La Xunta porfía en la batalla contra los alquileres turísticos por habitaciones

La Xunta está especialmente interesada en evitar el alquiler por habitaciones de los pisos turísticos. Ya intentó su prohibición mediante un decreto de enero de 2017, pero se lo impidió el Tribunal Supremo el pasado octubre. Lejos de dar su brazo a torcer, el Gobierno gallego ha emprendido una modificación de la Ley del Turismo que impone multas de hasta 9.000 euros a los propietarios que comercialicen sus viviendas por habitaciones a través de plataformas como Airbnb o Booking, aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo de la forma tradicional, bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos

Los cambios los ha introducido a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos de la Xunta, cuya tramitación parlamentaria utiliza habitualmente el Gobierno gallego para los más variopintos cambios legislativos. En este caso, se trata de introducir nuevos artículos a la mencionada Ley del Turismo, con el objetivo de blindar la prohibición que establecía el decreto tumbado por el Supremo. Así, establece que las viviendas de uso turístico solo se podrán alquilar por la totalidad del inmueble, lo que excluye contratos por habitaciones o la coincidencia dentro de la vivienda de usuarios con contratos distintos.

Las viviendas de uso turístico solo se podrán alquilar por la totalidad del inmueble, lo que excluye contratos por habitaciones

La posibilidad de alquilar por estancias queda supeditada a que no sean de uso turístico, por lo que las competencias de su regulación serán de ámbito estatal, aunque como tales no podrán publicitarse ni comercializarse a través de los canales habituales de oferta turística. La Xunta trata así de consolidar un modelo de turismo tradicional frente a la irrupción en los últimos años de los portales que conectan a anfitriones y huéspedes. El grupo parlamentario popular argumenta en la exposición de motivos de su enmienda que su objetivo es establecer un desarrollo turístico sostenible “en busca de la excelencia y la calidad” que evite el desorden.

El alquiler por habitaciones es para los populares característico de negocios ajenos a los viajeros, como por ejemplo las pensiones. “En tales casos, no se estará ante alojamientos turísticos ni ante la prestación de servicios turísticos amparados por la normativa sectorial en materia de turismo, y en garantía y protección de los derechos de los usuarios, estas cesiones no podrán promocionarse, comercializarse ni publicitarse en canales de oferta turística o por cualquier otro modo, de tal forma que cree confusión con este tipo de servicios”, señala la enmienda parlamentaria.

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También queda fuera del uso turístico el alquiler de estancias turísticas aunque el dueño viva en la casa, una modalidad que inicialmente prohibía el decreto anulado por el TS. El 'home sharing', u hogar compartido, fue objeto de una protesta por parte de Airbnb, que reclamó explicaciones a la Xunta de su prohibición. Los servicios jurídicos de la Xunta recomendaron eliminar este tipo de opción de una regulación que estaba destinada exclusivamente al uso turístico, al entender que se rige por el derecho privado o por la normativa específica que le corresponda. Con la nueva ley, quedará prohibida su comercialización a través de webs turísticas.

El pasado octubre, el Tribunal Supremo tumbaba una de las principales novedades incluidas en el decreto que regula en Galicia los apartamentos y viviendas de uso turístico de la Xunta. Lo hacía a instancias del Gobierno de España y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avalara el decreto en su totalidad, tras el recurso presentado por Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia). Gobierno y Competencia recurrieron al TS para suprimir distintos artículos de la nueva normativa por entender que vulneran la Constitución y van en contra de la unidad de mercado, pero el alto tribunal solo admitió los recursos contra el alquiler por habitaciones.

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El Ejecutivo central entendía que la regulación de la Xunta “restringe indebidamente la libertad de empresa” y está “plagada de restricciones perfectamente prescindibles y claramente desproporcionadas”. Su recurso trataba de suprimir otras disposiciones como la limitación del periodo de alojamiento a tres meses, el régimen de acceso a la actividad para quien desee alquilar su vivienda para uso turístico, el régimen de clasificación y requisitos de calidad y servicios mínimos exigidos a las citadas viviendas, la exigencia de un distintivo, la habilitación a los ayuntamientos para prohibir o limitar el número de estas viviendas y la obligación de acreditar la legalidad urbanística de estos pisos. El TS solo accedió a anular la prohibición del alquiler por habitaciones.

La lucha de la Xunta contra este tipo de arrendamientos cuenta con el apoyo de los hosteleros, que han encontrado en las plataformas de alquiler un poderoso enemigo. La última en pronunciarse fue la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, que considera de vital importancia que la Administración autonómica blinde por ley el veto al alquiler de habitaciones. “Lo que antes estaba solo recogido en un decreto, ahora también lo estará de forma explícita y concreta en una ley”, lo que fomentará “un turismo ordenado”, sostiene la asociación.

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Se evita así “una competencia desleal con el resto de las tipologías de alojamiento turístico, que asumen una normativa mucho más estricta, tanto a nivel de cumplimiento como de impuestos”. Todo ello, añaden los hosteleros, “repercutiría negativamente en la rentabilidad y calidad del conjunto de la oferta turística gallega que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir”. El presidente del clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, también apoya la reforma de la ley emprendida por la Xunta.

La Asociación de Viviendas Turísticas, mientras, critica la prohibición que vuelve a emprender la Xunta, que en opinión de su presidenta, Dulcinea Aguín, generará “una bolsa ilegal de habitaciones en el mercado negro”. Aguín censura además que la normativa no regule las diferentes figuras de alojamiento existentes, como la reserva por estancias a estudiantes o por motivo de negocios a través de Booking o Airbnb.

En Galicia, están registradas casi 10.000 viviendas de alquiler turístico que suman 47.700 plazas, frente a las 55.600 de los hoteles. La provincia de Pontevedra concentra el mayor número de viviendas destinadas a arrendamiento para turista, con 4.265, seguida por A Coruña, con 3.566. Lejos de ambas se encuentran las plazas ofertadas en Lugo (1.232) y Ourense (334). Solo Sanxenxo (Pontevedra), auténtico núcleo del turismo de las Rías Baixas, con 1.666, suma más plazas que Lugo y Ourense juntas.