epidemiología, fechado el pasado sábado, en el que relata las dificultades para realizar el rastreo de los contactos de los positivos, y en el que no se descarta “una posible transmisión comunitaria de baja intensidad ajena al brote, debido a los casos que aún no se pudieron relacionar con él”.

“Las medidas actuales dispuestas para controlar la transmisión han fracasado o no han sido suficientes para impedir que la infección se difundiese hasta acabar con un nivel difícil de manejar con medidas de base individual”, añade. El relato de los hechos revela también que la fiscalía rechazó la competencia de los juzgados de Lugo, al haber sido la resolución dictada por un órgano autonómico, una reclamación que descartó la juez.